ESCUCHAREl cordobés Martín Gill, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja, impulsa la iniciativa, que prevé multiplicar por tres la inversión actual en el área durante los próximos tres lustros.
Se sabe que no hay desarrollo sostenible y de largo aliento en un país sin una fuerte decisión pública y privada de invertir en Investigación y Desarrollo.
Argentina lo tiene en agenda y en los últimos 11 años mucho se ha avanzado en materia de recuperación de la “materia gris” que tuvo su diáspora en los años de neoliberalismo; esto fue complementado por el reordenamiento de los organismos nacionales que promueven la ciencia y la tecnología, multiplicación del presupuesto del área, alzas en los sueldos de los investigadores, ampliación de los centros de investigación y mejoras en la carrera científica.
Sin embargo, a pesar de tantos avances y de la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, es necesario consolidar esos logros hacia el futuro y profundizar el camino iniciado con mensajes claros a la actividad privada y académica del país sobre la decisión política y social argentina de construir las bases del desarrollo futuro del país a partir de la fuerte inversión en el presente en ciencia y tecnología.
En esa línea, el Congreso Nacional debate un proyecto de Ley impulsado por un legislador cordobés, Martín Gill (FPV) y apoyado por otros representantes, que establece un rango de financiamiento mínimo para para la ciencia y la tecnología en Argentina. El objetivo es consolidar y aumentar en el tiempo las políticas implementadas desde 2003, con un instrumento similar a la Ley de Financiamiento Educativo.
El proyecto ya tiene estado parlamentario, y en los próximos días la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados comenzará a analizarlo. Gill preside esa comisión, en la que ya se ha verificado que existe consenso en debatir un régimen de financiamiento para la producción científica y tecnológica en el país.
Crecimiento progresivo
El mecanismo que propone la iniciativa en cuestión prevé un crecimiento progresivo de la inversión en el área durante los próximos 15 años, hasta alcanzar un nivel aceptable para las necesidades de un sector de actividad que estuvo abandonado durante décadas, en las que no se apostó al desarrollo autónomo de capacidades científicas nacionales y se profundizó una brecha tecnológica que hoy acarrea diversos inconvenientes al sistema productivo argentino.
Consultado sobre las características principales del proyecto, Gill señaló que el objetivo de la ley es consolidar la producción científica como una de las bases para el desarrollo, dotándola de una herramienta que garantice el financiamiento más allá de las coyunturas. En efecto, la norma prevé que el Estado nacional deba incrementar sucesivamente, de 2016 a 2030, el porcentaje del PIB destinado a la ciencia e innovación.
Años atrás, esta misma metodología fue impulsada en el ámbito de la educación mediante la Ley de Financiamiento Educativo y permitió que la inversión en el área esté por sobre las metas que se habían establecido alcanzar en el año 2010. De esta forma, Argentina logró ubicar al financiamiento del sistema educativo entre las políticas de Estado.
Actualmente, Argentina invierte en ciencia y tecnología 0,37 por ciento del PIB. El proyecto explicita una escala de crecimiento mínimo de la inversión año tras año, hasta alcanzar la meta de uno por ciento.
El incremento en el financiamiento tendrá destino en la formación de recursos humanos especializados, creación de nuevas infraestructuras que sostengan la labor científica, promoción y fomento de instrumentos que generen un mayor involucramiento del sector privado en la inversión para innovación tecnológica; federalización de la producción científica con especial énfasis en las zonas geográfica más desfavorecidas, entre otros.
Además, contempla el supuesto de ejercicios en los que no exista incremento en el PIB. Para ese caso, la meta anual deberá adecuarse proporcionalmente al incremento de la recaudación, de forma tal que la inversión destinada al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología no podrá decrecer en términos nominales.
Sustentabilidad y desarrollo
Con la iniciativa se busca dar mayor sostenibilidad en el tiempo a las políticas que desde 2003 se vienen llevando adelante en materia de ciencia y tecnología, tales como el Programa Raíces –que ya tiene calidad de ley y logró la repatriación de 1.130 científicos-, y la creación de un ministerio específico para el área, entre otras, que permitieron pasar de una inversión de 0,17 por ciento del PIB en 2003 a 0,37 en 2015, reflejando un incremento de 217 por ciento.
El autor del proyecto es el actual secretario general de la Presidencia, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y lleva la firma de Gill, Horacio Pietragalla, Lautaro Gervasoni, Andrés Larroque y Anabel Fernández Sagasti. Diversos organismos que regulan la actividad científica así como espacios que agrupan a científicos ya se han pronunciado en favor de una Ley de Financiamiento y se espera un rápido avance legislativo del proyecto.
