El forzado retroceso de marzo

Los primeros diez días de marzo fueron una continuidad de los precedentes en cuanto a la actividad económica y apuntaban a consolidar la creciente evolución. No obstante, la medida que elevó el nivel de las retenciones a exportaciones de soja y girasol -además de convertirlas en variables- fue la chispa que provocó un conflicto del que no existen situaciones semejantes en la historia del país. Según se informó, la medida pretende que no siga creciendo el área sembrada con soja y se amplíe la de trigo y maíz. Si era el objetivo, la escasa reducción introducida es inadecuada para la ampliación.
Cabe advertir que el tipo de cambio en Argentina está sobrevaluado ya que el BCRA adquiere día a día el excedente de divisas y así impide que el cambio baje; como ha sucedido en Brasil. Las tan discutidas retenciones, que rigieron antes de las modificaciones del 11 de marzo, no hacían otra cosa que rescatar una parte de ese mayor valor que, obviamente, es ajeno a la gestión del sector agropecuario. Sirven para aislar y proteger un menor nivel en la evolución de los precios internos con respecto a los externos y evitar que la mayor cotización y la suba de aquéllos afecten el de costo de vida.
Hasta ese momento los representantes del mencionado sector formulaban reclamos tendientes a reivindicar para sí esa diferencia, pero se habían mantenido expectantes, sin interferir en la actividad diaria. Esa prudente actitud cambió radicalmente al conocer el nuevo régimen, implementado sin previo aviso. En esta emergencia no sólo expresaron su rechazo sino que, al unísono, las cuatro entidades empresarias representativas “exigieron” la anulación de lo actuado y pasaron al terreno de los hechos mediante un paro, que provocó el bloqueo de todas las rutas más importantes. A ello agregaron el ejercicio de una acción autoadjudicada -a toda luz ilegal- destinada a permitir o impedir el paso y dejar a la vera del camino los camiones que transportaban carga de productos de ese origen, salvo leche. En consecuencia, una cuestión que debía ser abordada y resuelta en una mesa de negociaciones pasó a convertirse en una puja política sobre el ejercicio del poder real. Ello fue más tangible desde el momento en que el Gobierno aceptó hacer un análisis conjunto de los temas controvertidos en búsqueda de coincidencias, pero siempre que antes se levantara el paro. Es evidente que no tenía otra alternativa pues nadie puede arrogarse la facultad de respaldar sus intereses particulares mediante el uso de la fuerza y, menos aún, imponiendo privaciones a la población. Por otra parte, de haber aceptado esas condiciones, el antecedente -muy funesto- generaría un poder paralelo que lograría obtener lo que pretende y convertirse en ganador de cualquier futuro conflicto económico. Demás está decir que esta modalidad no tiene nada que ver con los procedimientos que rigen una república que se precia de democrática y fiel a sus instituciones.

La diversa composición de propietarios y productores

Resulta bastante difícil entender lo que estuvo en juego sin tomar conciencia de cómo y la identificación de los integrantes del sector agropecuario. El circuito comienza con la preparación de la tierra para la siembra y llega, en su última etapa, a la colocación en el mercado; sea éste interno o externo.
Es de todos conocida la elevada cotización que tienen los inmuebles rurales. Éstos oscilan entre US$ 15.000 y US$ 4.000 mil la hectárea, variando esa cotización según su ubicación y rendimiento, sie

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