Uno de los abogados de NML Capital adelantó la postura. Sin embargo, Pollack no sólo no la confirmó sino que además se quejó de la violación del secreto de confidencialidad.
Uno de los abogados del fondo buitre NML Capital, cuyo propietario es el multimillonario Paul Singer y es el más duro de los bonistas en el reclamo contra Argentina, reveló ayer de manera sorpresiva la existencia de un preacuerdo con el Gobierno nacional para saldar la deuda, consistente en el pago de unos 5.000 millones de dólares.
El presunto principio de acuerdo alcanzado en el Tribunal Federal implicará, además, cerrar el conflicto con el fondo Aurelius Capital, otro de los holdouts más duros.
Sin embargo, tanto el Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Alfonso Prat-Gay, como el mediador judicial del conflicto, Daniel Pollack, dijeron que se continuaba negociando y que había que esperar la información del mediador quien, por su parte, enfatizó en un escrito que es él quien lleva adelante las negociaciones y, por ende, es el responsable de la comunicación de eventuales acuerdos.
El “special master” criticó al abogado de NML Capital por anticipar un principio de acuerdo y sostuvo que, al realizar esas declaraciones, se había violado el secreto de confidencialidad. “Si hay un acuerdo, lo voy a anunciar yo”, remarcó.
“Estamos así de acuerdo sobre las condiciones económicas con la Argentina”, sostuvo, juntando sus manos, Matthew McGill, abogado que representa a Elliott Management, que controla el NML Capital.
En tanto, el abogado de Argentina, Michael Paskin, presente en la audiencia ante la Corte de Apelaciones, no negó ni confirmó esa afirmación.
Más tiempo
Por otro lado, en la audiencia de ayer la Corte de Apelaciones le dio aire a los fondos buitre ya que, si bien le devolvió el caso al juez Thomas Griesa -como pedía Argentina-, le prohibió al magistrado levantar las restricciones contra el país hasta dentro de dos semanas, tiempo clave en las negociaciones, que obliga al país a escuchar las objeciones de los buitres.
NML, Aurelius, Olifant y otro son dueños de 65% del total de las sentencias pari passu, según reveló McGill durante esa audiencia.
Desde esa famosa sentencia, que data de febrero de 2012, cuando se decidió que el reclamo era de 1.600 millones de dólares (actualizables), estos fondos, que sabían que habían acorralado a Argentina, salieron a comprar más deuda en default para seguir litigando y hoy, finalmente, se sabe que el monto que lograron acumular asciende a 5.800 millones de dólares. De lo que se desprende que Argentina está cerca de alcanzar un techo en las negociaciones de la sentencia pari passu si no cierra un acuerdo con estos fondos.
En ese marco, consideran vital la presión que ejerce Griesa desde el pasado viernes, con su decisión de levantar las restricciones que pesan sobre Argentina a partir del cumplimiento de determinadas condiciones.
Sin embargo, ayer la Corte de Apelaciones concedió parte del reclamo de los buitres, lo que puede debilitar la estrategia de Argentina a la hora de cerrar un acuerdo antes del 29 de febrero, fecha de referencia que dispuso Griesa antes de levantar las restricciones en contra de Argentina, que le impiden tomar deuda o pagar deuda en el exterior.