Grabado: la suspensión habilita posible juicio y pone en riesgo 150 empleos

“Es para evitar una escalada de una campaña sucia de diferentes sectores”, justificó el ministro Lawson quien, no obstante, defendió la medida. La suspensión mantiene la adjudicación aunque abre un impasse “hasta que el próximo gobierno resuelva”. El empresario Sorensen, de Grababus, dijo que hasta anoche no había sido notificado. “Hay 150 familias con futuro incierto”, señaló y no descartó acciones judiciales. Críticas de opositores. [privado] La inesperada decisión del Gobierno provincial de suspender la aplicación práctica de la ley 10110 y su decreto reglamentario, que implementaba un esquema de grabado de patentes para autos y motos, abrió las puertas para un juicio millonario por parte de la empresa Grababus, adjudicataria del servicio por los próximos cinco años, y puso en serio riesgo la continuidad de 150 empleos bajo la órbita de esa compañía. La determinación oficial, que se tradujo en un decreto firmado a media mañana por el gobernador José Manuel de la Sota, produjo un giro impensado a un proceso que se inició en 2012 con la sanción de la ley que instrumentaba el grabado múltiple de partes, y que desde ese mismo momento generó críticas de la oposición, que denunció que se trataba de un negociado. La norma que, junto con el proyecto para obligar a los motociclistas a llevar un sticker en el casco, había sido impulsada por el entonces ministro de Seguridad, Alejo Paredes, debía en principio ponerse en marcha el 1 de enero de 2013. No obstante, recién en abril de ese año se publicó el decreto reglamentario. En tanto, más de un año después, el 30 de julio de 2014, se concretó la apertura de sobres del llamado a licitación pública para adjudicar un negocio a cinco años de plazo con posibilidad de una prórroga por igual período. En la licitación compitieron GISP SA y Grababus SRL. Finalmente, el 2 de marzo pasado se conoció el decreto 43 del 23 de enero de 2015, por el que se adjudicó el servicio a Grababus que, además de acreditar la experiencia correspondiente -según indica el decreto- cumplía los requisitos exigidos y ofrecía retener 8 por ciento de la facturación bruta como utilidad por su tarea. De esta forma, mas de dos años después de aprobada la ley, la Provincia se encontraba en condiciones de iniciar de manera efectiva el proceso. Pero el debut del sistema pareció estar signado desde el primer día por algún percance. Precisamente, el lunes 16 de ese mes, cuando se había anunciado su puesta en marcha, fue suspendido a horas del inicio, argumentando la Provincia que subsistían dudas respecto a la implementación de la patente del Mercosur desde 2016. En tanto, el martes pasado y sin mayor preámbulo, el Gobierno informó que desde el miércoles comenzaba a implementarse el sistema. Desconcertados Sin mayor información que la difundida por los medios, el predio de Grababus en barrio Los Boulevares abrió a primera hora con la expectativa de toda apertura. En ese momento, los empleados de la empresa difícilmente hubieran imaginado que tres horas después, apenas pasadas las 10, el gobernador De la Sota resolvería desactivar el negocio. Ávidos de conocer algunos detalles “no muy claros” respecto a los alcances del grabado, radios y televisión buscaron opiniones sobre la situación. Los entrevistados, lejos de aclarar, sembraron más dudas. Por ejemplo, la policía indicó que el grabado era para todos los autos -en rigor, sólo obligaba a las nuevas inscripciones y a las transferencias- y que incluso en un etapa posterior habría multas de la Caminera a quienes no tuvieran la patente grabada. Como fuere, el sistema comenzó a funcionar, enmarcado en las críticas de la oposición que insistía en que se trataba de un negociado y en la queja de los automovilistas que descreían del supuesto impacto de la medida -evitar el robo de autopartes- y, en todo caso, interpretaban que se trataba de un tributo más. En ese clima y cuando los medios pugnaban por una palabra oficial que aclarara las dudas en el debut del sistema, el Gobierno resolvió desactivarlo. “Campaña sucia” “El gobernador ha dictado un decreto dejando sin efecto la aplicación de la ley porque -siendo que fue aprobada por la Legislatura, que es un adelanto y sirve para combatir el delito- en tiempos electorales puede formar parte de una campaña sucia”, aseguró el ministro de Comunicación, Jorge Lawson. “Se le deja al próximo gobernador la decisión de hacer la implementación definitiva”, completó, y evitó valorar respecto a la cuanto menos “desprolija” implementación y decisión. Según pudo conocer anoche este medio, la decisión fue suspender la aplicación práctica de la norma que dio origen al grabado aunque no desactivar la adjudicación y el contrato vigente. “Todavía no fue notificado”, señaló anoche a Comercio y Justicia Jorge Sorensen, titular de Grababus. El empresario eludió calificar la decisión aunque señaló que el argumento público del Gobierno para desactivar el proceso es “cuanto menos endeble”. Asimismo, Sorensen admitió que evalúa eventuales acciones judiciales. “Estamos analizando la situación legal pero no queremos adelantarnos hasta no conocer el decreto”, dijo, y admitió que, tras conocer la decisión, recibió el llamado de diferentes estudios de abogados cordobeses ofreciendo sus servicios. El titular de Grababus recordó que ya habían contratado a 150 empleados, entre ellos 55 en Córdoba capital, además de haber invertido en equipamiento que luego debía replicarse en otros 47 puntos de la provincia. “Vamos a ver qué nos dicen y después tomaremos una decisión”, reveló respecto al personal. “Somos una empresa con 45 años en el rubro y estamos en diferentes puntos del país con el mismo sistema. Acá hubo gente que buscó confundir con información falsa y hablar de negociados. Hubo una licitación pública y fuimos adjudicados”, recordó. Por su parte, la oposición, previo a conocerse la decisión oficial, criticó duramente el negocio. “Es un negocio fabuloso para unos pocos, que no va a resolver el problema del robo de autopartes”, manifestó la legisladora provincial del Frente Cívico, Liliana Montero. En tanto, el radical Rodrigo de Loredo calificó como un “choreo” la medida. “Estafa a toda la ciudadanía con estas empresas fantasmas”, señaló. Con una estimación de casi 400 mil inscripciones y transferencias anuales entre autos y motos, a un monto de 490 y 250 pesos, respectivamente, por grabado, la empresa hubiera facturado unos 150 millones de pesos anuales. De ese monto, 8 por ciento, esto es unos 12 millones de pesos, hubiese quedado para Grababus. En cuanto al pago del grabado, los automovilistas podrían haberlo deducido del pago del impuesto Automotor de la anualidad siguiente, aunque este punto aún no estaba reglamentado. [/privado]

Grabado: la suspensión habilita posible juicio y pone en riesgo 150 empleos

El comercio cordobés no comparte el optimismo de CAME respecto de las ventas

Fallan contra Argentina en el juicio contra Suez

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Opinión

Ideología de género: una “desistidora” en Córdoba y un debate pendiente sobre salud mental

Premios literarios jurídicos

La Copa América 2024, la propiedad intelectual y su inevitable coexistencia

Leé también

Sturzenegger asumió como ministro, sus primeras medidas y la “ley hojarascas”

Transporte interurbano: AOITA extendió el paro por 72 horas

La recaudación de Córdoba sigue en rojo y complica a Llaryora

La UEPC rechazará hoy la oferta salarial y el futuro es incierto

Más populares

La recaudación de Córdoba sigue en rojo y complica a Llaryora

Fuerte condena a empresa de casas prefabricadas

Recomiendan evitar el uso de “ut supra, motu proprio o prima facie”

Las mujeres como trofeos de guerra

Newsletter

Gestión

Canales

Publicaciones

¡Bienvenid@ de nuevo!

Recuperar contraseña

Tabla de contenidos

Are you sure want to unlock this post?

Are you sure want to cancel subscription?