Dice que está en disidencia con 27 de los 60 artículos de la iniciativa que UpC intentó se aprobara en la Legislatura. Además, asegura que el mapa provincial no refleja la realidad y recuerda que la Provincia hace dos años que incumple la norma nacional que establece una actualización de éste cada cinco años
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, Regional Córdoba, tomó distancia ayer del proyecto que lleva las firmas de legisladores de Unión por Córdoba (UpC), que busca modificar la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. “Nosotros no hemos sido parte de la redacción de la ley, es más, estamos en disidencia en 27 artículos de los 60 que propone el proyecto”, aclaró Gabriel de Raedemaeker, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) quien, junto a Agustín Pizzichini (titular de Federación Agraria Argentina, FAA), Mariano Andrade (presidente de la Sociedad RuralArgentina, SRA) y Marco Giraudo (titular de Coninagro) convocó a una conferencia de prensa.
“Condenamos el desmonte y nos parece injusto que se vincule nuestra propuesta con la defensa del desmonte como apareció en muchos medios de comunicación”, lanzó. La Comisión de Enlace aclaró que sí participó durante seis meses de la Mesa Técnica de Diálogo a la que convocó el Gobierno provincial, que integraron otras instituciones como “la Secretaría de Ambiente de la Provincia, la de Agricultura, el Foro Ambiental, técnicos del INTA, de la Universidad Nacional de Córdoba, la Católica, del Instituto Ambiental, entre otros”. Y explicó: “Allí avanzábamos en las capas en las que se debían trabajar los mapas pero ese proceso se rompió repentinamente y nos mandaron por mail el proyecto de ley que todos conocen y en el que nos indicaban que desde ese momento el diálogo continuaba en la Legislatura. Ni siquiera avanzamos con el mapa que la propia Secretaría de Ambiente reconoció y admitió que no sirve ya que no refleja la real situación”, y agregó que ese mapa debe actualizarse cada cinco años “y ese plazo venció hace dos”.
En ese sentido, compartió un trabajo en el que se puede ver que el mapa actual, que supuestamente refleja el bosque nativo cordobés, tiene “pintadas” de rojo zonas que, si se profundizare en el detalle de los mapas satelitales, se podrían observar espacios urbanos dentro de lo que debería ser considerado como de máximo valor de conservación. “El mapa es un punto clave. Hace seis años que vivimos un cepo productivo en la zona más desfavorecida de la provincia”, remarcó uno de los ingenieros agrónomos que integra los cuadros técnicos de las entidades al hacer referencia al noroeste de Córdoba y a la imposibilidad de implantar pasturas para alimentar al ganado en esas áreas. “FAA transmite la voz de los pequeños productores que quieren seguir viviendo donde toda la vida y que esta ley va prácticamente a terminar expulsando de sus tierras, ya que quedarían dentro de la zona roja y no podrían sembrar ni un pasto para darle de comer a las cinco vacas que tienen para seguir viviendo”, indicó Pizzichini.
Fondo compensatorio de por medio
El Fondo Nacional de Compensación por Bosque Nativo, creado por la ley Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, tiene como objetivo compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos, sean públicos o privados, según sus categorías de conservación. El beneficio consiste en un aporte no reintegrable (ANR), a abonar por hectárea y por año, según la categorización de bosques nativos, generando la obligación de la conservación de éste. Según explicó Guillermo Laguinge, asesor de FAA, el Gobierno de Córdoba hace tres años que viene cobrando ese fondo “sin dar explicaciones ni rendir cuenta de su uso, cuando en teoría le corresponde 70% al productor y el 30% restante a la Provincia”. Y agregó: “Ni siquiera existe el listado de productores que supuestamente deberían recibir ese fondo”.
La polémica generada a partir del proyecto para la nueva ley de bosques -que debería apuntar a proteger las especies autóctonas y regular el uso productivo de las tierras- determinó que la iniciativa no se tratara en la Unicameral a fines del año pasado y pasara para este ciclo legislativo. En un comunicado emitido el 27 de diciembre pasado, los legisladores de UpC indicaron que el debate se suspendió para buscar la “construcción del mayor consenso posible” por lo que esperarían el próximo período de sesiones”. Aunque, en realidad, la suspensión se debió a que esa fuerza no contaba con los votos necesarios para aprobar la ley.
