El Gobierno, más cerca de perder el control político del IPC en 2011

En la Cámara Baja se aprobó una iniciativa para reformar el INDEC y ponerlo bajo la órbita del Congreso. El Ejecutivo, por su parte, también busca modificar el índice.

Todo parece indicar que, en parte por su propio accionar y en mayor medida por la presión opositora, el Gobierno nacional no podrá en 2011 seguir implementando la misma metodología política y técnica para utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador clave de la economía, con una función orientadora en buena parte de las relaciones laborales y sociales de los sectores público y privado. La oposición aprobó ayer en Diputados el proyecto para reformar el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y ponerlo bajo la órbita política del Congreso, una iniciativa que puede resultar tan cuestionada como la actual intervención del organismo. De todas maneras, el propio Ejecutivo ya comenzó a avanzar esta semana en la elaboración de un nuevo índice -“más federal” en palabras oficiales-, con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI). En una jornada legislativa intensa tanto en la Cámara Baja como en la Alta, Diputados aprobó ayer y giró en revisión al Senado el proyecto de “normalización” del Indec, con el voto favorable de los bloques opositores y pese al rechazo de la bancada oficialista, que calificó la iniciativa de “anticonstitucional”.

Con 131 votos a favor -del denominado Grupo A, Proyecto Sur y Nuevo Encuentro-, esa cámara aprobó en general y en particular la iniciativa que modifica parte del texto aprobado por el Senado el 14 de agosto pasado. El oficialismo se expresó en contra del proyecto y consiguió 98 votos.

La iniciativa había logrado a mediados de agosto el aval del Senado, con 38 votos a favor y 28 en contra. La diferencia, en aquella oportunidad, fue holgada para la oposición, pero los fluidos alineamientos políticos de estos tiempos podrían evitar la aprobación de la iniciativa.

El proyecto debe volver a la cámara Alta porque Diputados le introdujo dos cambios: se estableció que un interventor nombrado por el Congreso se hará cargo en la fase de normalización y la revisión de lo actuado desde 2007, incluyendo la reincorporación del personal desplazado por el equipo de Guillermo Moreno. Más allá de otros ribetes polémicos que tiene el proyecto, estos cambios podrían hacer peligrar la necesaria modificación del IPC, reemplazando el control político del Ejecutivo por el del Congreso.

La propuesta
La iniciativa que consensuó el arco opositor y que fue aprobada ayer establece un cronograma de 150 días para la “normalización” del instituto.

Según la letra del proyecto, los directivos del Indec serán elegidos por concurso, cuyo jurado estará integrado por cinco miembros: dos representantes técnicos de la Sociedad de Argentina de Estadísticas; dos del Consejo Interuniversitario Nacional y un representante del Poder Ejecutivo.

Éstos permanecerán cinco años en sus funciones y podrán renovar su cargo una sola vez.

La elección de los directivos deberá contar con el aval del Congreso, que además creará una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Sistema Estadístico Nacional, integrada por cinco senadores y cinco diputados.

En el mismo sentido, el proyecto considera caída la intervención del instituto dispuesta por el Ejecutivo y restablece en sus funciones a los directores desplazados con anterioridad, entre otras cuestiones. También define al organismo como “persona jurídica de derecho público independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera del Gobierno nacional”.

Al hablar en el recinto, el diputado Claudio Lozano (de Proyecto Sur) defendió la iniciativa por considerar que permitirá contar con un instituto que “provea un sistema de estadísticas públicas que sean las que efectivamente se necesitan”.

Carlos Heller, del bloque Nuevo Encuentro, expresó su respaldo a la iniciativa y argumentó que “no contar con un sistema confiable atenta contra la definición de políticas concretas para enfrentar el aumento de precios”.

Desde la vereda opuesta, el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, juzgó “anticonstitucional” que el Parlamento cree una comisión bicameral para «intervenir un organismo que está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional».

Remarcó que el dictamen elaborado por la oposición “está basado fundamentalmente en un mal índice de precios al consumidor” y manifestó que el objetivo de los bloques opositores apunta únicamente a “sacarle las cosas que naturalmente le corresponden al Poder Ejecutivo”.

En perspectiva
Desde su intervención en 2007, la acción del organismo estadístico estatal fue muy cuestionada, fundamentalmente en lo que atañe a sus mediciones sobre inflación, indigencia, pobreza y empleo. En varios de esos puntos sus relevamientos difieren mucho con respecto a los realizados por consultoras privadas, quienes de todas maneras tampoco ofrecen demasiada fiabilidad, porque en pocos casos exponen de qué manera calculan los índices.

El intento opositor de “normalizar” el organismo puede contribuir a despejar las dudas existentes sobre el Indec. De hecho, ya los sindicatos, cámaras empresarias y hasta el propio Estado abandonaron como referencia el IPC elaborado por el organismo.

En los últimos días el Gobierno nacional también dio muestras de intentar modificar esta situación, a partir de dos iniciativas. Por un lado la propuesta de un espacio de diálogo tripartito para contribuir a ordenar la puja distributiva en el país y bajar las expectativas inflacionarias. Por otro, a partir del anuncio de la preparación de un nuevo índice, con la asistencia del FMI.

Ambos intentos -los realizados por el oficialismo y por la oposición- podrían significar que el Ejecutivo pierda las riendas técnicas y políticas del IPC -más aún, del organismo- en 2011.

Si en parte eso podría tener un costo alto para el Gobierno, por otra parte estaría en línea con muchas de los ejes directrices de su modelo, caracterizado por la revalorización y el prestigio de lo estatal. Otro paso en ese sentido sería, entonces, recrear la credibilidad de buena parte de las estadísticas públicas.

Fracasó el intento opositor
El ejecutivo administrará 2011 sin ley de presupuesto

El oficialismo en el Congreso aseguró ayer que el Gobierno administre durante 2011 sin presupuesto. El presidente del bloque del Frente para la Victoria (FPV) en Diputados , Agustín Rossi, y el titular de la Comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato, salieron a ratificar que el Ejecutivo prorrogará el Presupuesto 2010. Asimismo, los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación, Julio De Vido, coincidieron en que el Gobierno cuenta con “mecanismos constitucionales, legales y jurídicos” para conducir el país ante la falta de sanción de la Ley de Presupuesto 2011.

El arco duro de la oposición -enrolada en el Grupo A- fracasó ayer en su último intento de propiciar el debate del Presupuesto 2011, al no contar con los votos necesarios para enviar ese proyecto de vuelta a la instancia de comisión. Así, la discusión por el plan de recursos y gastos del próximo año se cerró definitivamente.

Superpoderes
Por otra parte, la Cámara de Senadores rechazó ayer la discusión de la reforma a la Ley de Administración Financiera, luego de que la oposición no logró los dos tercios de los votos necesarios para debatir la cuestión sobre tablas. El proyecto, que limitaba la capacidad del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias, volverá a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que obtenga dictamen.

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