ESCUCHAREl Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que contempla un esquema de incentivos a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas, que aseguren un incremento de producción en gas y petróleo.
Fuentes oficiales informaron ayer que el articulado del proyecto ya está a disposición del presidente Alberto Fernández, con los detalles de un nuevo régimen de promoción de inversiones para los próximos 20 años, que «genere un horizonte de estabilidad y reglas claras en materia tributaria federal».
«Es una ley con perspectiva federal, con incentivos a la especificidad de cada una de las regiones del país», dijeron las fuentes al explicar que la futura norma «está destinada a garantizar el abastecimiento interno con valor agregado, empleo, sustitución de importaciones y mayores exportaciones«.
Para ello, «se atienden los requerimientos cambiarios y de disponibilidad de exportaciones que necesitan las inversiones mediante un esquema que genera beneficios para el productor y el abastecimiento interno«, agregaron.
También atiende uno de los viejos reclamos de las empresas del sector: la estabilidad fiscal y de todos los beneficios adquiridos desde el momento de adhesión al programa, en cuanto a derechos, aranceles, impuestos, tributos y tasas, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales que adhieran oportunamente a la norma.
Para este impulso, se creará un régimen general de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que tendrá una vigencia de 20 años y que contendrá regímenes particulares orientados a la promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, de exploración y producción de gas natural y de exploración, producción, industrialización y transporte de hidrocarburos, obras de infraestructura energética y prestación de servicios.
La futura norma comprenderá los proyectos nuevos así como los que están en desarrollo y tienen capacidad de incrementar su producción, y los que están paralizados y requieren de una arquitectura de incentivo especial para ser considerados viables.
En particular se ofrecerá a los proyectos, que deberán cumplir montos mínimos de inversión anuales y sostenidos por plazos de hasta cinco años, exportaciones garantizadas, que arrancan en un piso de 20% y se extienden hasta 50% de los volúmenes de producción incrementales.
Además, se propone libre disponibilidad de las divisas provenientes de la exportación incremental, que se calcularán en hasta 50% del piso de 20% de permisos de exportación, que se irá incrementando en la medida que lo haga la producción.
Finalmente, se aborda otro tema delicado para el sector: los derechos de exportación, que podrán oscilar en tasas de 0% a 8%, según una fórmula de cálculo basada en el precio internacional del crudo Brent, mientras que se ratifica que los volúmenes adicionales se mantendrán dentro de lo contemplado en el decreto Nº 488 del año pasado.
