Gobierno recicla proyecto de reforestación, junto a nueva ley de bosques

El Ejecutivo provincial anunció la elevación de un “Proyecto de Ley Agroforestal” que incluye los sectores agroindustriales y ambientales y tiene como objetivo la forestación obligatoria de al menos uno por ciento -máximo 5 por ciento- de la superficie de los campos sembrados.
La iniciativa anunciada ayer por los ministros de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y de Industria, Roberto Avalle, se conoció en momentos en que recrucede el debate sobre la futura ley de bosques, que el oficialismo intentará aprobar en la sesión del miércoles próximo, la última del período ordinario de sesiones.
En ese marco, ayer se conoció que la Justicia desactivó la audiencia pública prevista para hoy en Villa de María del Río Seco. (ver pág. 13)
Si bien los funcionarios aseguraron que la decisión de presentar el proyecto de reforestación informado ayer, que se votará el miércoles próximo, ninguna relación tiene con la normativa relativa a la protección de bosques, lo cierto es que resulta ingenuo allanarse a esa explicación. Sólo un elemento objetivo abona esa interpretación: el proyecto presentado ayer es un reciclaje de un anuncio original del gobernador Juan Schiaretti durante su primer mandato.
Concretamente, un texto similar había presentado el actual mandatario en 2011. La inicitiva quedó trunca y nunca se aprobó.
Tiempo después, el entonces gobernador José Manuel de la Sota hizo lo propio, en 2013. Tampoco hubo eco para avanzar en la aplicación del texto, pese a que ambos mandatarios se refieron sobradamente al tema, incluso en la apertura del período ordinario de sesiones, como parte de sus ejes de gestión. En ese marco, llama la atención la repentina decisión de enviar una vez más el proyecto a la Unicameral y aprobarlo el mismo día en que se pretende debatir la nueva ley de bosques.
Respecto al renovado intento por la reforestación, lo integra la idea de reimplantar diferentes especies de forma obligatoria, incluso foráneas con fines industriales. Concretamente, el productor agropecuario tendrá la obligación de presentar un plan forestal y cumplirlo gradualmente al cabo de 5 años. El no cumplimiento contempla sanciones que se aplicarán sobre el impuesto Inmobiliario Rural, con multas que pueden alcanzar hasta 100% del valor de éste.
El ministro Busso se refirió al tema como una iniciativa que se viene tratando desde hace mucho tiempo y que “tiene una mirada ambiental, productiva y paisajística, además del pensar en cuidado de los recursos naturales”.