Asimismo, mostró un descenso de 80,2% en el acumulado entre enero y septiembre pasados, respecto de igual lapso del año anterior, cuando el total de expedientes judiciales presentados cayó de 9.342 a 1.848. La merma promedio nacional fue de 37,7% en los once meses
La litigiosidad laboral en la provincia de Córdoba cayó 76,4% en el tercer trimestre de 2018 respecto de igual período del año anterior, de acuerdo con el “Informe trimestral de litigiosidad” que elabora la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de la Nación.
Así, ésta destacó la merma y la calificó de “notoria” ya que, según detalló, mientras que entre julio y septiembre de 2017 se registraron 3.033 juicios laborales, esa cifra se redujo a 716 en igual período de 2018. En cuanto a los siniestros denunciados en la provincia, el descenso fue de 1,7% ya que bajó de 36.228 a 35.611 para la misma comparación.
Asimismo, la baja acumulada en los 11 primeros meses del año pasado fue de 80,2%, cuando las presentaciones cayeron de 9.342 a 1.848.
El desempeño de Córdoba fue, de este modo, el mejor de todo el país.
Sucede que la SRT informó que mientras en el tercer trimestre de 2017 en el ámbito nacional se registraron 29.854 nuevos juicios de trabajadores en unidades productivas y en casas particulares, en el mismo período del año pasado se iniciaron 16.638, es decir, se observó una caída de 44,3%, bastante por debajo de la merma ocurrida en la provincia de Córdoba.
El recorte nacional involucró unas 13.214 presentaciones menos y representó, según el cálculo oficial, un ahorro para el sistema de casi 5.000 millones de pesos.
Al medir la litigiosidad por provincia, los números muestran una significativa reducción de juicios contra el sistema en la mayoría de los distritos. “Con mayor contundencia en aquellas jurisdicciones que adhirieron a la Ley 27.348. Tal es el caso de Ciudad de Buenos Aires, que mostró una caída de 61,9% en la cantidad de expedientes judiciales presentados; provincia de Buenos Aires (-42,8%); Mendoza (-56,5%); Salta (-30,6%) San Juan (-10,6%); Formosa (77,8%); Misiones (-11,7%), Río Negro (-16,2%) y Tierra del Fuego (-66,7%), “por mencionar los casos más emblemáticos”, se indicó.
“Entre los datos más importantes que surgen del informe, resalta que Córdoba es el distrito del país que mayor descenso de la litigiosidad presenta en cada una de sus actividades económicas respecto al total del país”, agregó el informe de la SRT.
Según las actividades
La SRT también detalló el desempeño de acuerdo con los sectores. Así, informó que Minería mostró una baja en las presentaciones de 90,9%. En tanto, en los Servicios Financieros la caída fue de 80,4%; en la Industria Manufacturera, de 77,1%; en Agricultura de 76,7%; en Comercio de 75,4% y en la Construcción de 70,4%, siendo estas las actividades con mayor descenso en la cantidad de juicios iniciados del país.
Bajaron las alícuotas
El impacto del descenso en la litigiosidad se ve reflejado también en el monto de las alícuotas. En ese caso, según la SRT, Córdoba registra un descenso de 19,58% entre enero de 2016 y noviembre de 2018.
“En relación al monto de las alícuotas, Córdoba registró un descenso de casi 20% en el valor de lo que pagan los empresarios a las aseguradoras de riesgos del trabajo” (ART), se destacó en el informe.
Mientras que en febrero de 2017 el monto alcanzaba 4,35% del porcentaje de la masa salarial, esa cifra se redujo a 3,53% a noviembre de 2018.
Cuando se realiza un desglose respecto a la incidencia de la alícuota en la masa salarial de cada actividad económica entre enero de 2016 y octubre de 2018, resulta que el descenso ha sido notorio, especialmente en los sectores Construcción (-31,4%); Minería (-24,7%); Comercio (-22,3%) y Agricultura (-20,1%), entre las más relevantes.
En el ámbito del país, el valor de las alícuotas promedio descendió hasta 2,83%, situándose en valores muy cercanos a los de 2009, lo que representa una caída de 19,6% en comparación con enero de 2016 y, según se estima, un ahorro de $25 mil millones para las empresas.
La reducción de los costos en las alícuotas -asegura la SRT- es “un efecto directo del impacto de la última reforma del sistema de riesgos del trabajo y de la implementación de un paquete de medidas que le dieron transparencia y competitividad al sistema”.
