Las Cámaras empresarias y comerciales enroladas en Fedecom, además de otras entidades que nuclean a empresas e industrias de diferentes rubros, preparan diferentes presentaciones ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ante lo que consideran un avance desmedido del organismo hacia contribuyentes cordobeses con operaciones comerciales en la provincia vecina que debita Ingresos Brutos con retenciones a las cuentas bancarias.
La presentación, confirmada a Comercio y Justicia por el titular del Fedecom, Rubén Martos, complementará a la ya realizada por el Ejecutivo provincial ante la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral 20 días atrás, según indicó a este medio el ministro de Finanzas, Angel Elettore.
La preocupación de la Provincia, de las cámaras empresarias y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE), anticipada por este medio el miércoles pasado, podría incluso derivar en medidas judiciales para evitar la retención, aseguró el titular del CPCE, José Simonella.
La situación motivó ayer una reunión encabezada por el secretario de Ingresos Públicos, Eduardo Gauna. Del encuentro participaron representantes de Federación Comercial, Sociedad de Acopiadores de Granos de Córdoba, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (Aclisa) y del CPCE.
Según Martos, la medida adoptada por ARBA desde marzo pasado ha sido desmedida al punto de intimar a contribuyentes que no tienen ningún tipo de operación en Buenos Aires.
“Además, a los que supuestamente le corresponde el pago, les descuentan porcentajes totalmente improcedentes respecto de los movimientos comerciales que hacen en Buenos Aires”, reveló. El mecanismo, según Martos, atenta contra la bancarización, contra la rentabilidad de las empresas, y genera competencia desleal, toda vez que, por caso, Córdoba no cobra ese tributo a contribuyentes de Buenos Aires.
Por su parte, Simonella admitió preocupación de la entidad que preside y aseguró que ya hubo una presentación de la Federación del sector. Indicó que ese tipo de medidas tiende a “anarquizar” el sistema tributario argentino e impone un precedente que podría ser imitado por otros distritos. Por lo pronto, Santa Fe también comenzó a aplicarlo.