ESCUCHAREllo porque Alberto Fernández dijo que para la Nación enviará una iniciativa nueva, con cambios drásticos. Funcionarios cordobeses suponen que esas modificaciones no afectarán sustancialmente los giros a las diversas jurisdicciones. Sin embargo, con un default parcial de la deuda, la Provincia quedaría sin chance de crédito externo y el plan de obras no tendría fondeo. Dudas sobre la Caja de Jubilaciones
La Legislatura sancionó ayer los proyectos de Presupuesto, Código Tributario y Ley Impositiva Anual para 2020 que, sin embargo, pueden quedar obsoletos en poco tiempo, en función de los cambios que el presidente electo, Alberto Fernández, anticipó que hará en el proyecto de Presupuesto nacional para el año próximo.
En ese marco, fuentes oficiales consultadas por Comercio y Justicia relativizaron esa posibilidad aunque optaron por la cautela y -en todo caso- esperar los movimientos que hará el futuro Gobierno nacional, la semana próxima.
En principio, en el Ejecutivo provincial suponen que, más allá de las declaraciones de Fernández sobre el tema -calificó de “falacia” el proyecto de Macri y dijo que enviará uno nuevo-, no habrá modificaciones sustanciales que afecten los ingresos previstos para las provincias.
Sin embargo -aun bajo esa hipótesis- hay otro punto que es clave. Si Fernández dispone avanzar con un default de la deuda en cualquiera de sus versiones, el acceso al crédito para las provincias quedaría restringido. En ese marco, Córdoba tiene todas las fichas puestas para avanzar en el plan de obras en base a la toma de crédito externo.
En ese escenario, el programa de infraestructura votado ayer por la Legislatura quedaría en suspenso y la ejecución de los diferentes proyectos sufrirían serios ajustes, más allá de los ya previstos en el Presupuesto sancionado anoche.
En el Ejecutivo prefieren no adelantarse a los hechos. Y, por cierto, descartan votar una nueva pauta.
En rigor, el proyecto sancionado ayer con los votos de Hacemos por Córdoba y del legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos), incluye un artículo que prevé un cambio de peso. Si el Gobierno nacional resuelve suspender parte de la aplicación del Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias referido al sendero de baja de alícuotas de Ingresos Brutos, el texto habilita al Ejecutivo a modificar las alícuotas y mantener las vigentes este año. El costo fiscal de la baja votada ayer pero que podría modificarse si se suspende el Pacto, es de 4.200 millones de pesos anuales.
El proyecto de Presupuesto que envió Mauricio Macri al Congreso, fue elaborado con base en una economía con un crecimiento de uno por ciento, una inflación punta a punta de 34% y un dólar promedio de 67 pesos.
Nadie sabe si el dólar se ubicará en esos valores que, con un fuerte cepo a la compra, bien podría rondar esa cifra. En cuanto a la inflación, si Fernández logra mediante el pacto social frenar sueldos y precios por 180 días, probablemente se ubique no muy lejos de ese porcentaje. Sin embargo, es más que evidente que la economía no crecerá uno por ciento en 2020. Más aún, todos los análisis hablan de una caída de entre 1,5 y dos por ciento.
La pauta 2020
En cuanto a los proyectos votados ayer, prevén un aumento de ingresos y gastos de 40 por ciento respecto al ejecutado este año y mantener el ahorro corriente aunque con un aumento sustancialmente menor a la inflación. En forma paralela, una caída en términos reales de la inversión en obra pública.
En materia impositiva, contempla una simplificación de Ingresos Brutos al pasar de 80 a 20 al tiempo que avanza con aumentos segmentados y progresivos en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural.
En tanto, autoriza la emisión de deuda por más de 90 mil millones de pesos, aunque de ese monto, 50 mil millones de pesos exclusivamente para un eventual rescate o pago del título de deuda que vence en 2021.
La flamante ley estima para la Administración Central, ingresos totales por 334.686,6 millones de pesos y gastos totales por 334.174,03 millones de pesos, en ambos casos con incrementos de 40 por ciento con relación al ejecutado 2019. El resultado financiero será así de $513 millones. Sin embargo, si se computa el consolidado de la Administración Pública No Financiera (APNF) que incluye la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF) y la Caja de Jubilaciones, el cierre sería de $32.245 millones negativo.
La pauta estima ingresos corrientes por 327.428,3 millones de pesos, 37,7 por ciento mayores al este año.
Dentro de ese rubro, los ingresos impositivos provinciales llegarán a 69.559,4 millones de pesos, 54,8 por ciento superiores a 2019. En tanto, los envíos nacionales alcanzarán 57.332,6 millones de pesos, con un crecimiento estimado muy por debajo de los recursos propios.
Respecto a las erogaciones corrientes, se ubicarán en 294.721,3 millones de pesos, 40,4 por ciento por encima de 2019. En ese marco, las destinadas a personal serán de 151.346,3 millones de pesos, 38,4% superiores.
De esta manera, el ahorro corriente previsto para 2020 -diferencia de gastos e ingresos corrientes- alcanzará a $32.706,9 millones, 16,9% más que en el año inmediato anterior.
En cuanto a los ingresos de capital, serán de 7.258,3 millones de pesos, 438,7 por ciento más elevados en en 2019. La sustancial suba de ese concepto obedece a la conformación de un Fondo para el Desarrollo Eléctrico Provincial (Fodep).
Por su parte, las erogaciones de capital incluirán $39.432,6 millones, 37,2% mayores a 2019.
Sin embargo, las específicamente destinadas a obra pública dentro de la Administración Central serán de 13.683 millones de pesos, apenas 10,6% mayores al año anterior.
Polémica por el Fisap
Por lo demás, en el debate de ayer, el tema que generó mayor tensión fue la inclusión a último momento dentro del Código Tributario de la creación del Fondo de Infraestructura para el Suministro de Agua Potable (FISAP), destinado principalmente a la financiación y ejecución de obras.
Esa tasa que se cobrará junto a la factura de Aguas Cordobesas, será del 9 por ciento en el primer semestre y del 16 por ciento en el segundo.
Desde la oposición cargaron duramente contra el oficialismo, no sólo por la imprevista inclusión, horas antes de la votación, sino particularmente porque entienden que violenta una ley impulsada por el propio oficialismo para eliminar todos los fondos atados a las facturas de servicios. En paralelo, calificaron de “tarifazo” la medida del Ejecutivo. Desde el bloque de Hacemos por Córdoba argumentaron que un fondo similar rigió hasta fines del año pasado y que, al vincularse a obras directamente relacionadas al servicio en sí, no es contrario a la normativa vigente en la materia.
