ESCUCHAR“Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, dijo el ministro Luis Caputo. La idea es que el índice de precios siga su derrotero descendente. No obstante, ayer subieron los combustibles
El Gobierno nacional anticipó que resolvió postergar los aumentos de tarifas de energía eléctrica, gas y la aplicación del impuesto a los combustibles líquidos previsto para el corriente mes.
La decisión fue confirmada a través de las redes sociales por el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, escribió en su cuenta oficial de la red social X el ministro Caputo, para explicar las razones detrás de las postergaciones de los aumentos previstos para mayo en luz, gas, colectivos e impuesto a los combustibles.
En el caso del transporte, la referencia sólo alude a la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De todas formas, ayer a primera hora, las petroleras resolvieron un incremento de cuatro por ciento promedio en el precio de los combustibles líquidos, no ya por la aplicación del tributo sino por un alza producto de otros costos, explicaron desde el sector.
En el equipo económico del Gobierno estiman que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec se ubicará por debajo de 10% mensual por primera vez en cinco meses. En ese marco se inscribe la decisión oficial de postergar las subas para sostener el objetivo de mantener una evolución descendente del índice de precios.
En la Secretaría de Energía, conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo, habían adelantado que los mecanismo de actualización mensual que debía comenzar a regir desde ayer para sostener en términos reales los ingresos de las distribuidoras y transportistas estaban suspendidos. Representaban un impacto de cercano a cinco por ciento en las facturas finales de electricidad y de gas, muy inferiores al 150% y al 450%, respectivamente, que acumularon desde enero.
En paralelo, habrá que ver qué decisión toma Energía respecto a los precios estacionales de la energía mayorista que deberían subir desde este mes 60%, según las estimaciones publicadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Lo mismo sucedió con la actualización del impuesto a los combustibles (ICL) que Alberto Fernández mantuvo congelado dos años.
La resolución de Energía contemplaba que se aplicará sobre el tributo una suba equivalente a la inflación del último trimestre del 2023, impactada por la inflación. Si las petroleras -YPF, Shell, Axion, y Puma Energy- trasladaban eso a los surtidores la nafta y el gasoil iban a subir al menos ocho por ciento.
La suba será “diferida” a junio a través de un decreto que se publicará en breve en el Boletín Oficial. Las refinadoras aplicaron el incremento de dos por ciento mensual por el ritmo de deslizamiento del tipo de cambio oficial y otro tanto para avanzar en el camino hacia los precios internacionales.
En el Ministerio de Economía confirmaron que tampoco habrá incremento en el boleto de colectivos del AMBA. La Secretaría de Transporte estaba habilitada por resolución a subir la tarifa a partir de abril en base a la inflación del último bimestre que no se aplicó.
El IPC subió 51,6% en 2024 y el boleto mínimo seguirá en $270 para quienes tengan su SUBE registrada. La diferencia sería reconocida a las empresas con un nuevo cuadro tarifario que reconocerá más subsidios. El pasaje de tren sí subirá, el próximo día 6, casi 54 por ciento.
El objetivo del Gobierno con estas definiciones es apuntalar la desaceleración de la inflación desde el 25,5% de diciembre, el 20,6% de enero, el 13,2% de febrero y el 11% de marzo. En el equipo económico ubican la variación de abril en un dígito por primera vez en cinco meses. La interanual seguirá cerca del 300 por ciento.
El peso del gasto en los servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) en el ingreso de los hogares más que se duplicó en los últimos cinco meses, según detalló un trabajo de Fundación Capital.
“Todo esto, frente a una inflación en el mismo período de 112% y salarios que habrían aumentado sólo un 96% (estimado). En este marco, el peso del gasto en servicios públicos en el AMBA (promedio ponderado) sobre el ingreso promedio de los asalariados registrados (Ripte) se ha más que duplicado en los últimos cinco meses, pasando de 4,6% en diciembre a 10,8% en la actualidad. Vale mencionar, que si bien el peso de estos servicios se incrementó de forma generalizada, en los hogares de menor poder adquisitivo el impacto fue superior”, comentaron.
En detalle, dentro del segmento de menor poder adquisitivo (N2, ingresos de hasta 1 Canasta Básica Total – CBT), para un hogar conformado por dos salarios mínimos ($405.600) el gasto en servicios públicos habría alcanzado al 13,4% de su ingreso en abril en el AMBA. Es decir, más que triplicándose frente al 4,5% que representaba en diciembre.
Si el mismo contará únicamente con un salario mínimo y una AUH y tarjeta Alimentar ($300.000), el pago de servicios públicos hubiese alcanzado el 18,2% del ingreso familiar, frente al 7% que representaba a fin del año pasado.
Por su parte, un hogar que cuenta con un único ingreso similar al promedio de la economía ($790.000 estimado abril) habría destinado el 9,7% de su salario (vs. 4% en diciembre previo).
