ESCUCHARLas empresas Boldt y la UTE encabezada por Servicios y Consultoría SA (ex Kolektor) superaron la instancia preliminar y quedaron posicionadas para competir por la licitación para contratar el servicio de “Asistencia y colaboración -bajo la modalidad de ‘riesgo empresario’- en la generación y gestión de multas impuestas mediante actas de infracciones por parte de las reparticiones del Ministerio de Gobierno y Policía de Córdoba”.
En tanto, el grupo Salud y Gestión no completó los trámites de rigor y quedó marginado del proceso.
En ese marco, esta semana se concretaría la apertura de ofertas económicas para definir cuál de los dos grupos se quedan con el negocio. Respecto al futuro contrato, el vínculo será por un plazo de 24 meses, prorrogable por un período similar. La intención oficial es apuntalar la recaudación, particularmente de multas de tránsito que impone la Policía Caminera, cuya evolución en el último año fue sensiblemente inferior al incremento del precio de la nafta súper, que se utiliza para actualizar el valor de las sanciones.
Según datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, la caída de los ingresos por esa vía no es consecuencia de que la Caminera haya labrado menos actas o bien por una mejor conducta de los automovilistas en las rutas. El problema radica en la falta de eficiencia desde la imposición de la multa hasta que ésta termina por cobrarse.
Esa gestión la tenía Kolektor en el contrato anterior. Pero en el nuevo vínculo con la adjudicataria del contrato de colaboración en la gestión de acreencias de la Dirección de Rentas, ese ítem no figura. En rigor, la ex Kolektor sigue a cargo del cobro de las sanciones pero no del proceso previo desde el labrado de la sanción y es allí adonde se apunta en esta ocasión.
Según los pliegos de licitación de la normativa que habilita el llamado, la contratación apunta a satisfacer una solicitud tanto la Dirección de Seguridad Náutica como de la Dirección de Prestadores Privados de Seguridad, la División Seguridad Bancaria y sistemas de alarma dependiente de la Policía de la Provincia y la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito.
