Gobierno y Marsans discrepan en mil millones de dólares

El Gobierno y el Grupo Marsans decidieron extender las negociaciones para la venta de Aerolíneas Argentinas hasta el 12 de noviembre, con el fin de alcanzar un consenso en torno al precio, ya que entre lo que ofrece el Estado y lo que quiere la compañía hay una diferencia de 1.000 millones de dólares, se informó oficialmente.
“Existe voluntad de las partes de seguir discutiendo conforme a lo que marca la ley, pero debe quedar en claro que nosotros no estamos de acuerdo con la tasación que realizó el Credit Suisse”, afirmó el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Las negociaciones se iniciaron ayer a la mañana con una asamblea de accionistas, en la cual el Grupo Marsans hizo valer su mayoría accionaria, y con el 95% del paquete aprobó el cuestionado balance de 2007, con la oposición de los representantes del Estado.
Jaime ya había advertido el lunes que el Estado no daría su aprobación a los balances, si éstos “no están debidamente auditados”.

Luego de la Asamblea, y para continuar las negociaciones, los representantes de Marsans decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el 12 de noviembre para tratar la vigencia del Acta Acuerdo para la venta de Aerolíneas, que vencía ayer, y que había firmado oportunamente con el Gobierno.
Por eso, durante la tarde, los socios de Marsans se reunieron con representantes del Estado en el Ministerio de Planificación para acordar extender las discusiones.

Diferencias

Las diferencias entre el grupo Marsans y el Estado son muy amplias, ya que la valuación que se realizó a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, dice que la empresa tiene un valor negativo de U$S600 millones, según dejaron trascender fuentes del Gobierno.
En cambio, los españoles consideran que el paquete de acciones cuesta entre U$S250 y U$S400 millones, según un trabajo que realizó el Banco Credit Suisse, indicaron fuentes de la compañía.
Según el acta acuerdo firmada entre el Gobierno y Marsans, en caso de que no haya coincidencia en los montos, un tercero elegido por ambos debe realizar una nueva valuación. Sin embargo, el Congreso aprobó una ley por la cual la valuación final deberá ser aceptada o rechazada por ese cuerpo.
Otro punto que traba la decisión final, es que la consultora Price Waterhouse se negó a revelar el contenido de los balances y papeles de trabajo de la empresa a la Auditoría General de la Nación, tal como lo requiere la ley 26412.

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