Gobierno buscará apoyo en la ONU para llevar a Estados Unidos a La Haya

Quieren denunciarlo por “mala praxis” de parte de su Justicia. La acción iría directamente contra todo el Estado norteamericano.

El Gobierno alista la contraofensiva judicial para elevar la batalla con los fondos buitre a la Corte Internacional de La Haya, estrategia con la que intentará poner fin a una demanda que considera injusta, aunque lo expondrá a un enfrentamiento directo con EEUU.

El mayor reparo en la táctica pasa porque la vía judicial extenderá la vigencia de las declaraciones de «default selectivo» realizadas recientemente por la agencia Standard & Poor’s y la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), que gatilló el pago de seguros por US$1.000 millones.

Si bien el Gobierno se mantiene inflexible en afirmar que Argentina no ha caído en default sino en una situación financiera sin precedentes en la que un país soberano quiere y puede pagar su pasivo reestructurado pero un juez no lo permite por un litigio sobre el tramo de deuda impaga, hay temor de un desplome en los valores de los bonos hacia fin de año.

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La administración de Cristina Fernández acusa a la Justicia estadounidense de mala praxis y -antes de ir a La Haya- pasará por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para obtener apoyo y forzar a la potencia mundial a que acepte dirimir el llamado «juicio del siglo» en ese tribunal.

Estado contra Estado
La demanda dejaría en un segundo plano a los fondos especulativos liderados por el NML Capital y el Aurelius Capital Management -que reclaman el pago de 1.600 millones de dólares por bonos defaulteados en 2001- porque iría ya contra la gestión de Barack Obama, la Justicia estadounidense y el Parlamento de ese país.

La estrategia argentina se inscribe en el Derecho Internacional, el cual indica que las decisiones de un sistema judicial que generan consecuencias sobre otra nación deben ser denunciadas legalmente en el marco de un litigio de Estado a Estado.

El propio ministro de Economía, Axel Kicillof, dejó entrever la maniobra cuando el 26 de junio advirtió a los Estados Unidos de las consecuencias de sus actos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, en este caso a manos de Thomas Griesa.

La acción judicial que preparan expertos en Derecho Internacional -con el monitoreo del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini- para la contraofensiva, buscará entonces hacer valer los derechos del país como miembro de la comunidad global integrante de la ONU, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros organismos multilaterales.

Entienden en la Rosada que la prórroga de jurisdicción con que se emitieron los títulos que los holdouts compraron por monedas en 2008, mucho después del default, no implica la aceptación de actos jurisdiccionales de «cumplimiento imposible», ya que el fallo de Griesa vulnera el principio de inmunidad soberana e interpreta en forma «absurda» el pari passu.

El difícil camino
Para ir a La Haya, los Estados deben ponerse de acuerdo, y en la Casa Rosada especulan con presionar -vía ONU- a Obama, quien enfrenta desde el inicio de su gestión un durísimo conflicto político y cultural con la mayoría conservadora de la Corte Suprema estadounidense, que respaldó a Griesa.

El máximo tribunal estadounidense tuvo la posibilidad de revisar el fallo de Griesa, que cosechó críticas internacionales por poner en riesgo los procesos de reestructuración de deuda a escala mundial e incluso de bajar a Nueva York como la plaza financiera más confiable, pero no tomó el caso.

El Gobierno argentino se prepara con los ojos puestos en la inauguración del 69º período de sesiones de la ONU que se llevará a cabo en Washington el martes 16 de septiembre a las 15, con la presencia de Cristina Fernández y Barack Obama.

Ese día la Presidenta recordará al mundo que, tras el colapso económico de 2001, con el default más grande en la historia por unos US$100.000 millones, los tres gobiernos kirchneristas que prosiguieron pagaron religiosamente la deuda reestructurada en 2005 y 2010, con quitas de hasta 70%.

Y allí se instará a Estados Unidos a dirimir la causa en La Haya, aunque se estima un rechazo de la gestión Obama con un precedente claro: el 3 de julio último la OEA pidió «un acuerdo justo, equitativo y legal» en esta disputa, pero la delegada de Obama no se adhirió porque, dijo, el tema estaba en manos de la Justicia de su país.

Abandonar el BONY

– Otra presentación judicial que evalúa el Gobierno es la impugnación del contrato con el Bank of New York (BONY) como plaza legal de pago de los bonos de la deuda argentina.

– Esta iniciativa podría explotar lo que aparece como el aspecto más sensible para los intereses del sistema financiero estadounidense: el riesgo de pérdida de credibilidad y confianza en los bancos de EEUU por parte de las naciones que necesiten reestructurar sus deudas.

– El planteo es retirarse de Nueva York para elegir otras plazas tradicionales, como Londres, Luxemburgo o Tokio.

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