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Las diferencias en la oposición se daban por el financiamiento del incremento. Para el oficialismo el alza no es legal y pone en peligro las cuentas públicas.
Los distintos bloques de la oposición en Diputados buscaban anoche aprobar el proyecto que plantea el aumento de las jubilaciones al 82% del salario mínimo vital y móvil, prevé el cambio en la fórmula de movilidad y la recomposición de los haberes jubilatorios de acuerdo con el fallo “Badaro”. Las versiones indicaban que contaban con los votos para lograr la aprobación en general, pero que mostrarían diferencias en la votación en particular. Por la tarde, la presidenta Cristina Fernández alertó que si avanzan algunos de los proyectos que la oposición impulsa en el Congreso “en tres meses estaríamos en default”.
Al cierre de esta edición, los diputados de la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal se mostraron confiados en que la iniciativa será aprobada en el recinto y pasaría al Senado, pese a la resistencia del Frente para la Victoria. Se preveía además que el debate, que comenzó ayer a las 14.30, se prolongara hasta la madrugada. Las versiones indicaban que, tras la votación en general, los legisladores opositores propondrían modificaciones al dictamen de la mayoría, a fin de incorporar a ese texto una fuente de financiamiento al aumento jubilatorio. De todas maneras, mantendrían diferencias sobre cuál sería esa fuente de recursos.
Una sesión polémica
La sesión de ayer en Diputados quedará sin dudas como una de las más importantes del año, y llegó antecedida de varias polémicas. Por un lado, porque la oposición no había logrado consensuar en comisión un dictamen para tratar en el recinto, por lo que llegó a la Cámara con dos propuestas.
El dictamen por minoría, apoyado por la centroizquierda que encabezó Proyecto Sur, propuso que el aumento para la clase pasiva se financie con fondos de la Anses y por medio de la restitución de las contribuciones patronales para grandes empresas al nivel de 1993, cuando el menemismo las redujo a la mitad. Esta propuesta preveía cargar el aumento a los jubilados sobre las firmas con más de 40 trabajadores y una facturación anual de diez millones de pesos.
El dictamen por mayoría, por su parte, defendido por el macrismo, el PJ disidente y la UCR, no contemplaba de dónde saldrían los fondos, pero se resistía a una suba de las contribuciones.
Otro punto polémico estaba vinculado con el impacto que tendría esta suba a los jubilados sobre las arcas del Estado nacional. La iniciativa de la oposición supone elevarlas de los actuales 895 pesos -que serán 1.046 pesos a partir de septiembre- a 1.427 pesos mensuales, con un costo anual para el Estado calculado por la oposición en 18.900 millones de pesos y por el oficialismo en 40.000 millones de pesos. También propone modificar el índice de actualización semestral e incrementar las jubilaciones que habían quedado congeladas entre 1991 y 1995, y entre 2002 y 2006.
Por último, también las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández caldearon los ánimos en la previa de la sesión. La mandataria advirtió ayer que “si se aprobaran algunos de los proyectos que se están planteando en el Congreso, en tres meses estaríamos en default”.
Las voces a favor
La defensa de un aumento de los haberes jubilatorios estuvo a cargo de varias fuerzas opositoras. El diputado Eduardo Ibarra (del Peronismo Federal) argumentó en la sesión de ayer que los jubilados “necesitan” la sanción del proyecto para que sus haberes tengan “un correlato con el salario” de los trabajadores activos. “No me imagino a Perón haciendo cálculos de cuánto iba a costar el pago del aguinaldo”, señaló.
Por su parte la representante de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, rebatió la advertencia de Cristina Fernández: ”Todos sabemos que es una mentira que vamos a ir al default. Esto lo tiene que bancar el Estado, no los aportantes”, expresó. Consideró que se deben “generar instrumentos impositivos que aseguren” ingresos para sustentar el aumento previsional e hizo hincapié además en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado aplicar el 82% móvil.
El diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, consideró que los recursos “alcanzan y sobran” para implementar un aumento del 82% móvil a las jubilaciones con la reformulación de los aportes patronales para las grandes empresas. Basó su argumentación en datos de la AFIP, según los cuales cuatro por ciento de las empresas concentra 72% de la masa salarial argentina, lo que representaría 20 mil millones de pesos en aportes patronales.
En contra del proyecto
Como lo había anticipado, el oficialismo no dio quórum para tratar el proyecto, pero luego bajó al recinto para expresar su negativa al aumento.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Gustavo Marconatto (del Frente para la Victoria), recordó que, de acuerdo con la actual Ley de Administración Financiera, “toda ley que autorice gastos no previstos en el Presupuestos” debe explicar la fuente de los recursos. Por ello consideró que la iniciativa “carece de legalidad”.
En el mismo sentido se expresó el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, quien criticó el dictamen por mayoría porque “no tiene fuentes de financiamiento”, mientras que fustigó el emitido por minoría porque “plantea no con mucha rigurosidad técnica el aumento de los aportes patronales”. Además, consideró que ninguna de las dos propuestas opositoras “tienen sustentabilidad en el tiempo”.
El transfondo político del debate
Si pasa el Senado, la presidenta vetaría el aumentoSi bien no se descarta ninguna posibilidad, el enorme impacto que tendría el aumento a los jubilados sobre las arcas nacionales -entre 20.000 y 40.000 millones de pesos al año, según los cálculos opositores y oficialistas- hace prever que el Gobierno vetará la iniciativa si ésta también obtuviera la aprobación del Senado. De todas maneras, en la Cámara alta los números son más ajustados para la oposición y no hay seguridad con respecto a que pueda lograr la aprobación.
Más allá de la justicia que implica la suba de los haberes a los pasivos -que no es discutida por ningún sector, ni por el Gobierno-, la avanzada opositora tiene una clara intencionalidad política: o bien achicar los márgenes de acción del Ejecutivo por medio del desfinanciamiento del Estado nacional, o bien hacerle pagar el costo de un veto a Cristina Fernández.
Por ahora, en los primeros dos años de gestión la mandataria firmó un veto total y 16 promulgaciones parciales. Pero la afrenta opositora con proyectos que implicarían una fuerte reducción de la capacidad de acción política y económica del Gobierno nacional hace prever que antes de fin de año podría recurrir a la posibilidad del veto presidencial.
Hay que recordar que en el Congreso se están debatiendo proyectos que implican cerca de 100.000 millones de pesos al año para el Estado nacional. Entre ellos se encuentran el que prevé la coparticipación plena del Impuesto al Cheque -que ya pasó el Senado- y el que plantea la normalización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) -que también pasó la Cámara Alta-, que impactaría en los ajustes de deuda.
También se contabiliza allí el proyecto que prevé la desaparición o reducción de las retenciones a los granos y el que prevé la devolución de 15% de la coparticipación con el que las provincias financian a Anses.
