ESCUCHARLa posibilidad de desbloquear el pago a los bonistas que entraron a los canjes quedó condicionada, sin embargo, a la derogación de las leyes “cerrojo” y de Pago Soberano y a que se abone a los fondos buitre antes del 14 de abril.
El juez Thomas Griesa hizo lugar ayer a un pedido del Gobierno y levantó las restricciones impuestas al país, pero condicionó esa decisión a que se deroguen las dos leyes que impiden el acuerdo con fondos buitre y que, además, se les pague a quienes hasta el 29 de febrero aceptaron la oferta inicial argentina.
En rigor, el pronunciamiento del magistrado neoyorkino constituye un paso formal hacia el acuerdo definitivo con los fondos buitre y por ello aún no se podrán destrabar los pagos a bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.
Ahora, toda la mirada está puesta en el Congreso, donde se deberán derogar las leyes “cerrojo” y de Pago Soberano, para lo cual el Gobierno confía en obtener los votos necesarios para cumplir con el requisito impuesto por Griesa.
Ante la Asamblea Legislativa en la apertura de las sesiones ordinarias, el presidente Mauricio Macri pidió “responsabilidad” a la oposición para acompañar el proyecto oficial, y el ministro Alfonso Prat Gay advirtió de la necesidad de la aprobación de la iniciativa para habilitar financiamiento externo.
Dos días después del acuerdo con los fondos buitre más duros, encabezados por Paul Singer, Griesa consideró: “Las circunstancias han cambiado tan significativamente como para volver las órdenes injustas y en detrimento del interés público”.
El magistrado puso como condiciones que el Congreso derogue las mencionadas y que pague antes del 14 de abril -fecha límite por él establecida- a los holdouts que aceptaron la oferta antes del 29 de febrero pasado.
En su resolución, Griesa destacó también “tres acontecimientos recientes que refuerzan la previa constatación de que los mandatos ya no son equitativos”.
“En primer lugar, la República ha firmado acuerdos de principio con demandantes que representan la gran mayoría de las reclamos de estas acciones. El total acordado asciende ahora a por lo menos 6.200 millones, potencialmente la resolución de más del 85% de los créditos de los demandantes”, precisó el magistrado.
Agregó que “la República ha abandonado todos los antiguos retos a los mandatos de forma voluntaria, mostrando de esta manera una actitud completamente cambiada”.
Y argumentó: “Existe una urgente necesidad de darle punto final. Si algunos demandantes eligen apelar esta orden, es su derecho, pero las apelaciones deben suceder rápidamente”.
Dijo que ahora “el Congreso argentino tiene que saber dónde se encuentra y todas las partes deben actuar diligentemente para consumar estos acuerdos”.
Evaluó el magistrado: “Incluso si algunos demandantes deciden apelar, pueden seguir negociando. La única diferencia es que el tribunal ha sostenido ahora que la medida cautelar una vez considerada equitativa ya no lo es. La medida cautelar no se puede permitir para ser utilizada como una herramienta de peso en las negociaciones”.
Griesa adoptó la decisión un día después de la audiencia que mantuvo con representantes de Argentina, de los fondos buitre y de los bonistas más pequeños. Allí, el juez escuchó los alegatos de unos 14 abogados durante dos horas, pero al final postergó la resolución que recién tomó este miércoles.
