El ministro de Finanzas, Ángel Elettore, confirmó que los recursos extras que debería enviar la Nación desde este mes producto del fallo de la Corte Suprema de Justicia por el tema coparticipación y el decreto presidencial conocido en las últimas horas, alcanzarán $570 millones sólo para diciembre.
En tanto, para 2016, ese plus debería alcanzar unos $7.500 millones, en línea con el dato anticipado ayer por Comercio y Justicia.
La cifra para diciembre se compone de $470 millones por la detracción del 15% de la coparticipación primaria, más otros $100 millones por los recursos que antes se giraban para financiar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Asimismo, para 2016, por el primer concepto llegarían unos $6.300 millones y por el segundo unos $1.200 millones más. En todos los casos, 20% de esos fondos irá a coparticipación provincial, esto es a distribuir entre los municipios y comunas. El funcionario que el 10 de diciembre será reemplazado por Osvaldo Giordano y de esta forma dejará la cartera de Finanzas luego de 12 años, evitó sin embargo precisar qué uso se les dará a esos recursos extras, decisión que -dijo- quedará para el futuro gobierno.
En ese marco, admitió que el ejercicio cerrará con déficit que ahora estimó en torno a $1.800 millones.
Los recursos extras irán en principio al Tesoro provincial, esto es a rentas generales. Mientras tanto, el gobernador electo, Juan Schiaretti, intentará negociar con el próximo gobierno nacional un acuerdo para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y así poder cubrir por ese lado el rojo previsional y no utilizar los recursos extras, que llegarán por coparticipación.
En la misma línea y más allá del plus que implicará para Córdoba el fallo de la Corte, se mantiene la idea de negociar en todos los frentes abiertos con la Nación, entre ellos la inclusión en el programa de refinanciación de deudas, el juicio por los $1.040 millones que se reclaman por la Caja, y las deudas y acreencias cruzadas entre EPEC y Cammesa, además de la renegociación de plazos y eventualmente de tasas por el bono en dólares emitido para financiar la central Pilar.
Por lo demás, ayer Elettore relatilizó el reclamo de empresas contratistas de obra pública por supuestas deudas y aseguró que los pagos aún no realizados son menores.
Con todo, un dato que marca el atraso en algunos pagos es la alta demanda de la línea de créditos de Bancor contra certificaciones de obra: de los $1.500 millones de cupo ampliado, ya se usaron $1.300 millones.
Transparencia
Elettore encabezó ayer junto al gobernador José Manuel de la Sota la presentación del plan para certificar normas internacionales de contabilidad. La estrategia que va en línea con la política de transparencia en la gestión pública y permitirá mejorar el perfil de las estadísticas locales a la hora de tentar a eventuales inversores o gestionar fondeo externo.
