Fue la variable de ajuste para poner en caja un Presupuesto que luego resultaría golpeado de lleno por la cuarentena. El gasto en personal crecía al 48% interanual. y ya entonces disparaba el gasto corriente por encima de los ingresos. Con todo, se mantenía el ahorro corriente y el resultado financiero positivo. El escenario hoy, con números en rojo. La Caja duplicó el déficit. Amplian pago con bonos
Por Alfredo Flury
La inversión en obra pública del Gobierno de Córdoba hasta el 29 de febrero pasado alcanzó a 875,99 millones de pesos, 62,6 por ciento por debajo de la registrada en el mismo período del año pasado, en el marco de un año electoral.
La caída que en rigor registra pocos precedentes, es aún más contundente si se considera que la inflación interanual fue de 48,81 por ciento.
Con todo, la baja será aún mayor cuando se computen los datos de marzo y los meses siguientes, ya con la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional en el marco del coronavirus.
En rigor, el ajuste por obra pública para intentar poner en caja el presupuesto era una estrategia que la administración de Juan Schiaretti ya venía aplicando desde el año pasado, más aún luego de las elecciones de mayo en las que el gobernador obtuvo la reelección.
Acusiado por la suba del costo de las obras y de las erogaciones corrientes básicas como los salarios, indexados por claúsula gatillo, y con una recaudación que seguía en baja en términos reales, el Gobierno optó por frenar el ritmo de los trabajos públicos. Entonces se adujo que parte de ese freno tenía que ver con que los principales proyectos ya habían sido concluidos.
Esa dinámica quedó nuevamente en evidencia con los datos de la Ejecución Presupuestaria a febrero pasado, informada en las últimas horas el Gobierno.
Se trata de la foto previa al impacto de la cuarentena que comenzó a regir de lleno el 20 de marzo. SIn embargo, sirve para entender cómo estaba entonces el panorama en las cuentas provinciales y porqué luego se tomaron decisiones como recortar salarios, emitir bonos para el pago a proveedores y contratistas e incluso estirar el cronograma de pagos y aplicar quitas en las jubilaciones más altas, además de avanzar en una renegociación de parte de la deuda provincial en dólares.
El tenor de las siguientes medidas que adopte el Ejecutivo provincial irá en línea con la evolución de ingresos y gastos, siempre a merced de las medidas de aislamiento social y obligatorio impuesto por el Gobierno de Alberto Fernández y que todo indica irá más allá del 10 de mayo próximo, última prórroga oficial dispuesta hasta ahora.
Los números precrisis
De acuerdo con la información oficial disponible, hasta el 29 de febrero, los ingresos corrientes de la Administración Pública No FInanciera (APNF) alcanzaban a 57.447,1 millones de pesos, 34,08 por ciento más que un año atrás.
En tanto, los gastos corrientes trepaban a 50.035,5 millones de pesos, 36,71 por ciento superiores a 2019.
La APNF incluye la Administración Central, pero además la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF) y la Caja de Jubilaciones.
La dinámica hasta ahí mostraba ingresos creciendo por debajo de los gastos, en todos los casos por debajo de la inflación interanual.
La suba de las erogaciones se asentó en el fuerte incremento del gasto en personal. Efectivamente, en el primer bimestre del año había acumulado 21.196,13 millones de pesos, 47,8 por ciento más que un año atrás y casi en línea con la suba de precios minoristas en el mismo lapso.
El gasto salarial muy seguramente evolucionará en forma descendente con el correr de los meses, aún con la paritaria acordada por los estatales hasta mediados de año. De hecho, hoy y tal como está el panorama, algunos gremialistas temen que el aumento que correspondería con los salarios de mayo podría no aplicarse. Desde el Gobierno hay hermetismo sobre el tema.
Como fuere, la Provincia terminó febrero con un ahorro corriente que, para la Administración Central llegó a 14.151,4 millones de pesos, 37,84 por ciento superior a 2019. En tanto, para la APNF fue de 7.411,6 millones, apenas 18,6 por ciento más elevada que un año atrás.
Por el lado de los ingresos de capital, en el consolidado llegaron a 464,13 millones de pesos, 7,1 por ciento menores al año pasado.
En tanto, los gastos de capital, también para la APNF fueron de 1.082,9 millones de pesos. De ese monto, 875,9 millones de pesos correspondieron a inversión real directa, 62,6 por ciento inferiores al año pasado.
De esta forma, los ingresos totales de la APNF se ubicaron en 57.911,27 millones de pesos, 33,6 por ciento mayores al primer bimestre del año pasado. En tanto, los gastos totales fueron de 51.198,42 millones de pesos, 26,6 por ciento más elevados que un año atrás.
Así, el resultado financiero consolidado fue de 6.792,85 millones de pesos, 132,4 por ciento mayor al año pasado. En el caso de la Administración Central llegó a 8.536,1 millones de pesos, 232,2 por ciento superior a 2019.
Evidentemente, esos números mostrarán ya en marzo otra tónica que se acentuará aún más en abril e incluso en mayo.
Por lo pronto, la recaudación de marzo cayó 13,8 por ciento a valores constantes y la de abril habría arrojado números aún más negativos aunque nivelados en parte por los giros extraordinarios que envió el Gobierno nacional como Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a que las provincias puedan paliar en parte la crisis.
A Córdoba llegaron poco más de 2 mil millones de pesos en tres envíos diferentes.
Caja de Jubilaciones
Dentro de los duros indicadores que arroja la crisis, la buena noticia, al menos por ahora, es que el Gobierno nacional comenzó a regularizar los pagos por la cobertura de parte del déficit previsional de Córdoba.
Hasta febrero, la Caja acumulada un rojo de 3.614 millones de pesos, 111,3 por ciento más que en el mismo período del año pasado.
En rigor, si bien Nación cumple hasta ahora en tiempo y forma con los pagos acordados, sólo cubre la mitad del quebranto de la Caja. El resto debe ser solventado por el Tesoro provincial. Ese rojo creciente y las dificultades del Gobierno provincial para atender las exigencias que impone la crisis, impulsan cada vez con más fuerza los rumores sobre inminentes medidas de ajuste al régimen previsional de Córdoba.
Bonos hasta el 31 de marzo
El Gobierno de Córdoba oficializó en las últimas horas la emisión de “Títulos de Deuda para el pago de Proveedores y Contratistas” por un total de hasta 9 mil millones de pesos y que, según se informó, servirán para cancelar pasivos con las empresas acreedoras generados hasta el 31 de marzo pasado.
La fecha límite es el dato novedoso que incluye el Decreto firmado por el gobernador Juan Schiaretti y que activa la colocación de los bonos que ya habían sido aprobados por la Legislatura.
Los titulos pagarán intereses trimestrales y capital en cuatro servicios semestrales a partir del mes número 18 y hasta el mes 36, fecha en que vencerán los instrumentos.
Por lo demás, pagarán tasa Badlar bancos privados, según se informó.
Los bonos que cotizarán en el mercado secundario, podrán utilizarse para cancelar deuda tributaria y no tributaria.
La herramienta será destinada a pagar pasivos generados con proveedores y contratistas de obra pública, entre certificados impagos pero también producto de renegociaciones por mayores costos en los contratos.
La emisión de títulos también será utilizada por la Municipalidad de Córdoba como instrumento de pago a acreedores, en este caso por hasta 2 mil millones de pesos, según se informó oportunamente.
En ambos casos, la estrategia apunta a cubrir un quebranto que, en momentos de fuerte caída de la recaudación, no tenía mayores chances de ser cancelado en el corto plazo.
Coparticipación a pique
Los envíos nacionales a Córdoba alcanzaron en abril pasado a 10.471,75 millones de pesos, 16 por ciento superiores a los registrados un año atrás. Sin embargo, la cifra es muy inferior a la inflación minorista del mismo período que se ubicaría en torno al 47 por ciento.
La caída de los ingresos coparticipables presagia una baja similar en la recaudación propia que, sin embargo y según trascendió, no habría sido tan drástica como la baja de los giros nacionales.
La coparticipación nacional representa para Córdoba más de seis de cada 10 pesos de ingresos corrientes mensuales y resulta clave para sostener los gastos del Estado.