ESCUCHAREl vocero Adorni dijo que el veto será total y no parcial. Con todo, no descartan que el Parlamento cuente con los dos tercios de los votos para dejar en firme la norma, en cuyo caso la alternativa es ir al Máximo Tribunal. Habrá un llamado a los gobernadores para evitar que el Congreso vuelva a imponer el proyecto. ¿Qué harán los legisladores que responden a Llaryora?
El Gobierno ratificó una y otra vez a lo largo de ayer que el presidente Javier Milei vetará la ley aprobada por la oposición en el Congreso, que reajusta las jubilaciones. Cuando se aprobó, la confluencia de diferentes bloques mostró que el conglomerado opositor tenía los votos suficientes para rechazar el anunciado veto presidencial. En la Casa Rosada reconocen que es un escenario posible y anticipan que se evalúa ir a la Corte Suprema, si se profundiza el conflicto de poderes.
“No hay marcha atrás, ni negociación; la decisión está tomada”, dijo en su habitual conferencia de prensa diaria el portavoz presidencial Manuel Adorni, en relación con la reacción del Gobierno frente al proyecto convertido en ley por la abrumadora mayoría de los senadores.
La judicialización de la ley, si el Congreso insiste en su sanción con dos tercios de los votos en ambas cámaras, es vista como opción “inevitable”.
La Casa Rosada venía sosteniendo que el veto sería total. Sin embargo, el lunes por la tarde, el Gobierno había dejado la puerta abierta a un veto parcial. Esa posibilidad puede acercar aliados.
Todavía no hubo contacto con gobernadores aunque la idea es entablar negociaciones para lograr que el Congreso no logre ratificar la norma. Para eso, posiblemente Milei debería dejar en pie algunos de los artículos de la ley.
La estrategia
El proyecto aprobado por el Congreso establece el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones.
“Veto va a haber, la intensidad depende del Presidente”, sostuvo un alto miembro del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la misma fuente enseguida no dio por seguro el veto total. “Hasta que no se firme el veto total, no está hecho”, afirmaron muy cerca del primer mandatario. Así, subieron la apuesta al dejar trascender que está en los planes del Gobierno encarar una reforma previsional que dé marcha atrás con los 3,7 millones de haberes jubilatorios, otorgados por distintas administraciones kirchneristas, la primera de ellas con Sergio Massa como titular de Anses, en 2005.
“El 65 por ciento de los jubilados actuales recibe un subsidio, no una jubilación, porque no aportó los años que debía hacerlo”, continuaron cerca del Presidente, aunque descartaron que el impulso de la reforma, que -sin dudas- tendrá la resistencia del kirchnerismo y otros bloques, se produzca en el corto lapso.
Mientras insisten en que “las jubilaciones se recuperaron durante este Gobierno” y enfatizan en la responsabilidad de las gestiones anteriores, en la Casa Rosada reiteran que el proyecto aprobado “es un delirio irresponsable demagógico y populista” de la oposición, y que harán todo lo posible para bloquear su cumplimiento. ¿Cuándo saldría el veto? “Con respecto al tema burocrático entiendo que hay 10 días hábiles para proceder al veto, así que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no, ya veremos cómo avanza administrativamente”, dijo también Adorni durante su conferencia de prensa diaria en Balcarce 50.
“Ya sabíamos que esto iba a pasar, pero tenemos plan B, C y D”, se ufanó un funcionario cuando la consulta giró en torno a los próximos pasos del Gobierno. Judicializar la eventual ratificación de la norma, o reorientar partidas está previsto en ese combo de posibles respuestas, siempre con la acusación al parlamento de “querer voltear” el superávit fiscal, y con él, una de las premisas “intocables” de la actual administración.
El vínculo del oficialismo con el Congreso, luego de tres derrotas consecutivas (a la actualización jubilatoria se sumaron el rechazo a los fondos de la SIDE y la entronización del radical Martín Lousteau como titular de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia), no pasa por su mejor momento. “Ya logramos lo que queríamos, que era la ley Bases. El resto… habrá que esperar al año próximo”, comentó otro vocero oficialista en referencia a las nuevas mayorías que, en sólo una semana, contrariaron los deseos del Poder Ejecutivo.
“Siempre vamos a perder cuando el 65 por ciento de los legisladores se junten contra nosotros”, razonaron desde el primer piso de Balcarce 50, desde dónde apuestan a la “razonabilidad” de partidos provinciales y del PRO para evitar, antes de la judicialización, que una de las dos cámaras no llegue a sumar dos tercios de los legisladores para voltear el eventual y esperado veto presidencial.
¿Y los cordobeses?
Respecto a la postura de los legisladores cordobeses, Luis Juez ya había anticipado el domingo en diálogo con Comercio y Justicia que ratificaría su voto, con la salvedad de tres artículos que considera que impactan de manera contundente en el equilibrio fiscal.
En tanto, ayer, el radical Rodrigo de Loredo dijo que mantendrá su voto afirmativo por el proyecto aprobado.
En cuanto a los que responden al gobernador Martín Llaryora o a Juan Schiaretti, también sostendrán su postura original, a favor de la norma.
Sólo los referentes del PRO la rechazarían, luego del comunicado oficial de esa fuerza política apoyando el veto de Milei.
