Giacomino no descarta reflotar la consulta por el tope en gasto salarial

El intendente Daniel Giacomino no descarta rehabilitar la fallida consulta popular para indagar la opinión de los cordobeses respecto a si acuerdan o no en destinar al pago de salarios municipales “hasta un máximo del 50 por ciento de los impuestos propios y coparticipables”.

Paralelamente, avanza la intención de remitir al Concejo Deliberante un proyecto para dotar con fuerza de ordenanza el acta acuerdo suscripta entre el Ejecutivo municipal y el Suoem y rubricada en la Secretaría de Trabajo, por la que, entre otros puntos, se estipula que el gasto salarial no deberá superar al cierre del ejercicio 2009, 60 por ciento de los ingresos totales del municipio, exceptuando los correspondientes a créditos.

Los proyectos fueron analizados durante el fin de semana último por el intendente y sus principales colaboradores, en el marco de la estrategia oficial para enfrentar el creciente reclamo de incremento salarial que exige del gremio.

En ese ámbito, el Suoem ratificó para hoy el paro por 16 horas a partir de las 10. En tanto, mañana se retomarán las audiencias enla Secretaría de Trabajo para tratar de acercar posiciones luego que el municipio informara las cifras oficiales respecto a gastos e ingresos.

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En cuanto a la consulta, las fuentes oficiales aseguraron a Comercio y Justicia que fue barajada como alternativa aunque por ahora no sería la prioridad, dada la urgencia por la solución del conflicto. “No se descarta. Dependerá de cómo evolucione la situación”, dijo una fuente.

En rigor, el propio Giacomino expresó, al momento de frenarse la anterior consulta, que la idea seguía vigente.

La intención original era concretar la iniciativa el 28 de junio, en coincidencia con los comicios para legisladores nacionales. No obstante, días antes de la fecha, la Junta Electoral Nacional rechazó el llamado por el escaso tiempo disponible para llevar a cabo la iniciativa aunque no se expidió sobre la consulta en sí.

De concretarse, ésta requeriría de una convocatoria previa con un plazo de antelación determinado. Al mismo tiempo exigiría una fuerte erogación, aspecto que sería uno de los principales argumentos en contra que encuentra incluso en el seno del oficialismo.

En cualquier caso, será no vinculante por lo que su resultado no necesariamente implicará su cumplimiento posterior.

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