Caja: Anses enviará sólo $1.072 millones y obliga a Schiaretti a activar juicio ante la Corte

El organismo dispuso transferir “el equivalente mensual a una doceava parte del último monto del déficit convenido”. En el caso de Córdoba, son poco más de mil millones de pesos, el mismo monto enviado el año pasado y también en 2021. La suma dista de los $4.300 millones que esperaba la Provincia conforme la nueva Ley de Presupuesto. Se viene la demanda judicial y se complican las cuentas públicas

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dispuso que se “transfiera a las provincias que no han transferido sus regímenes previsionales al Estado Nacional, el equivalente mensual a una doceava parte del último monto del déficit convenido, en concepto de anticipo para el ejercicio 2023 y a cuenta del resultado definitivo del Sistema Previsional Provincial, hasta tanto se dicten las normas aclaratorias de los artículos 92 y 93 de la Ley N° 27.701”.

La decisión emanada de una resolución firmada por la titular de la Anses, Fernanda Raverta , publicada ayer en el Boletín Oficial, significa en la práctica que Córdoba, por ejemplo, recibirá este año 1.072 millones de pesos mensuales, el mismo monto que recibió el año pasado y también igual al de 2021.

La normativa fue oficializada el mismo día en que vencía el plazo de la intimación efectuada por el gobernador Juan Schiaretti para que la Anses regularizara el envío de los fondos comprometidos para cubrir el rojo previsional de Córdoba, conforme la nueva fórmula de cálculo incluida en la Ley de Presupuesto 2023.

De hecho, a partir de hoy el Gobierno de Córdoba quedaría habilitado para iniciar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por un monto que la Provincia cuantificó en 108.897 millones de pesos - cifra que incluye la deuda acumulada desde 2020 a 2022 inclusive y las cuotas de enero y febrero de este año, conforme el nuevo método de cálculo fijado en el Presupuesto-.

Pero luego del mutismo del Gobierno de los últimos días, ayer apareció esa resolución que intentó poner un límite o al menos significar una respuesta al planteo de Córdoba.

Por cierto, la respuesta no es la que esperaban en el Centro Cívico.

Demanda en puerta

En ese contexto, fuentes consultadas por Comercio y Justicia aseguraron que la estrategia de iniciar una acción judicial ante la Corte sigue su curso.

“Es una forma de responder con algún instrumento al planteo pero lejos está de satisfacer el reclamo que, por otra parte, está en línea con la letra del articulado del Presupuesto”, señalaron en el Ejecutivo.

El nuevo panorama no modifica así la estrategia difundida por la Provincia . En todo caso, el ingreso de la demanda ante la Corte será cuestión de horas.

Pero más allá de ese derrotero, la situación plantea un serio problema para la gestión de Schiaretti.

Es que, a partir de la resolución de la Anses conocida ayer, queda claro que el organismo no girará los fondos pretendidos por la Provincia, que alcanzaban 4.300 millones de pesos mensuales, o sea que a febrero, la deuda ya acumulaba 8.600 millones de pesos .

Esa cuota mensual debía ajustarse con la movilidad previsional trimestral de la Anses, que en marzo será de 17,04%, o sea que la cuota debería superar 5 mil millones de pesos.

Ese monto, según explicitó oportunamente la Provincia, serviría para cubrir la totalidad del rojo previsional mensual de la Caja y así eximir al Tesoro provincial de tener que aportar todos los meses un monto remanente para atender el resultado final del organismo para pagar todas las prestaciones.

¿De dónde sacará Schiaretti ahora ese dinero para poder abonar en tiempo y forma jubilaciones y pensiones a cargo de la Caja?

Evidentemente, esos recursos saldrán de las arcas del Tesoro, como ocurría antes. Sólo que ahora el dinero a aportar será sensiblemente mayor en un contexto en el que la recaudación muestra claros signos de desaceleración, incluso con una baja en términos reales que complica todo el andamiaje de superávit corriente diseñado por el Gobierno, básicamente para atender las erogaciones en obras públicas, claves para esta gestión.

Puesto en números y según el Presupuesto provincial 2023, la Caja estimaba transferencias corrientes de 39.173 millones de pesos, de las cuales 38.468 millones debían ser de la Nación y apenas 713 millones del Tesoro provincial, siempre en función de las previsiones conforme los giros que se estimaban del Gobierno nacional a partir de las nuevas pautas del Presupuesto 2023.

Queda en claro, al menos por ahora, que esa proyección para cubrir la diferencia entre ingresos y egresos de la caja no será, al menos por ahora, afrontada por la Anses.

Y la paritaria

Por lo demás, otro frente no menor es el costo de la paritaria que por estas horas el Gobierno busca cerrar con los gremios estatales.

Se trata de la erogación de mayor peso de los gastos corrientes, ahora presionados por el pedido de los estatales, particularmente de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), de un aumento de 40% escalonado pero a pagar hasta junio, con impacto en el medio aguinaldo.

Incluso, respecto a los jubilados, la nueva propuesta incluye acotar a 30 días el pago de los aumentos a los pasivos respecto a los activos, y no a los 60 días como ocurría hasta ahora, al menos para quienes cobraran más de 250 mil pesos.

En esa línea, la chance de que los jubilados cobren una parte del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) con las jubilaciones. Al tratarse de un monto que gira la Nación y es no remunerativo, si los pasivos cordobeses cobran una parte de ese extra será a costa de un esfuerzo del Tesoro provincial.

¿Cambiará la oferta?

Conocida la decisión del Gobierno nacional de acotar los envíos para cubrir el rojo de la caja, muy lejos del valor estimado conforme el Presupuesto, habrá que ver cuál es la estrategia de Schiaretti para sostener la propuesta de aumento salarial ya oficializada a los educadores con un ingresos que daban por descontado y que ahora ya no estará, al menos en lo inmediato.

El panorama no es sencillo y, en todo caso, requerirá de una ingeniería financiera que permita hacerse de los fondos para atender esas erogaciones, sin quitar recursos para el plan de obras públicas previsto y también para los planes sociales en marcha.