ESCUCHARCon Guillermo Francos y Victoria Villarruel como negociadores principales, el Gobierno articuló los consensos para llevar los proyectos al recinto. El avance se produjo a última hora y luego de que el debate se había encaminado a un nuevo fracaso. La intención oficial es votar las iniciativas en el recinto la semana próxima
En una jornada cargada de tensión, el oficialismo se acercó anoche a dictaminar la ley Bases en el Senado.
La alternativa ocurrirá en las próximas horas y la iniciativa quedará lista para ser debatida la semana próxima en el recinto de la Cámara Alta. Fue clave una reunión anoche del nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a Victoria Villarruel y la oposición dialoguista, para destrabar el asunto.
Como la negociación fue realizada sobre el cierre de la jornada, las últimas firmas del dictamen aparecerán recién este jueves con la presentación formal del despacho en cuestión. Mismo caso para el paquete fiscal. De hecho, esta situación generó un contrapunto entre la Casa Rosada y el presidente de Diputados -Martín Menem- con Villarruel, con festejos por anticipado de los primeros y una realidad de técnica legislativa desde la cámara alta que no pudo avalar -hasta las próximas horas- esa victoria.
Minutos antes del plenario de comisiones, el santacruceño José María Carambia adelantó por nota que presentaría un dictamen propio. Al dejar abierta la fecha para consumar dicho acto, le quitaba la sumatoria de una rúbrica al debate. No obstante, tras la reunión con Francos, firmó el despacho y su intransigencia quedó, por ahora, en el olvido. No así el radical Martín Lousteau, quien cumplirá con su palabra de texto individual, que ya despierta el enojo del resto de su bancada.
Para convencer a Carambia, el Gobierno aceptó que, en el paquete fiscal, se introduzca un artículo para modificar la ley de minería que establecerá que las provincias “que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al 5% sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”. En la actualidad, ese porcentaje es de tres por ciento.
Antes que ocurriera todo esto, las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales de la Cámara alta tuvieron que pasar el análisis de los dos proyectos a un nuevo cuarto intermedio, ante el potencial traspié al que se enfrentaba La Libertad Avanza, con legisladores dialoguistas que no veían señales claras y definitorias desde el Gobierno.
El escenario
La comisión de Presupuesto y Hacienda, que comanda el oficialista Ezequiel Atauche, tiene 17 integrantes, de los cuales 10 son del oficialismo y la oposición dialoguista; el resto, del kirchnerismo.
Misma situación corre la de Legislación General -cabecera de debate de la ley Bases-, que maneja el presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala. En tanto, la de Asuntos Constitucionales está liderada por el peronista disidente Edgardo Kueider y cuenta con 19 integrantes: 11 del oficialismo y la oposición dialoguista, y ocho kirchneristas.
Para que un dictamen pueda convertirse en tal, se precisan las firmas de la mitad más uno de los integrantes de cada una de las comisiones. No hace falta que sean sobre el mismo texto, ya que pueden haber varios despachos. No obstante, ni siquiera con esa opción se había llegado ayer al objetivo.
Objeciones y defensas
Abdala reanudó la discusión en el plenario y dijo que ésta no fue de “tipo dictatorial”, ya que “se ha dialogado y se han escuchado sugerencias”. Rápido de reflejos, el jefe del kirchnerismo senatorial, José Mayans, le espetó al puntano que estaba obligado a aclarar, al final de la reunión, si el oficialismo tenía “o no dictamen”.
“El proceso supone que ustedes nos expliquen las modificaciones. Si no, no entiendo qué vamos a firmar, si la versión original que vino de Diputados o el borrador que circuló entre senadores”, advirtió la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO), que fue clave con sus observaciones para que el oficialismo abriera el juego y cambiara los proyectos. De hecho, reiteró algunas críticas al plazo de dos años de ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Sobre este punto, Abdala respondió: “Es un tiempo importante para saber cuáles se anotan y, si prospera, este mismo Cuerpo podrá postergar por otros dos. O lo podemos dejar eterno, porque captamos dinero que no está entrando en la Argentina”. “No es feliz la redacción y no satisface”, opinó la camporista Anabel Fernández Sagasti
En tanto, sobre el rechazo a la posibilidad de privatización de Aerolíneas Argentinas, el peronista disidente Juan Carlos Romero dejó en claro que un mecanismo “parcial” sería una mejor solución debido a que, de seguir así, “continuará como una Sociedad Anónima y, ante la sumatoria de problemas, puede ir a la quiebra y ser mucho peor” y agregó: “No la están protegiendo”.
Fue esperado el discurso del opositor dialoguista más crítico de la Ley Bases y el paquete fiscal -junto a Tagliaferri-, el radical Lousteau: el titular de la UCR sostuvo que las modificaciones de la primera iniciativa fueron de “índole cosmético” y remarcó las “ventajas enormes” que se darán con el RIGI, en detrimento del plano local. En esa línea, detalló: “Habrá distorsión de mercado y el presidente no cree en eso, pero lo estará creando”.
Por su parte, Juliana Di Tullio (Frente para la Victoria) enfatizó que, con el proyecto en cuestión, “tres de cada 10 argentinos se van a jubilar” y que “no lo hará ninguna mujer”, a quienes las “obligarán a trabajar cinco años más”.
Otro radical crítico fue el fueguino Pablo Blanco, quien reiteró que no acompañará la delegación de facultades delegadas -”desde 2000 a la fecha, nunca votamos esto”, precisó-, así como la privatización de Aerolíneas, Correo Argentino y medios públicos. Sin embargo, confirmó que firmará el dictamen.
La participación de Francos sobre el cierre del día pareció encaminar sendos dictámenes que hasta minutos antes parecían empantanados y sin chances de prosperar.
