viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Empresas advierten freno en obra pública por puja política

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Empresarios de la construcción advirtieron que el conflicto político desatado a partir de la decisión de la presidenta Cristina Fernández de pagar deuda con reservas del Banco Central y que desencadenó una dura puja de fuerzas en el Congreso, derivó en una preocupante demora en la ejecución de las partidas presupuestadas para obra pública.
Si bien admitieron que la situación ya se venía observando desde el año pasado, se agudizó en el arranque de 2010, particularmente luego del ríspido debate respecto al uso de reservas y al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) utilizado por la Presidenta para apelar a esos fondos.

La demora en la remisión de fondos y la situación del sector fueron motivo de análisis ayer en el marco de la reunión periódica de la Mesa Ejecutiva de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

En tanto, el jefe del Distrito 2 de Vialidad Nacional, Raúl Daruich, admitió retrasos aunque no los adjudicó al tironeo por el uso de reservas.

“Estamos pagando certificaciones de octubre y noviembre”, señaló a Comercio y Justicia y recordó que toda certificación de obra tiene un plazo normativo de 60 días para su liquidación por lo que el atraso efectivo es de “dos meses”. Para la CAC, el atraso es de “cinco a seis meses”.

Daruich aseguró que, en función de contactos con Economía, la situación se normalizará en el corto plazo.

En tanto, fuentes de la CAC consultadas por este medio admitieron la preocupación por el parate en la remisión de fondos.

“A Vialidad entraron la mitad de los fondos previstos”, indicó al respecto una de las fuentes que citó al organismo a modo de ejemplo.

En ese marco, los empresarios abogaron por una pronta salida a la encerrona con respecto al uso de reservas para el pago de deuda.

“El presupuesto tiene un bache de 50 mil millones de pesos que hay que cubrir con financiamiento. Si esto no sale (por el pago con reservas) creemos que se va a complicar la ejecución estimada del gasto en obra pública”, señaló la fuente.

También en la Provincia
En tanto, fuentes del Ejecutivo provincial admitieron que los retrasos en el pago de certificaciones también incluyen las obras ejecutadas bajo la supervisión de la Provincia.
Al respecto, indicaron que en el caso de las obras viales, los atrasos se vienen observando ya desde mediados del año pasado.

“La demora no se ha modificado a partir de la discusión por el uso de reservas. Sigue siendo la misma”, indicó una de las fuentes.

La mecánica de pago es un largo proceso burocrático desde la certificación hasta el cobro efectivo.

Actualmente, la Provincia cancela las certificaciones de las empresas adjudicatarias y luego, tras completar el trámite correspondiente, espera que la Nación, en este caso Vialidad, abone esos instrumentos.

“Por ahora estamos pagando nosotros (la Provincia) pero si la rueda no funciona habrá que ver qué tanto se puede estirar”, explicó el informante en alusión a la necesidad de que la Nación regularice los pagos a la Provincia para que, de esta forma, el Gobierno provincial pueda destinar esas partidas a cancelar nuevas certificaciones y así mantener esa dinámica.

Según se informó, Vialidad mantiene una deuda de unos 200 millones de pesos.

En tanto, el titular del Distrito 2 de Vialidad Nacional admitió el atraso aunque lo adjudic&oac

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