ESCUCHAREl proyecto de sostenibilidad del quebranto fue votado por 59 legisladores. En tanto, 10 lo rechazaron. Juntos por el Cambio apoyó en general porque consiguió sumar en dos artículos la condición de comunicar previamente a la Unicameral. Las críticas apuntaron al tenor del endeudamiento y a las amplias facultades que otorga la ley al Ejecutivo. Ahora, todo está condicionado a que la Nación acuerde con los bonistas
La Legislatura de Córdoba aprobó ayer, por amplia mayoría, el proyecto de Ley de Consolidación de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que, entre otras medidas, faculta al Ejecutivo a reestructurar títulos por 1.203,6 millones de dólares.
Ahora, el Gobierno de Córdoba deberá aguardar que la Nación avance en la renegociación de la deuda bajo legislación extranjera.
la Provincia confía en que ese proceso terminará en los próximos días con un acuerdo. Sólo entonces será el turno de las provincias, entre ellas Córdoba.
En principio, el acuerdo que negocien los Estados provinciales no debería ser mejor que el que obtenga el Gobierno nacional.
La nueva ley fue aprobada por el bloque del oficialismo y por el de Juntos por el Cambio. El resto la rechazó con duros cuestionamientos a la política financiera asumida por el Gobierno de Córdoba y a parte de las obras nominadas a ser solventadas por esos créditos. Respecto al proyecto en sí, criticaron las amplias facultades que otorga al Ejecutivo y que calificaron como “superpoderes”.
Juntos por el Cambio aclaró que, más allá de su rechazo conceptual a la forma como se incrementó la deuda de Córdoba, apoyó en general para dotar al Ejecutivo de una herramienta clave en esta instancia y luego de lograr que en los artículos 3 y 4 se obligue al Ejecutivo a informar previamente a la Legislatura.
Los detalles
La ley autoriza al Ejecutivo a “efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los Títulos Internacionales emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación, por un importe total de hasta 960 millones de dólares, en forma adicional a las previsiones contenidas en la Ley 10.678”, que es el Presupuesto 2020.
En tanto, el artículo 3 también habilita al Ejecutivo a avanzar en una operación similar, aunque en esta caso por los títulos emitidos bajo ley argentina que se encuentran en circulación, por un importe total de hasta 243,75 millones de dólares.
Por su parte, el artículo 4 autoriza al Gobierno de Córdoba a renegociar la deuda que la Provincia mantiene con el Estado nacional y/o con el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Provincias (FFDP) (…), por un importe total de hasta 11 mil millones de pesos.
En paralelo, el artículo 5 faculta al Ejecutivo a “dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que fueren necesarias y a realizar todos aquellos actos necesarios” para dar cumplimiento a la nueva ley.
En ese marco, se enumera la posibilidad de “emitir nuevos títulos públicos o efectuar adendas en relación a los títulos existentes, a efectos de modificar el perfil de vencimientos de intereses y amortizaciones de capital para consolidar la sostenibilidad de la deuda pública de la Provincia. La facultad incluye la posibilidad de adicionar al capital adeudado, los servicios de intereses impagos, siempre que esto resulte favorable para la sostenibilidad de la deuda de la Provincia”.
Al mismo tiempo, podrá “determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos o concertación de adendas de los títulos existentes, y a efectuar todas las gestiones, suscribir los contratos e instrumentos, dictar la normativa y demás documentación, convocar a asambleas de tenedores, así como realizar tareas necesarias para la emisión de nuevos títulos o enmienda de títulos públicos existentes”.
Por lo demás, también podrá designar “instituciones, agentes y/o asesores financieros para que actúen como coordinadores en la estructuración”, así como agentes “colocadores, de distribución o dealer managers, para que actúen en la administración de manejo de pasivos y/o emisión de nuevos títulos o enmienda de los títulos existentes”.
Para todas las operaciones se autoriza a “afectar la Coparticipación Federal de Impuestos en los montos que correspondan al Tesoro Provincial o instrumentar la cesión de recursos propios, como garantía de las operaciones que se realicen, con comunicación posterior a la Legislatura”.
Finalmente, se autoriza al Ejecutivo a prorrogar la jurisdicción de tribunales extranjeros y, en el artículo 7, “eximir de todo tributo, creado o a crearse, a las operaciones de crédito público que se realicen en virtud de la emisión” prevista en la ley.
El martes, luego de la exposición del ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, ante un plenario de comisiones para fundamentar el proyecto, la Unicameral constituyó la Comisión de Seguimiento de la Emisión de Títulos de Deuda, encabezada por los oficialistas Oscar González y Leonardo Limia.
Al 30 de abril pasado, el monto de la deuda provincial es de 178.986,5 millones de pesos, 92,44 por ciento de ella nominada en dólares. En tanto, 3,13% está en pesos aunque ajustada al Costo de la Construcción y 2,06% en pesos. Finalmente, 2,25% está en euros y 0,12% en dinares kuwaitíes. En tanto, la inversión en obras entre 2016 y 2019 alcanzó 5.746 millones de dólares.
