EPEC, Ecogas y Aguas deberán financiar en 30 cuotas saldo impago en cuarentena

Será para aquellos clientes cuyas condiciones socioeconómicas ameriten eludir el corte de la prestación por falta de pago. Incluye no sólo particulares sino pymes. Ahora, ampliaron el criterio para sumar a más clientes. Serán cuotas iguales y consecutivas cuyo interés lo definirá el Gobierno nacional. Plazo de gracia hasta octubre. El quiebre de la cadena de pagos, amenaza las prestaciones

Por Alfredo Flury

$129,5 millones fue la ganancia de EPEC en 2019 frente al quebranto de $1.860 millones del año anterior. El esfuerzo por equilibrar las cuentas sufriría ahora un duro golpe, como el resto de las empresas

La Empresa Provincial de Energía (EPEC), las cooperativas eléctricas, Distribuidora Gas del Centro (Ecogas) y Aguas Cordobesas, deberán activar planes de pago de 30 cuotas “mensuales iguales y consecutivas, comenzando la primera de ellas con la primera factura regular a ser emitida por las distribuidoras a partir del 30 de septiembre de 2020”, para refinanciar las deudas generadas por los usuarios que por sus condiciones socioeconómicas o ingresos afectados por la crisis, ingresen en el beneficio.

Se trata de aquellos incluidos en el Decreto 311 del 24 de marzo pasado que estableció la abstención de corte de servicios en caso de mora o falta de pago para determinados usuarios.

Las facturas a refinanciar son aquellas generadas desde el primero de marzo pasado en adelante. Las deudas incluyen tres facturas consecutivas o alternas desde esa fecha. Si el pasivo es más abultado, procederá el corte de servicio más allá de la condición del usuario.

La medida se conoció este fin de semana a partir de la Resolución 173 del Ministerio de Desarrollo Productivo que reglamentó el Decreto 311 sobre el corte de servicios. Las empresas tendrán 30 días para informar los detalles de los planes.

La decisión, en rigor, también alcanza a los servicios telefonía fija o móvil, Internet, y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, aunque en este caso, “los planes de facilidades de pago deberán prever ser abonadas en al menos tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, no pudiéndose aplicar intereses moratorios, compensatorios ni punitorios, ni ninguna otra penalidad”.

Respecto a los planes de pago para los servicios eléctricos, de agua y gas, la financiación “devengará intereses en función de las tasas que defina la Unidad de Coordinación”.

Se trata de un cuerpo colegiado creado a través de la norma en cuestión y que estará conformada por representantes del Gobierno nacional, del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), del Enargas, de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), de Aysa y del Enacom.

La Unidad de Coordinación deberá producir, en un plazo máximo de 15 días corridos, un informe respecto de la “cantidad de usuarios alcanzados por el beneficio y el segmento de usuarios no alcanzados que se considere conveniente incluir”.

Para producir ese informe, el cuerpo colegiado conformará un comité técnico que deberá cruzar información con datos de AFIP, Anses, Inaes y del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys). También podrá requerir información a los municipios o “todo aquel organismo que pueda aportar información para delimitar el universo de usuarios y usuarias alcanzados/as por la presente medida”.

La idea es que los beneficiarios sean realmente los definidos por el Decreto 311 o eventualmente otros.

En ese marco, las empresas en cuestión deberán remitir a la Unidad de Coordinación el listado de la totalidad de usuarios susceptibles de cortes cuya causa se motive en la falta de pago. Sobre la base del informe producido por el Gobierno, la Unidad de Coordinación notificará a las empresas prestadoras un informe depurado de las personas humanas y jurídicas, en virtud del cual, deberán suspender preventivamente todos los avisos de corte a los particulares y a las personas jurídicas contempladas.

Tal como lo indicó el Decreto original, “será considerado un servicio reducido de las empresas prestadoras de los servicios de telefonía fija, móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital”, una serie de prestaciones mínimas que ahora refleja la Reglamentación.

En cuanto a los usuarios alcanzados por los beneficios, el artículo 4 de la normativa señala que, “existiendo una duda razonable que indique que el usuario o usuaria podría no encontrarse alcanzado por alguno de los supuestos indicados (beneficio), la empresa prestadora, con carácter previo a la emisión del aviso de corte del servicio, deberá intimar fehacientemente al usuario o usuaria a que en el plazo de cinco días acredite que se encuentra alcanzado por la medida. El usuario deberá acreditar dicha condición de manera remota ante el ente regulador que corresponda. Estos deberán informar en un plazo de cinco días si corresponde o no el beneficio.

Más beneficiarios

Pero la Resolución conocida este fin de semana suma nuevas excepciones respecto a la posibilidad de evitar el corte de servicios.

Así, el artículo 5 señala que los usuarios particulares que no se encuentren entre los exceptuados originales del Decreto 311, “podrán solicitar la inclusión como usuario alcanzado por la medida, acreditando una merma de 50 por ciento o más en su capacidad de pago. Dicha acreditación deberá efectuarse de manera remota” a los entes de control.

Paralelamente, los usuarios monotributistas que revistan en las categorías C y D, y acrediten igual merma podrán también solicitar la eximición de corte.

Al mismo tiempo, las asociaciones civiles constituidas como clubes de barrio, centro de jubilados, sociedades de fomento y centros culturales, podrán solicitar ser incluidos también.

Cobrabilidad cayó a 59%

Mientras se suman excepciones a la exigencia de pago para no cortar el servicio, crece la morosidad de los usuarios y también de las empresas prestadoras por la adquisición del insumo básico a distribuir.

Un caso emblemático es el de la energía eléctrica. Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, el porcentaje de cobrabilidad al 8 de abril pasado era de 59,6 por ciento cuando, previo a la crisis por la cuarentena, superaba 90 por ciento.

Se trata del pago que por la compra de energía realizan las empresas distribuidoras, por ejemplo EPEC. En rigor, la compañía provincial estaba hasta marzo inclusive prácticamente al día. Sin embargo, ya en abril muestra una posición deudora al igual que todas las distribuidoras del país. Con todo, algunas empresas ya venían con dificultades y ahora aparecen muy comprometidas como la EPE de Santa Fe que adeuda casi 10 mil millones de pesos a Cammesa.

En el caso de Córdoba, trascendió que la caída en la demanda de energía se ubicó en torno al 30 por ciento por la menor actividad. Pero la baja en la cobrabilidad fue aún mayor. Por lo pronto, EPEC tiene 824 mil clientes residenciales de los cuales 146 mil tienen tarifa social, por lo que esa es la base de usuarios exentos de corte.

Días atrás, la Compañía Administradora había solicitado a través de los entes reguladores eléctricos que requirieran información a las distribuidoras sobre la situación real de cada una a tenor de la caída en el nivel de cobranza.

“Es nuestro deber y compromiso evitar que se produzca una situación que afecte la cadena de pagos, ya que finalmente produciría una situación de dificultad en la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en condiciones de seguridad y calidad”, alertó Cammesa al tiempo que pidió a las prestatarias el “máximo esfuerzo y responsabilidad en su gestión, para evitar el corte de la cadena de pagos que traería aparejado un riesgo operativo cierto, con relación a este suministro esencial que debemos administrar, ya que se haría insostenible el funcionamiento del MEM, por verse afectado el cubrimiento de los costos mínimos de operación y mantenimiento de los generadores y transportistas, cuyas liquidaciones nos veríamos imposibilitados de afrontar, junto a la facturación de los combustibles nacionales e importados”.

En paralelo, pidió “asumir con responsabilidad la salida de esta crisis, de la misma forma que se solicita a los usuarios que pueden hacerlo que cumplan con sus obligaciones, ya que las excepciones que estableció el Gobierno Nacional, están dirigidas a un sector de bajos recursos y que no debe generalizarse para crear una situación que traería consecuencias operativas no previstas”.

Desde las prestatarias locales ya anticiparon que así como evitarán corte de servicios e intimaciones por falta de pago a los sectores beneficiados, serán inflexibles y buscarán por todos los medios cobrarles a aquellos con capacidad de pago, como forma de neutralizar la baja de ingresos y evitar el quiebre del servicio.