Constructoras reclaman la emergencia nacional y pago con bonos de deudas por obras

Exigen medidas urgentes ante la situación límite por la caída en la obra pública y el atraso en los pagos. Además, por la demora en la redeterminación de costos en un contexto inflacionario. También alertan sobre la falta de insumos luego de la devaluación. “Es un panorama preocupante”, dijo a Comercio y Justicia el titular de la entidad en Córdoba

La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) solicitó al Gobierno nacional que disponga la emergencia para el sector y habilite una serie de medidas que permitan superar una coyuntura preocupante, agravada ahora por la devaluación ocurrida luego de las elecciones PASO del 11 de agosto pasado.
La entidad presentó el pedido en una nota dirigida al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.
“El panorama es muy preocupante y necesitamos que se adopten medidas con caracter urgente porque está en riesgo la continuidad de muchas empresas y de miles de puestos de trabajo”, resumió a Comercio y Justicia el titular de la CAC Delegación Córdoba, Marcos Barembaum. El empresario participó ayer de una reunión plenaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que se analizó la situación. “Hicimos un repaso de cómo está hoy la coyuntura y fundamentalmente hipótesis sobre el futuro inmediato, escenario que aparece con una preocupante incertidumbre y sin un horizonte positivo”, reveló Barembaum luego del encuentro.
En cuanto a la nota remitida a Frigerio, el texto hace referencia a la situación “excepcional” que afronta el sector.
En ese sentido, la CAC recordó que las empresas asociadas ya “venían sufriendo graves dificultades para continuar con el cumplimiento de sus respectivos contratos, por la incidencia, desde hace muchos meses, de circunstancias excepcionales”.

Recordaron así los “graves perjuicios por los atrasos crecientes en los pagos de las obras certificadas; demoras no razonables en la tramitación y aprobación de las redeterminaciones de precios pactadas contractualmente; aplicación de sanciones por incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando existen razones más que fundadas que lo justifican; indefinición de los comitentes sobre la disponibilidad de cuota presupuestaria para los meses subsiguientes”, entre otros.
En ese marco, la entidad señal que “todas esas circunstancias han provocado efectos gravísimos sobre las empresas contratistas, en un marco de un proceso inflacionario acelerado, con costos de insumos afectados por una fuerte devaluación de nuestra moneda, y altísimas tasas de interés”.

Asimismo, la CAC recordó que esos factores “se dan en un marco continuado y persistente de imposibilidad de acceso al crédito para las empresas del sector. Esto impide mantener el capital de trabajo y afecta la actividad, con graves consecuencias para toda la economía dado el gran aporte de la construcción al empleo y su efecto multiplicador sobre todas las ramas de la actividad económica”.
La entidad reprocha al Gobierno que, a diferencia de otros, no recibió “apoyos o subsidios”.
Para concluir, la cámara señala que el panorama “se ha visto abruptamente agravado por la importante devaluación de nuestra moneda en las últimas semanas, un rebrote de la inflación e incertidumbres en el mercado, que afectan negativamente los precios de insumos y los costos financieros”.

Emergencia
En ese marco, la entidad solicitó la declaración de “emergencia” en la ejecución de contratos de obra pública, por las razones de fuerza mayor señaladas.
De todas formas, la CAC precisión que, en ese contexto, es necesario sondear soluciones para empresas que, en muchos casos, “se ven impedidas de sostener el empleo y la actividad”.
Entre las propuestas elevadas, figuran la de que el Gobierno disponga “el pago urgente de todo crédito a favor del contratista”.
En esa línea, que avance en la emisión de una boleta de deuda por cada crédito que no pueda ser cancelado de inmediato.
“Debería ser un título público, con vencimiento en el próximo ejercicio, que incluya los intereses calculados según ley 13064, negociable, compensable contra impuestos nacionales a su vencimiento”.

Esa alternativa no es nueva. Fue propuesta ya en otras ocasiones con la entidad aunque sin éxito.
En forma paralela, la CAC propuso que se avance en la “suspensión de ejecuciones y embargos por AFIP, prórroga de vencimientos de obligaciones, diferimiento del vencimiento del débito del IVA al mes siguiente al cobro del certificado que lo origina”.
Al mismo tiempo, pidió la “suspensión del régimen de Factura de Crédito para la obra pública, dada la asimetría que supondría el régimen frente a la mora en el pago del Estado, posibilitada por la reglamentación de la Ley de Administración Financiera”.
Otra de las medidas es la “neutralización de los contratos sin multas ni sanciones, estableciendo un nuevo Plan de Trabajo por acuerdo de partes o se acuerde la rescisión sin culpa”.
Asimismo, la “liquidación de las Redeterminaciones de los Precios contractuales ya devengadas, según fórmula contractual, sin congelamiento ni gatillo, calculada por el Contratista y aplicable de inmediato, contra garantía de la empresa por eventuales errores”.
Finalmente, la entidad solicitó la “revisión de los precios contractuales de la obra pendiente de ejecución, en forma analítica, a valores vigentes en el momento en que se normalice la situación de los mercados”. La CAC pidió, en ese marco una “urgente audiencia” para tratar los puntos señalados.

Paralelamente sugiere que, de ser necesario, “podría constituirse una Mesa de Diálogo y Trabajo que, a nuestro juicio, debería incluir a la representación sindical de los trabajadores. Todo ello para superar la angustiante situación de las empresas que, de no ser resuelta en breve, llevará a una gran caída de actividad y del empleo”.
El documento entregado en la mesa de entradas del Ministerio a cargo de Frigerio, con copia al subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, está firmada por el presidente de la CAC, Julio César Crivelli.

La situación en Córdoba
El planteo hecho por la Cámara a nivel nacional ya había sido sugerido en Córdoba por la Delegación local de la entidad. Es que el panorama que menciona el documento respecto a la situación que atraviesan las empresas del sector no es ajeno a ninguna jurisdicción.
En Córdoba, la Provincia resolvió recurrir a créditos del Banco de Córdoba como forma de abonar por esa vía los certificados de obra. Las cuotas de esos préstamos son cubiertas por el Tesoro provincial. Sin embargo, ese mecanismo que posibilitó mantener el ritmo de obra durante varios meses, ya agotó su crédito de más de 7 mil millones de pesos. Asimismo, fue renegociado recientemente. Las empresas se quejan que, si bien las cuotas las paga la Provincia, el crédito figura en sus balances al tiempo que el préstamo es 95 por ciento del total certificado en cada obra.
De todas formas, la administración de Juan Schiaretti se enfoca hoy en gestionar crédito externo de organismos multilaterales o bien de fondos de inversión a baja tasa y largo plazo.
En cuanto a la Municipalidad de Córdoba, los problemas hoy se centran principalmente en los extensos plazos burocráticos para la redeterminación de costos que, en un contexto inflacionario, impactan de lleno en las adjudicatarias de obra pública en esa jurisdicción.