ESCUCHARLo indicó un nuevo informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). Argentina es el tercer país de la región con más incidencia de estos costos en el salario
En los últimos tres años, las tarifas de los servicios públicos en el país aumentaron hasta 2.000%, según lo indicó un nuevo informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).
De esta manera, el proceso de recomposición del valor de los servicios públicos fue el “más abrupto” de la historia del país, colocando a Argentina en el tercer lugar del podio de naciones en la región con mayor incidencia de estos costos en el salario de los trabajadores.
“La evolución de las tarifas de los servicios públicos a lo largo de los últimos tres años se ha caracterizado por sucesivos y bruscos incrementos en sus precios finales. Estos aumentos se sucedieron con una frecuencia elevada, redundando en alrededor de dos rondas de aumentos por año en cada uno de los servicios, llevando los incrementos acumulados en menos de tres años a incrementos porcentuales históricos”, explicaron los especialistas.
En detalle, el informe precisó que desde inicios de 2016 hasta la fecha, se registraron incrementos acumulados promedio de 2.057% en gas natural, de 1.491% en energía eléctrica y de casi mil por ciento en el servicio de agua potable. Mientras, en materia de transporte, se observaron en el mismo período alzas acumuladas de 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y 177% en subtes.
Asimismo, las tarifas de determinación o regulación estatal como el ABL (+135%) o las prepagas (+157%) también se posicionan por sobre la inflación media acumulada, precisaron los especialistas de la casa de altos estudios.
“Estudiando la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años”, señaló el documento difundido el día de ayer y agregó que “esto se transparenta con claridad en el índice de precios al consumidor. Ocurre que el capítulo relativo a gastos de vivienda ya crece casi 50% más que el nivel general del indicador”.
El informe también precisó que desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario en el salario, cercana a seis por ciento, a una sustantivamente mayor, de 23,5%.
“Así, Argentina pasó a la tercera posición en el ranking de ocho países de la región. El crecimiento desde 2016 hasta la fecha, nos posiciona sólo por detrás de Venezuela (36,5%) de peso sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y de Chile (24,9%), en términos de impacto tarifario”, se detalló. Por otro lado, y a modo de advertencia, el Observatorio de Políticas Públicas de la Undav contrastó esta situación con la dolarización de las tarifas, sobre todo en el marco de la polémica generada por el pago extra que realizará el Estado a la distribuidoras de gas en compensación por las pérdidas que supone para las empresas el proceso de devaluación acontecido este año debido a la crisis cambiaria.
“Los resultados de las empresas, sea por un caso o por el otro, han obtenido suculentas tasas de ganancia en este tiempo, lo que pone de manifiesto la problemática de sostener una política de dolarización de las tarifas de energía para los usuarios sean hogares o empresas”, se explicó.
“En última instancia lo que termina deteriorándose son las condiciones del mercado interno que debe soportar mayores costos para pagar de sobremanera un recurso que argentina tiene a disposición (a diferencia de otros países que deben importar la casi totalidad de dichos consumos)”, reflexionaron los especialistas y alertaron que la política tarifaria actual “permite reducir los gastos estatales en subsidios pero al no poner un tope en los precios que las distribuidoras determinan para los usuarios finales, implica que las ganancias en dólares de dichas compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias, que ven cómo sus ingresos salariales y no salariales se reducen”.
