ESCUCHAREl Gobierno provincial gestionó y obtuvo fondos del Banco de Córdoba por hasta 450 millones de pesos en los últimos días como forma de asegurarse el pago de jubilaciones y salarios a partir de la complicada situación financiera de la Provincia, agudizada por la falta de envíos de compromisos nacionales.
El dato que ni el ministro de Finanzas, Angel Elettore, ni funcionarios del Banco de Córdoba presentes el miércoles último en la Unicameral, quisieron detallar, fue admitido a Comercio y Justicia por una alta fuente del Ejecutivo.
“Se gestionaron 450 millones de pesos”, señaló. No obstante, aclaró que esos fondos ya fueron restituidos en parte al Banco de Córdoba.
Según lo dispuesto por la Asamblea de Accionistas el 29 de abril pasado y particularmente el 30 de junio último, la entidad quedó autorizada a otorgar un crédito puente en pesos por hasta 150 millones de dólares a modo de adelanto por el título Boncor 2017 que el banco colocaría por cuenta y orden de la Provincia en octubre próximo. Ese adelanto eroga tasa Prime más cinco puntos en una primera instancia.
En esa línea, la fuente recordó que los préstamos otorgados a la Provincia, principal accionista, son devueltos en su mayor parte a los pocos días, conforme al flujo de ingresos por coparticipación o recaudación propia.
De todas formas, la magnitud de los préstamos da cuenta a las claras de las dificultades que tiene la Provincia para reunir los fondos suficientes para atender obligaciones impostergables como salarios y jubilaciones.
Un largo camino
Por lo demás, las fuentes indicaron que los giros a la Provincia están autorizados por el Banco Central. “Es parte de los waivers o franquicias que nos otorga el Central en el marco del plan de saneamiento que hemos presentado”, reveló el informante.
Ese plan, que busca regularizar la relaciones de capital del Banco de Córdoba, hoy en infracción, es analizado desde hace tiempo por el BCRA que aún no aprueba el encuadramiento definitivo. Una vez avalado, marcará un sendero que el Córdoba deberá transitar con una serie de exigencias a cumplir y que debería concluir en 2018, de acuerdo con la nueva fecha negociada con la autoridad monetaria.
Encuadrado con el aval del BCRA, el Córdoba quedaría “dentro de la ley” y, por ejemplo, podría salir al mercado a fondearse pagando una tasa sensiblemente menor a la que debería pagar actualmente.
