ESCUCHAREl Gobierno de Córdoba no analiza ir a la Corte Suprema de Justicia por el tema de la eventual caída de la coparticipación producto de los anuncios de baja del IVA, Ganancias y Monotributo dispuestos por el Gobierno nacional.
Sí, en cambio, seguirá aguardando un llamado al diálogo por parte de funcionarios nacionales para analizar posibles resarcimientos.
En tanto, ayer, Entre Ríos resolvió sumarse al grupo de provincias que el lunes habían presentado recursos ante el Máximo Tribunal, por lo que ya son 14 los distritos que recurrieron a la Justicia.
Como fuere, la estrategia de Córdoba será esperar y ver cómo sigue el panorama. “No creemos que una demanda ante la Corte vaya a resolver un problema de este tipo en el corto plazo. Tenemos antecedentes de sobra respecto a los plazos del Máximo Tribunal, sin ir más lejos en el caso nuestro por el tema de la Caja”, recordó una fuente consultada por este medio.
La idea es ir analizando la evolución de los envíos nacionales conforme el nuevo escenario y, así, ver cuál de los escenarios es el más certero: el que denuncian las provincias que, en el caso de Córdoba, sufriría un quebranto hasta fin de año de unos 3 mil millones de pesos o el que plantea la Nación, según el que, conforme la mayor recaudación y la inflación, la pérdida neta sería de sólo 256 millones de pesos desde agosto y hasta fin de año.
En ese marco, aún es prematuro observar el impacto de las medidas sobre los giros. Tampoco está claro por dónde llegaría el eventual resarcimiento del Gobierno nacional. Podrían ser Aportes del Tesoro Nacional (ATN) pero eso es sólo una hipótesis.
“El tema acá es cómo sigue la situación macro. Si el deterioro se profundiza y el tipo de cambio se dispara es escenario será de una magnitud que hoy no podemos prever, más allá del impacto de las medidas anunciadas por Macri”, reveló el informante.
Mientras, tal como adelantaba ayer este medio, la Provincia sigue pendiente de una inminente resolución vinculada a la auditoría sobre las cuentas de la Caja de Jubilaciones. Esa definición podría implicar el envío de más de 2 mil millones de pesos hasta fin de año, cifra que, en esta circunstancia, es clave para sostener el funcionamiento del Estado, al menos en las erogaciones corrientes impostergables.
