ESCUCHARLa comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitirá este jueves 20 de octubre un dictamen sobre el proyecto de gastos y recursos para el 2023.
Se espera la incorporación de cambios solicitados por los gobernadores sobre los subsidios para el transporte del interior y un nuevo mecanismo para el pago de deudas con Camessa y otros pedidos por legisladores sobre Universidades, Manejo del Fuego y programas sociales.
El Frente de Todos tenía asegurado poder tener un despacho con un alto consenso ya que no solo lo firmarán los diputados oficialistas, sino que también lo haría el de Provincias Unidas, por lo que reuniría 25 firmas sobre las de los 49 integrantes de la comisión.
El resto, tanto los 23 de Juntos por el Cambio, como el del interbloque Federal, no firmarían ningún despacho o expresarían algunas disidencias parciales, y se inclinarían por el acompañamiento en general o la abstención cuando se de la votación en el recinto.
La intención del oficialismo es poder tratar el proyecto en una sesión que se celebraría el próximo martes a las 13, y que se extendería por más de 20 horas.
Para diagramar esa sesión, el próximo lunes se reunirán los presidentes de bloque, en Labor Parlamentaria.
El objetivo es obtener entre martes y miércoles la media sanción para permitir que el Senado tenga el tiempo necesario para convertir en ley este proyecto clave para el Gobierno antes del 30 de noviembre.
Para poder tener un dictamen con un amplio respaldo político, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, mantuvo conversaciones a lo largo de toda la jornada con legisladores de diferente extracción política que le solicitaron diversos cambios al texto diseñado desde el ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa.
Desde el oficialismo siempre existió la voluntad de llegar a un acuerdo con la oposición pero siempre que se mantengan las variables económicas que estiman un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios.
Para la bancada del FDT que conduce Germán Martínez, es clave poder enhebrar acuerdos con los bloques opositores ya que tiene 118 legisladores -117 en condiciones de votar- con lo cual necesita al menos unos quince para tener una mayoría más holgada que supere los 129 votos.
A lo largo del debate que se extendió por tres semanas y durante el cual expusieron nueve ministros y más de una veintena de funcionarios, el oficialismo mostró su predisposición para incluir modificaciones ante los reclamos de diputados opositores así como del propio FDT en temas como los subsidios para el transporte de pasajeros y las deudas con la empresa Cammesa.
Anoche, Massa acordó con gobernadores del FDT y la UCR aumentar las partidas para los subsidios del Transporte Automotor de $66.000 millones a $85.000 millones.
El gobernador Gerardo Zamora anunció por Twitter que “de común acuerdo se decidió la asignación de $85.000 millones para el presupuesto 2023 como piso para corregir las asimetrías entre jurisdicciones en materia de subsidios”.
También señaló que se propone la creación del Consejo Federal de Administración para aplicación de tarjeta SUBE y la aplicación de subsidios por jurisdicción, y aclaró que “este aumento de recursos no implicará aumento del gasto público nominal sino reasignación de partidas previstas en el proyecto enviado al Congreso”.
Acerca del artículo que establece el proceder sobre las deudas con Cammesa, el mandatario santiagueño dijo que “se avanzó en un programa de solución estructural para las deudas de empresas energéticas con la firma Cammesa mediante un programa de amortización específica”.
Una de las premisas que expuso el oficialismo a lo largo del debate que los cambios no pueden implicar mayor déficit, es decir que cualquier modificación no debe alterar el déficit previsto de 1,9 por ciento.
Además de los subsidios al transporte automotor existían demandas desde Juntos por el Cambio para cambiar los artículos que permiten al Gobierno aumentar las retenciones agropecuarias, otro sobre el blanqueo de capitales destinado a la compra y construcción de viviendas, y la inclusión de una cláusula gatillo para que si sube la recaudación el Poder Ejecutivo envíe una corrección del Presupuesto al Congreso Nacional.
En el oficialismo, los diputados de Patria Grande solicitaron un incremento de partidas del Programa Becas Progresar, y para el Fondo de Integración socio urbana.
Si bien existen muchos pedidos de cambio el Presupuesto ya tienen más del 65% de los fondos destinados a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y se priorizarán los fondos para salud, ciencia y educación.
El proyecto estima un gasto total de casi $29 billones, con una recaudación aproximada de $22,5 billones y un déficit primario de $6,3 billones.
Además contempla un aumento del consumo privado estimado en 2,2% y la inversión en 2,9%, en tanto en materia de financiamiento se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.
En cuanto a la distribución del gasto, el proyecto contempla destinar a la Administración Gubernamental $1,6 billones, a Servicios de Defensa y Seguridad $1,2 billones, a gastos sociales $18 billones, servicios económicos $4,5 billones y a deuda pública $2,9 billones, lo que implica casi $29 billones.
Contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de U$D 7.700 millones este año a U$D 12.300 millones en 2023.
Otro aspecto central será la posibilidad de blanqueos de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos, y para la construcción de proyectos inmobiliarios como también para la adquisición de viviendas usadas.
En este artículo, Juntos por el Cambio pide que haya un beneficio para los contribuyentes que tienen sus deudas al día.
