ESCUCHAREl concepto de “asignaturas pendientes” se repite en todos los encuentros que realizan estas organizaciones. Se reconocen avances en los últimos años, pero las demandas también crecen. Optimismo global.
La actividad a pequeña escala que desarrollan organizaciones de la economía social como microemprendedores asociados, artesanos, productores, así como otras organizaciones más grandes, crece y se desarrolla en todo el país pero sus actores coinciden en la necesidad de que el Estado acompañe con más políticas públicas, con líneas de crédito, asistencia técnica y capacitación.
Es la conclusión que surgió de un encuentro que se desarrolló en la Universidad de Río Negro, que sirvió de cierre a un proyecto de extensión denominado “Comunicación, Identidad y Producción local” de esa casa de estudios y que coincide con paneles similares realizados en otras regiones del país.
“En los años 90 la economía social no estaba en la agenda, por eso es muy importante que actualmente se hable de este tema, se promueva la actividad y se incentive a los productores a sumarse, pero aún quedan asignaturas pendientes”, confirmó en el encuentro Patricia Oporto, consultora de la temática e integrante de la Agencia Crear (del gobierno rionegrino).
En el ámbito rural, en muchas provincias el reclamo de productores y organizaciones fundamentalmente tiene que ver con la implementación plena de las leyes de Agricultura Familiar, vigentes en distintos distritos aunque con atrasos en su reglamentación y sin fondos asignados como fenómenos repetidos en todo el interior.
Estas normas promueven la creación de bancos de tierras, conformados por las parcelas que los estados nacionales, provinciales y municipales aporten, sumadas a aquéllas que se sumen al patrimonio público por mecanismos judiciales, administrativos, entre otros.
También establecen como prioridad el desarrollo de políticas de provisión y mejora de transporte, red vial, viviendas, electrificación rural, infraestructura predial, tecnologías de la información y comunicación, acceso al agua y al riego, la promoción del arraigo y la ocupación armónica del territorio. Por ejemplo, promueven la creación de mataderos que puedan evitar que los productores recurran indefectiblemente a los frigoríficos monopólicos o a otros muy distantes, lo que complejiza la logística e impide en muchos casos la viabilidad de la producción.
Las organizaciones piden en todos los distritos que se establezca un área específica de Economía Social en cada provincia, con un presupuesto conformado por los recursos que asigne la provincia, los que lleguen de programas de Nación y de emergencia, los legados y donaciones y los ingresos por pagos de impuestos varios que efectúan las cooperativas y mutuales y que en muchos casos, como el de Córdoba, no regresan al sector como financiamiento sino que mueren en los ingresos generales provinciales y, por lo tanto, financian al Estado mismo y no al tercer sector.
Otro de los desafíos que enfrenta el sector tiene que ver con la sobrevivencia de organizaciones que dependen casi exclusivamente de fondos públicos y que hoy frente al cambio de Gobierno sufren la incertidumbre misma sobre si su organización continuará o no bajo la nueva administración.
Es el caso de las cooperativas de trabajo que se multiplicaron durante los años 2000 bajo el impulso del Gobierno nacional. Según los datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), representaban casi un tercio del total de cooperativas registradas en 2008. En otras palabras, su sobrevivencia está directamente relacionada con la disponibilidad de los fondos públicos necesarios para su financiamiento.
La resistencia de la economía social y solidaria a la inestabilidad y las crisis recurrentes de la economía capitalista encuentran ahí su límite fundamental. En cuanto los recursos fiscales del Estado disminuyen, se agota la principal fuente de financiamiento para muchas de las organizaciones que la componen, llevando a la reducción de sus actividades e, incluso, precipitando su desaparición.
Las cooperativas y las empresas de economía social en Argentina enfrentan una serie de desafíos vinculados con sus limitaciones legales o legislativas, así como a la forma propia de su organización. No obstante, según un estudio global reciente, como respuesta a los problemas económicos globales, las cooperativas de trabajo asociado en los países no europeos tienen expectativas más optimistas para el futuro que las cooperativas en los países europeos.
Cicopa –organización sectorial de las cooperativas de producción industrial, artesanal y de servicios de la Alianza Cooperativa Internaciona (ACI), que tiene dos organizaciones regionales, Cecop-Cicopa Europa y Cicopa-Américas– realizó una encuesta para analizar cuál es la situación económica de sus miembros no europeos, de sus países y sus cooperativas.
El estudio viene a completar el informe del año pasado, La resistencia del modelo cooperativo, para conseguir un análisis más completo de las cooperativas de trabajo asociado en países como los Estados Unidos, China, Argentina, Brasil, Corea del Sur, Japón y Canadá.
El informe también menciona desafíos a los cuales las cooperativas se enfrentan, tales como la solvencia crediticia, liquidez y problemas de deuda. Según el estudio, las cooperativas tienen dificultades a la hora de obtener todo tipo de préstamos bancarios en Argentina y Colombia, créditos a corto plazo y flujo de caja en los Estados Unidos y créditos a largo plazo en Uganda.
De acuerdo con el informe, los miembros no europeos tienden a expresar expectativas más optimistas para el futuro. En algunos casos, este optimismo es el resultado de los logros jurídicos, como es el caso de Brasil, donde este año ha sido aprobada una nueva ley que regula a las cooperativas de trabajo asociado; o el de Argentina, donde se constata un aumento en las adquisiciones por parte de los trabajadores.
