ESCUCHARApunta a evitar descuentos para el pago de deuda por $658 millones por un año hasta tanto el Máximo Tribunal se expida sobre la cuestión de fondo. Reclama su inclusión en el programa de desendeudamiento y el recálculo del pasivo. La acción considera inconstitucional la claúsula que marginó a la Provincia de la refinanciación. ¿De dónde salen los $9.935 millones que reclama Córdoba?
El Gobierno provincial sumó un nuevo reclamo contra la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, al presentar ayer una acción declarativa de certeza acompañada de una cautelar, esta vez por la supuesta inconstitucionalidad de una claúsula del denominado Programa de Desendeudamiento que le impide a Córdoba acceder a ese plan -de refinanciación de deudas-.
La presentación fue encabezada por el gobernador José Manuel de la Sota y es la cuarta interpuesta ante el Máximo Tribunal contra la Nación; aunque en rigor, la primera -durante la gestión de Juan Schiaretti- quedó desactivada después de alcanzar un acuerdo con la administración de Cristina Fernández.
Con el reclamo de ayer y las dos acciones que se mantienen activas ante la Corte, la Provincia asegura tener una acreencia de $9.281 millones a octubre pasado.
En tanto, si a esa cifra se suman los reclamos no judicializados por obras públicas y otros conceptos, la cifra final se ubica en $9.935 millones.
«Nos deben más de 9 mil millones de pesos. Deben lo suficiente para construir 675 kilómetros de autovía o 24 mil casas”, aseguró De la Sota a los medios presentes en el marco de la interposición de la medida ante la Corte.
El mandatario insistió en que Córdoba pide “igualdad de trato y que nos devuelvan lo que es de los jubilados y el pueblo de Córdoba», sostuvo quien concurrió acompañado por el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, y el ministro de Finanzas, Ángel Elettore, además del letrado patrocinante, Alberto García Lema. Mas adelante aseguró que en caso de lograr hacerse de los fondos reclamados, eliminará la Tasa Vial. No obstante, no especificó si esa decisión se tomaría ante uno o más fallos favorables de la Corte o particularmente a qué montos se refería, si al total o a una parte.
Como fuere, la acción declarativa de certeza presentada ayer ante el Máximo Tribunal apunta a obtener una declaración judicial de inconstitucionalidad respecto a la exigencia de la Nación para que la Provincia desestime los juicios iniciados contra el Gobierno nacional.
El requerimiento está expresado en el artículo 5 inciso F del convenio a suscribir por el Estado nacional con la Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa de Desendeudamiento” de las provincias argentinas.
“Ese inciso no estaba incluido en el borrador que nos presentaron a fines de diciembre y curiosamente apareció a último momento en el texto final”, recordó a Comercio y Justicia el ministro Elettore.
La Provincia de Córdoba considera que esa cláusula “violenta en forma arbitraria e ilegal los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 16 (derecho de igualdad y no discriminación), 17 (derecho de propiedad), 18 (tutela judicial efectiva) y 19 (legalidad y razonabilidad) de la Constitución Nacional, ya que de manera arbitraria y discriminatoria respecto del resto de las jurisdicciones provinciales establece una condición de imposible cumplimiento -la renuncia a las acciones judiciales entabladas contra el Estado nacional ante esa Corte Suprema-, cercenando de tal manera la posibilidad de acogerse a los beneficios del mencionado programa con menoscabo del patrimonio provincial”, explicó la Provincia en un comunicado.
Según el texto, ese trato “discriminatorio” repercute de manera negativa en la situación económico-financiera de la Provincia.
Es que, según se recordó, el hecho de haber quedado marginada del plan no sólo dejó a Córdoba sin la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $751 millones sino que también la obligó a comenzar a pagar mensualmente capital e intereses de deuda con la Nación por unos 60 millones de pesos al mes, a diferencia de otras 17 provincias que sí accedieron a la prórroga del plan lanzado originalmente en 2010 por Cristina Fernández.
En cuanto a la presentación en sí, por un lado, la Provincia solicita se ordene al Estado nacional “otorgar a Córdoba idéntico tratamiento que al resto de las jurisdicciones incluidas en el Programa de Desendeudamiento y atento a la expresa manifestación de voluntad de la Provincia de Córdoba de acogerse al mismo, se cumplan las pautas previstas en la Resolución Ministerial 36/2013 citada, a saber: a) recalcule la deuda de la Provincia de Córdoba, imputando para su determinación la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional que le hubieren correspondido a Córdoba, si se hubiese firmado el Convenio a que alude la Resolución Nº 36/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, incluyendo también los montos descontados de la Coparticipación Federal desde el mes de Enero hasta la fecha; y b) que se determine la deuda conforme el saldo resultante; el que deberá tener el tratamiento previsto en la citada Resolución (vigencia del plazo de gracia a los fines de su pago)”.
Según datos del Ministerio de Finanzas al 30 de septiembre pasado, el stock de deuda con la Nación asciende a $5.388,2 millones
En tanto, mientras se resuelve la cuestión de fondo, la Provincia presentó una medida cautelar en la que solicita que, por el plazo de un año, se ordene la suspensión de las retenciones que le vienen efectuando a la Provincia de Córdoba de los recursos de Coparticipación Federal de Impuestos, derivadas de los convenios bilaterales en el marco del “Programa de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”, suscriptos con fecha 18 de agosto de 2010 y 28 de diciembre de 2011, dado el perjuicio inminente y concreto que su aplicación supone para esta parte”.
Para el año próximo, la Provincia prevé pagos por $306,8 millones en concepto de intereses y $351,6 millones por amortizaciones -siempre por el pasivo con la Nación-.
Ahora el tema quedará en manos de la Corte que, a juzgar por causas anteriores, difícilmente se pronuncie en el corto plazo, incluso sobre la cautelar.
10 mil millones
Por lo demás, De la Sota insistió en que la deuda que mantiene hoy la Nación con Córdoba asciende a $9.935 millones. Ese monto se conforma con el reclamo de $1.040 millones que exige la Provincia por el supuesto incumplimiento de la Nación del acuerdo para refinanciar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones en el año 2011, litigio que se encuentra a resolución de la Corte.
Paralelamente, la Provincia reclama $2.090 millones de 2012, $2.700 millones de 2013 y una cifra similar hasta octubre de este año en concepto de coparticipación detraída a Córdoba para financiar la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La Provincia, que también judicializó esa exigencia, considera que al no financiar más parte del rojo previsional, la Nación debería devolver esos fondos detraídos de la masa coparticipable correspondiente a Córdoba.
Finalmente, se suman los $751 millones de ATN, ahora también judicializados, $17 millones por la manutención de presos federales, $199 milones por viviendas y $454 millones por obras viales impagas.
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