El Gobierno imputó a 11 grandes empresas por generar desabastecimiento: puede haber multas de hasta $10 millones

Se trata de Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, que tendrán un plazo de cinco días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima, so pena de enfrentar sanciones.[privado]

La Secretaría de Comercio Interior imputó ayer a 11 grandes empresas proveedoras de artículos de consumo masivo por retener volúmenes de producción o por falta de entrega, luego de encontrar desabastecimientos específicos en algunos supermercados y comercios.

Se trata de las firmas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, a las que se les advirtieron retenciones en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

Según la información de la secretaría de Comercio Interior, la acción se realizó "luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020".

Ahora, las empresas tendrán un plazo de cinco días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima o, de lo contrario, podrán enfrentar sanciones que van hasta $10 millones.

La avanzada hecha pública por parte del Gobierno generó malestar en las compañías que, según consideran, tuvieron sus precios prácticamente congelados durante todo 2020 por tratarse de rubros de consumo masivo. Asimismo, no dejó de generar sorpresa que la intimación haya llegado a los pocos días de la reunión para alcanzar un acuerdo de precios y salarios que, el jueves pasado, sentó frente a frente a funcionarios nacionales con los CEO de las principales empresas del país entre los que estaban presentes los presidentes de las que ayer fueron notificadas.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aclaró al término de la reunión del gabinete económico, que si bien el Gobierno nacional apuesta por el diálogo, esa actitud "no reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes vigentes".

El funcionario explicó que la investigación se inició ante denuncias de "desabastecimientos puntuales de algunos productos" en supermercados.

"Cuando se requirió por qué no estaba el producto, se advirtió que no era un problema del supermercado en sí, sino del productor industrial. Se hicieron algunos requerimientos y la secretaría detectó una reducción del volumen de producción" por parte de las empresas proveedoras, explicó Kulfas.

El ministro también señaló que las compañías tienen "posibilidad de descargo" y subrayó que "Argentina con pandemia no ha tenido desabastecimientos" y el Gobierno pretende seguir asegurando la llegada de los productos a la casa de los argentinos.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró en tanto que la medida tiene "el objetivo de cuidar el bolsillo de todas y todos los argentinos y de ser implacables con los especuladores".

En declaraciones a la prensa, la economista indicó que el Gobierno desarrolla "una serie de imputaciones a empresas por no producir a su máxima capacidad", tras encontrar "faltantes en góndolas en productos como aceites, aderezos, arroz, lácteos, pan lactal o detergentes, entre otros".

La acción se ampara en la mencionada resolución 100/2020 que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos y "tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados".

La semana pasada, entre el lunes y el jueves, inspectores de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, realizaron 174 inspecciones que dieron como resultado 22 clausuras preventivas por incumplimiento de la resolución de Precios Máximos.

Durante las fiscalizaciones realizadas en empresas de insumos, comercios de proximidad y sucursales de cadenas de supermercados, "se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos", indicó el área que conduce Español.

Por ejemplo, en la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, "se detectó una caída de casi 100% en su inventario de aderezos", precisó Comercio Interior.

En la multinacional alimenticia Danone, por su parte, "se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado".

En la compañía multinacional Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, "se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes".

La panificadora y elaboradora de pastas Fargo "también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades".

En aceites, la empresa local Aceitera General Deheza (AGD) "acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones".

De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata "se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites".

En la empresa Bunge, compañía global de agronegocios, "también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas".

Por último, la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini "no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo".

"Las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de cinco días hábiles acredite ante la subsecretaría de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma, y se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020", remarcó Comercio Interior.

Proyecciones

Se estima que este año la economía argentina tendrá un rebote de 5,2% –luego del desplome que registró en 2020 como consecuencia de la pandemia– y el porcentaje de inflación anual será de 47,7% (1,2 punto porcentuales menos que la predicción anterior). En tanto, esperan que el dólar mayorista alcance los $126,48 a fin de año. Esas son las proyecciones que surgen del último informe de Latin Focus Consensus, en el que se reflejan las estimaciones de un grupo de 40 consultoras y fondos de inversión.

Procedimiento

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo explicaron que "la imputación es un proceso administrativo que implica la apertura de un expediente de oficio en el cual se registran las actuaciones de la secretaría, la información que se recolectó y el motivo de la imputación".

"Una vez notificada la empresa a través del Trámite A Distancia (TAD), debe responder en el plazo de cinco días o modificar la actitud que causó la imputación", indicaron.

Si la información que remite la empresa asegura que retomó el normal abastecimiento, se termina el proceso administrativo, pero si la información es insuficiente o si no la presentan, se avanza en el proceso de multa, a pedido de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.[/privado]

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