ESCUCHAREl anuncio de la semana pasada respecto a la pesificación forzosa de las tenencias de bonos en dólares en el sector público nacional despertó una serie de debates y acusaciones respecto al verdadero impacto de la medida. Mientras desde la tribuna oficialista celebraron la decisión del ministro Sergio Massa, desde la vereda de enfrente fueron muy críticos al respecto.
Los economistas y políticos vinculados al oficialismo intentaron ser optimistas en su análisis, destacando el impacto de la decisión en la calma cambiaria que la sucedió, así como el ordenamiento y la unificación de las estrategias de las distintas reparticiones del sector público que poseen bonos en dólares.
En contraste, los políticos y economistas consideraron que la medida fue contradictoria respecto a lo planteado hasta ahora, y que su única finalidad es ganar tiempo hasta el próximo turno electoral. Los más osados arriesgaron que es la última caja a la que puede echar mano el gobierno antes de generar una situación económica con potencial para sumergir al país en una profunda crisis cambiaria y su consiguiente proceso hiperinflacionario.
La estrategia elaborada por Massa en conjunto con el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, procura cumplir con una exigencia del FMI: dejar de utilizar reservas para contener al dólar. El instrumento elegido son los bonos en dólares, que son los que fijan un tipo de cambio implícito en el mercado. Según las estimaciones del ministerio de Economía, el volumen involucra unos US$4.000 millones, que incluyen las recompras efectuadas por el Tesoro en las últimas, por un valor nominal de US$1.500 millones.
De qué se tratan las medidas
En primer lugar se obligó a las jurisdicciones, entidades y fondos del Sector Público Nacional (esto excluye el Banco Central) a canjearle al Tesoro sus tenencias de bonos soberanos argentinos regidos por ley extranjera pagaderos en dólares (“Globales”). El Ministerio de Economía) determinará las condiciones de la subasta. Recibirán a cambio un bono dual con vencimiento en 2036 pagadero en pesos. El capital de este dual se amortizará al vencimiento y, como indica el nombre, se indexará a lo que más suba entre la inflación (formalmente el CER, coeficiente que sigue de forma rezagada al IPC-Indec) y la devaluación (formalmente la depreciación del tipo de cambio oficial mayorista que surge de la Com. A 3500 que publica el Banco Cental).
En segundo lugar, las mismas entidades anteriormente nombradas deberán vender o subastar sus tenencias de Bonares. Estos bonos son idénticos a los Globales anteriormente mencionados, excepto por una única diferencia: se rigen por legislación argentina. El Ministerio de Economía determinará cómo se realizarán las ventas/subastas. A diferencia del canje de los Globales, a estas entidades no se les canjeará los Bonares por un título en pesos. Entonces, ¿qué harán con los pesos de las ventas/subastas? Por un 70% de los pesos que surjan de las ventas/subastas estas entidades estarán obligadas a suscribir títulos del Tesoro en pesos. El 30% remanente deberá ser utilizado en gastos, inversiones y/o aplicaciones financieras acordes a los objetivos, metas y actividades de cada organismo en el transcurso del ejercicio presupuestario 2023.
Finalmente, una flexibilización de normativas del mercado de capitales. Por medio de la resolución general N° 953 la CNV derogó un artículo (RG 843) que imposibilitaba a los agentes de liquidación y compensación (ALYC) a operar Bonares con cartera propia (entiéndase informalmente por ALYC las casas de bolsa).
Qué se busca con esto
El objetivo señalado por algunos funcionarios del Gobierno es que estas medidas deben darle profundidad al mercado de bonos en dólares ley local, reducir la deuda pública bajo ley extranjera, eliminar restricciones de operatoria de Bonares para generar demanda por estos activos, ganar capacidad de acción estatal para incidir en la cotización de los dólares financieros, absorber excedentes de pesos, entre otras.
Sin embargo, algunos analistas sostienen que esta batería de medidas tiene dos grandes objetivos: conseguir financiamiento para el Tesoro y, en menor medida, contar con mayor poder de fuego para intervenir los dólares financieros.
Esta objeción parte de que estos Bonares (al igual que los Globales) pueden operarse tanto en pesos como dólares, independientemente de que prometen pagar capital e intereses en moneda dura.
En segundo lugar, si la venta/subasta de Bonares de las entidades destacadas se realiza “contra” mercado (es decir, no siendo el Tesoro quien compra estos títulos y otorga a cambio otros), 70% de los pesos que reciban se canalizará a las licitaciones de deuda del Tesoro Nacional. Esto busca darles aire a las licitaciones del Tesoro y traerle un alivio al ajustado programa financiero.
En tercer lugar, el canje es una mala señal para el mercado, ya que el Gobierno pasa de la recompra a la reventa. Con datos oficiales de la Tesorería General de la Nación el Gobierno a fines de febrero había recomprado deuda (Globales) por aproximadamente US$1.616,8 millones de valor nominal (más de US$525 millones a valor de mercado a fines de febrero) a precios que oscilaban entre los 33 y 37 dólares. Actualmente el Gobierno muestra que está dispuesto a que las entidades mencionadas vendan su tenencia de Bonares a precios que actualmente oscilan entre 23 y 27 dólares. Desde ya, los Bonares no son iguales a los Globales, pero la señal es de fracaso rotundo y desesperación.
El peligro es que se siga derrumbando la paridad de los bonos, que en los últimos días perforaron los US$25, precios que indican un default casi inminente. Sostener las cotizaciones de los bonos y evitar que siga aumentando el riesgo país es otro de los desafíos que enfrenta Massa. Al menos en teoría choca con la necesidad de mantener los dólares financieros bajo control.
En cuarto lugar, aunque el stock de deuda en moneda extranjera de legislación local no aumentaría, su reventa al sector privado implicaría un aumento de la tenencia privada de ésta, ya que pasaría de manos públicas a manos privadas.
En quinto lugar, no queda claro qué hará el Gobierno con los Globales. Si bien algunas autoridades indicaron que la idea sería deslistarlos, el proceso dista de ser inmediato. La tenencia en cartera de estos títulos le deja la puerta abierta al Gobierno para salir a revenderlos en pesos para controlar los dólares financieros.
Con esta maniobra de “deslistar” los Globales el Gobierno quiere mostrar una reducción de la deuda en moneda extranjera. Se trata de una dudosa bandera que procura recuperar la “mística” de Néstor Kirchner, cuando le pagó cash toda la deuda al FMI, por casi US$10.000 millones.
Finalmente, la operatoria de los Bonares podría llegar a afectar a la deuda en moneda local. Si existiera la demanda para comprar estos Bonares como apunta el Gobierno, la pregunta es de dónde salen los pesos para adquirirlos. Si, tras la pronunciada caída de precios reciente, los privados vieran una oportunidad de “rotar” desde bonos en pesos hacia Bonares, podrían verse desarmes en posiciones de deuda en pesos y, paradójicamente, terminar afectando las licitaciones, uno de los pilares del 2023. Así, ese supuesto desendeudamiento en dólares podría llevar a un descalabro superior por la deuda en pesos ya emitida.
Intervención de la UBA
En un intento de defender la movida, el ministro de Economía aseguró que iba a dar participación a la Universidad de Buenos Aires para que determine si el canje era beneficioso para la Anses. A partir de dicha intervención profesional se decidiría mantener la política actual o reformarla. La afirmación del ministro tenía la clara finalidad de salir de un brete periodístico antes que definir un rumbo real de gestión.
Críticas
Más allá de que las críticas llovieron desde distintos rincones de la oposición, fue llamativo un hilo de twitter en el que la titular de Transparencia Internacional, la argentina Delia Ferreira, se refirió al canje. El foco estuvo puesto no en lo económico, sino en lo relativo a las formalidades legales de lo anunciado.
En el mismo aseguró que “El Ministro Massa 1º, por decreto, dispone el destino de activos del FGS y otros entes que por ley deben manejar esos fondos autónomamente. Con la medida deja varias leyes sin efecto. Seguridad jurídica = 0
“2º, afirma que con los nuevos bonos que le darán a la Anses, la entidad no perderá porque podrá decidir por sí qué hacer con ellos. Nada creíble, acaba de terminar de un plumazo con la autoridad de la Anses. Nada le impide al ministro volver a hacerlo.
“3º, después de tomar la medida (y probablemente beneficiar a algunos amigos, además de a los bancos), decide arbitrariamente que la UBA va a hacer un dictamen. ¿Por qué no otra universidad? ¿Ya está todo arreglado?
“4º, afirma que si el dictamen dice que hay un perjuicio para Anses, los bonos de la Anses no serán afectados por el canje. ¡¡Ello implica que un dictamen de la UBA dejará sin efecto un DNU!! Y muestra además que el Gobierno decide primero y analiza después”.
