ESCUCHARLa nueva normativa está vigente a partir de hoy, según una resolución emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras. Busca favorecer las tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
A partir de hoy, las personas físicas y jurídicas deberán presentar una declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos de cada una de las operaciones que involucren montos mayores a los 50 mil pesos.
Así lo estableció una resolución de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación.
Según esa medida, la declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral, y modifica una resolución del año pasado, en el marco de las tareas de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
En el caso de que los clientes sean Entidades Financieras (sujetas al control del Banco Central), comerciantes habituales de bienes nuevos, empresas dedicadas al otorgamiento de leasing, sociedades de ahorro previo, y considerando que éstos realizan múltiples operaciones, la normativa prevé que se puede optar por conformar un legajo personal único por cada cliente, con los requisitos exigidos.
La norma busca controlar la compra de automóviles de particulares y de empresas -en forma directa o mediante créditos prendarios- con dinero proveniente de actividades ilícitas.
Según destacó la Unidad de Investigaciones Financieras, la implementación de la nueva resolución se originó en diversas “complicaciones” que surgieron en la práctica, motivadas fundamentalmente por la gran cantidad de Registros Seccionales existentes en el país y de la dispersión geográfica en la que éstos se encuentran.
