ESCUCHAREl proceso de eliminación de controles cambiarios “lo definirán las propias autoridades de Argentina contemplando la evolución de las variables económicas relevantes, quienes compartirán con el Frente Monetario Internacional (FMI) los parámetros que serán monitoreados, sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas”, precisó un comunicado difundido en la noche de ayer por el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), referido a la aprobación de la octava revisión del acuerdo que el país tiene con el organismo.
De esta manera, las autoridades ratificaron un manejo “flexible” de la política monetaria.
La información oficial ratificó que el BCRA “contempla avanzar en la liberación de controles cambiarios y en una mayor flexibilidad cambiaria”, pero advirtió que lo hará “siempre y cuando estas medidas no impliquen riesgos excesivos para el proceso de reducción de la inflación y fortalecimiento de su hoja de balance, tal como se refleja en el acuerdo con el FMI.
Las autoridades precisaron que, tras la aprobación de la última revisión del Programa de Facilidades Extendidas vigente con Argentina, se libera el desembolso de alrededor de US$790 millones, un monto que supera la próxima amortización al FMI (julio de 2024) de aproximadamente US$645 millones. Aclara, además, que el pago previsto para julio es el último de amortización al Fondo contemplado dentro del marco del programa actual que vence en noviembre de 2024. A partir de ese pago y durante los próximos dos años (hasta septiembre de 2026) Argentina no enfrenta más vencimientos de amortización de principal con el organismo multilateral.
El comunicado da cuenta de que el BCRA acumuló US$9 mil millones de Reservas Internacionales Netas (RIN) al 31 de marzo, siendo la meta a esa fecha de US$6 mil millones. Especifica que “este sobrecumplimiento holgado, sumado al crecimiento de las RIN observado en los meses posteriores arroja una recuperación acumulada de US$11,3 mil millones a la fecha de hoy, que próximamente será engrosado por el
desembolso de US$790 millones aprobado”.
En vista de que el nivel actual de acumulación de reservas ya excede el previsto en el programa para todo el segundo trimestre (meta original de US$9,2 mil millones al 30 de junio de 2024), se acordó elevar la meta del segundo trimestre a US$10,9 mil millones, sin afectar la meta anual original.
Equilibrio fiscal
“El objetivo de equilibrio financiero contemplado en el acuerdo se alcanzó en tiempo récord”, sostiene el comunicado. Señala que partiendo de un déficit financiero de 4,6% del PIB en 2023, en el primer cuatrimestre del año el superávit primario ascendió a 0,7% del PIB y el financiero a 0,2% del PIB. Este resultado “se alcanzó con una combinación de recorte permanente de gastos y suba transitoria de impuestos”.
Las autoridades sostienen que “el equilibrio fiscal se alcanzó sin descuidar a la población más vulnerable, reforzando en forma significativa los programas sociales que, sin intermediarios, llegan en forma directa a los beneficiarios”.
En particular, destaca que la Asignación Universal por Hijo se incrementó 335% entre noviembre de 2023 y junio de 2024, resultando en un incremento en términos reales estimado de 90%. La Tarjeta Alimentar y el programa Primeros Mil Días de Vida también exhibieron subas reales estimadas en 4% y 470% en dicho período. Las jubilaciones sin incluir el bono registraron un incremento estimado en 3% en términos reales, como consecuencia del refuerzo de 12,5% otorgado en abril y el cambio a una actualización automática por inflación con un rezago de dos meses habilitado por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024 del Poder Ejecutivo Nacional. Anticipa que “es de esperar que las jubilaciones continúen creciendo en términos reales dado el proceso de desinflación en curso”.
Para el segundo semestre, adelanta que “con la economía retomando el crecimiento y el efecto pleno sobre las cuentas fiscales de los cambios en las tarifas de energía, la actualización en el impuesto a los combustibles y la reducción en los gastos de funcionamiento, el Gobierno espera iniciar una reducción significativa en los impuestos más distorsivos, comenzando por el impuesto PAIS una vez promulgada la Ley Bases”.
