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Conflictividad laboral: nueve de cada 10 paros fueron realizados por estatales

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Aun con las crisis policiales, en el segundo semestre de 2013 se redujeron los conflictos. En todo el año se perdieron 7,1 millones de jornadas laborales a causa de éstos. Córdoba representó 10 por ciento.

De todos los conflictos laborales que hubo durante el año 2013, 65 por ciento ocurrió en el sector público, lo que congregó a 70 por ciento de los trabajadores que hicieron huelga, abarcando 89% del total de jornadas de paro.

Esa información se desprende del informe presentado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre conflictividad laboral, que entre otros aspectos señala que bajó 7,8 por ciento respecto de 2012, con una brusca desaceleración en el segundo semestre a pesar de las crisis policiales de diciembre último.

El trabajo se elabora a partir del registro estadístico de más de 140 medios de prensa de todo el país desde el año 2006, que refleja que las jornadas no trabajadas bajaron a 7,1 millones en 2013, después de las 7,7 millones registradas en 2012.

Si bien la reducción es considerable, los niveles de conflictividad permanecen elevados en un contexto en el que los salarios juegan una carrera despiadada con la inflación para terminar empatados y, en muchos casos, por detrás.

La cantidad de huelguistas, según el documento oficial, fue de 1,38 millón durante el año pasado, unos 100 mil menos que en 2012. Y los 1.206 conflictos con paro de 2013 también mostraron un muy leve descenso en comparación con los 1.217 del año 2012, según detalla el informe realizado por la Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo de la cartera laboral.

Todas esas cifras por ahora distan de lo que fue 2008, el año más conflictivo de la serie, cuando no se trabajaron 8,3 millones de jornadas, con un promedio de 2113 huelguistas por conflicto.

Estatales a la cabeza
Teniendo en cuenta los ámbitos privado y público de los conflictos, los de 2013 mostraron una estructura similar a la de toda la serie iniciada en 2006: el sector público explica 65 por ciento de los conflictos.

Además el sector estatal concentra 70 por ciento de los huelguistas y 89 por ciento de las jornadas no trabajadas por paros determinados por los empleados debido a reclamos salariales o de mejoras en las condiciones laborales.

Probablemente, en esta cuestión gravita el “paraguas” de la estabilidad laboral de los empleados públicos. Otro de los datos que sustenta esta lectura es que cada huelguista del sector privado paró solamente dos jornadas en promedio durante el año, mientras los huelguistas estatales lo hicieron 7,1 jornadas.

La proporción más alta en jornadas de paro por huelguista se registró en 2009, cuando los manifestantes estatales no trabajaron en promedio 8,5 jornadas, en tanto los privados lo hicieron durante 2,7 jornadas.

Córdoba, 10 por ciento
Si bien el informe no detalla las cifras para la provincia de Córdoba para todo 2013, sí están disponibles los datos correspondientes a los primeros seis meses de 2013.

En ese marco, la provincia fue escenario de 74 conflictos laborales con paros durante ese período. En la comparativa con el total acumulado en todo el país para el primer semestre (738), la incidencia de la conflictividad cordobesa fue de 10%. En ese registro, mayo resultó el mes más conflictivo en Córdoba, con 24 medidas de fuerza.

“Perder el miedo”

– “Como sociedad tenemos que perderle el miedo a la conflictividad laboral”. Tal fue la lectura realizada por el ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien brindó sus argumentos: “Primero, porque está en términos estables. Segundo porque durante mucho tiempo en Argentina tuvimos la conflictividad del desempleo, de la desocupación. Pero en la actualidad se inserta en la lógica de la puja distributiva”.

– En ese sentido, el ministro sostuvo: “En estos últimos años, la conflictividad que se ve es la gremial y la laboral. Lo que se disputa tiene que ver con los ingresos de los trabajadores, la distribución de la riqueza. Y esto es inclusión”.

(Ver también: Capitanich: “Hay una recuperación del poder adquisitivo del salario)

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