ESCUCHARLos anuncios oficiales de la víspera refieren a una reducción en los pagos del impuesto a las Ganancias (en adelante LIG) para los asalariados que ganen hasta $25.000 en bruto.
La medida no respeta la ley en materia tributaria, y a su vez, es grave e inconstitucional decir que se beneficia a 7 de cada 10 asalariados, como si los 3 que quedan no merecieran que se les descuenten impuestos de manera legal y justa. Tampoco se beneficia, como correspondería, a los otros 7 asalariados que se dice resultan beneficiados.
El mínimo no imponible, a valores constantes conforme a la ley, debe fijarse, a la fecha, por encima de $30.000. Ahora, hasta $25.000 sólo se reduce la cantidad a pagar como tributo y no como correspondería, que no deben pagar nada.
Ni hablar de que el hecho de no actualizar la escala de los montos que superan el mínimo no imponible rompe el criterio de progresividad que debe tener el impuesto, y resulta que quien supere el mínimo no imponible pasa a pagar casi, inmediatamente, 35% de impuesto, monto igual al que deben pagar las máximas fortunas.
Una vez más, el Poder Ejecutivo Nacional ignoró y dejó de cumplir el mandato legal dado por el art. 4º de la ley 26731, que manda a actualizar de manera anual los montos no imponibles del art. 23 y los que configuran los tramos de las alícuotas establecidas en el art. 90 de la de la LIG, para “evitar neutralizar los beneficios derivados de la política económica y ‘salarial’ asumidas por el gobierno”.
En definitiva, lo que cobra el Estado implica una reducción ilegal de salarios y jubilaciones, que impide que los trabajadores gocen plenamente de la retribución que les corresponde y permite que las bases económicas del tributo se mantengan, intencionalmente, a valores nominales o con meros incrementos insuficientes según la ley para lograr, con ilegalidad manifiesta, una mayor recaudación, a costa del esfuerzo de trabajadores y jubilados. Peor aún cuando, desde un accionar indebido del Estado, se pretende enfrentar a trabajadores con trabajadores y a su vez hacer aparecer que los que se ganaron un salario superior a $25.000 y pretenden pagar un tributo legalmente determinado, dejan sin planes sociales a los más débiles de la sociedad. Inaceptable.
* Abogado constitucionalista. Apoderado de ocho gremios en un amparo colectivo contra el cálculo de Ganancias.
