Dirigentes del rubro de la construcción de Córdoba desestimaron el plan antievasión que trabaja con presunciones, cotejadas con las declaraciones juradas de las compañías.
Al menos 4,5 millones de personas trabajan en “negro” actualmente en Argentina. En Córdoba, el sector de la construcción estaría empleando a unos 15 mil trabajadores no registrados, según fuentes del sector.
Ayer, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, presentó dos herramientas para combatir el trabajo no registrado y la elusión fiscal, que apuntan a controlar aquél en el sector construcción por presunción, en el marco de una nueva etapa del plan antievasión lanzado en 2005.
La herramienta que pretende disminuir la cifra de empleo en negro es el Índice Mínimo de Trabajo (IMT), el cual estipula cuántos trabajadores se requieren para realizar, por ejemplo, una obra. Si se comprueba que hay registrados menos empleados se activa una causa por presunta evasión.
La AFIP, junto al Ministerio de Trabajo, apunta a aplicar el IMT principalmente al sector textil y al de la construcción.
Cómo funcionaría el IMT
El director general de Seguridad Social, Carlos Sánchez, explicó que el IMT es un modelo “de carácter relativo”. Puso como ejemplo que para hacer en 24 meses un edificio de 10.000 metros cuadrados de unidades familiares se requieren 3,2 jornales por metro cuadrado en dos años, por lo que se necesitarían 60 empleados.
Si se registran menos empleados “se invierte la carga de la prueba” y el empresario deberá demostrar cómo hizo la obra con menos trabajadores que el IMT estima, explicó el funcionario.
Dudosa aplicación
Los empresarios nucleados en la Cámara de la Construcción de Córdoba manifestaron dudas respecto a la aplicabilidad de los controles, debido a la dispersión que caracteriza el sector.
“Es difícil de instrumentar y de controlar. Deberían contar con un esquema de al menos 100 tipologías de edificaciones”, afirmó Santiago Montoya, gerente de la Cámara que nuclea las empresas constructoras de Córdoba, en diálogo con Comercio y Justicia.
Montoya explicó que “resulta muy complicado pormenorizar la mano de obra”, teniendo en cuenta que existen trabajadores calificados y no calificados cumpliendo tareas más o menos estacionales y efímeras.
Por lo tanto, establecer generalizaciones para presumir cuántos trabajadores deberían estar desempeñando tales o cuales tareas en una obra formaría parte de un sistema con, al menos, ciertos márgenes de error.
“Hacer presunción va a generar que algunos empresarios paguen lo que corresponde y otros más de lo que deberían”, detalló Montoya al respecto.
En la misma línea, Horacio Parga, empresario de la firma Edisur, apuntó que una “gran cantidad de mano de obra en negro se ubica principalmente en la construcción de casas y en emprendimientos particulares” y remarcó que las grandes empresas tienden a registrar a sus trabajadores para evitar multas.
Por su parte, Montoya planteó que “no se puede perseguir a los particulares” y en ese sentido afirmó que si bien corresponde la aplicación de multas, “las medidas de control deben ser culturales y racionales para no poner al empresario en situaciones inabordables”.
