ESCUCHARLas moratorias previsionales, “con las que se han distribuido millones de jubilaciones sin aportes, gran parte en beneficio de familias no pobres”, exigen esfuerzos fiscales que superan la totalidad de las reservas del Banco Central, según indicó un informe elaborado por el centro de estudios Idesa.
“Mientras una cuestión accesoria como la creación del Fondo del Bicentenario monopoliza la atención, siguen sin ser abordados los principales factores que han producido la crisis fiscal que motiva la iniciativa”, se explicó.
Si bien Idesa destaca que son varios los factores que provocan “desbordes fiscales” y motorizan el debate acerca de la creación del Fondo del Bicentenario, uno de ellos lo constituye la moratoria previsional contraída a partir de haberse otorgado 2,2 millones de beneficios de este tipo “a personas sin aportes”.
“Suponiendo, conservadoramente, una expectativa de vida de 15 años y una tasa de interés real de 4% anual, el compromiso o deuda que el Estado contrajo con cada una de estas personas es de aproximadamente 110 mil pesos ó 27 mil dólares”, destacó Idesa y agregó: “Esto implica que la deuda total contraída con las moratorias asciende a 60.569 millones de dólares, es decir, una cifra muy superior al 100% de las reservas” que, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumaban 48.031 millones de dólares al pasado 2 de febrero.
“Los cálculos son aproximados, pero muy ilustrativos”, indicó Idesa.
En ese sentido, destacó que “si sólo una parte del esfuerzo político que está mereciendo la creación del Fondo del Bicentenario se hubiese destinado a darle racionalidad al mecanismo para la cobertura de las personas mayores en estado de vulnerabilidad, los compromisos fiscales asumidos serían mucho menores y, por lo tanto, no sería necesario ni urgente apropiarse de las reservas”.
Para el centro de estudios, la cuestión de fondo no es el uso de las reservas, sino “las políticas que han producido el enorme crecimiento del gasto público”.
“Este crecimiento de las erogaciones, además de ineficiente y regresivo, no cuenta con financiamiento genuino. El ejemplo de las moratorias previsionales es un caso extremo, por la magnitud de los recursos involucrados y la regresividad de sus impactos, pero no el único”, indicó la entidad y agregó: “Con matices, responden a la misma lógica la estatización de empresas, los crecientes subsidios a empresas privadas, la distribución discrecional de asignaciones familiares y otras prestaciones asistenciales y, en general, muchos gastos del erario público que carecen de una función estratégica”.
Por ello, consideró necesario que las moratorias y la distribución discrecional de asignaciones familiares se transformen en “esquemas transparentes y objetivos de transferencias de ingresos públicos a favor de las familias pobres, procurando simultáneamente evitar erosionar los incentivos a trabajar entre los miembros en edad activa”.
