ESCUCHAREl Gobierno convocó al sector empresario para discutir la reglamentación de la reforma laboral.
El encuentro entre el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y los representantes del Grupo de los 6 (G6) -integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina- será el miércoles.
Está previsto que luego del encuentro Cordero los invite a sumarse a una mesa técnica con emisarios de la Confederación General del Trabajo (CGT), con quienes ya se reunió hace una semana, a fin de consensuar el decreto reglamentario.
Los empresarios respaldaron la versión original de la reforma, incluida en el DNU 70, más profunda que la sancionada con la Ley Bases, a la que se le recortaron más de 40 artículos. De todas formas, valoraron pasos tales como la supresión de las multas por trabajo no registrado.
Sin embargo, cuestionarán las objeciones del sindicalismo a varios puntos de la norma, como el que penaliza los bloqueos sindicales.
Protesta
Aunque el segmento “dialoguista” de la CGT no suele utilizar los bloqueos como método de protesta, en la reunión con Cordero planteó sus quejas porque, a su entender, el artículo que los penaliza dejaría expuestos al despido con causa a trabajadores por el solo hecho de estar en la puerta de las empresas mientras se desarrollan.
Cabe recordar que ni Hugo ni Pablo Moyano, líderes de Camioneros, la organización que apela con frecuencia a la modalidad pese a los fallos judiciales que los consideraron delitos y condenaron a sus promotores, acudieron a la audiencia con el secretario de Trabajo.
OIT
En junio, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, defendió el artículo que penaliza los bloqueos. “Un tema en discusión son los límites al derecho de huelga, que deben tener en cuenta la figura del acoso y violencia del Convenio 190, ya ratificado por la Argentina”, planteó.
El dirigente mencionó que ese convenio es de “doble vía”; ello así, porque los bloqueos de planta o la imposibilidad de ingreso o egreso de un establecimiento violan también derechos constitucionales, como el de propiedad y el de ejercer industria lícita, así como la libertad de tránsito y de trabajo.
Funes de Rioja expuso en la 112° Conferencia Internacional del Trabajo (CIT 2024) en Ginebra, Suiza, ante la sesión plenaria de la máxima cumbre laboral.
“El respeto por parte de gobiernos y los propios actores de los convenios fundamentales y los ratificados tiene que ser un compromiso de los mandantes tripartitos, pues el respeto a las normas es un presupuesto incuestionable para que el diálogo social sea efectivo y conducente”, manifestó.
Con un discurso pro modernización, abordó las “nuevas realidades laborales” y planteó la necesidad de adecuación de las normativas de trabajo vigentes, en línea con las propuestas del gobierno de Javier Milei.
Aseguró que el nuevo marco laboral obliga a la adecuación legal, para que los cambios “coadyuven en la promoción de más y mejor empleo formal y socialmente protegido”.
En respaldo a su postura citó al director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, en referencia a la revisión de las legislaciones que afectan al mercado laboral, para que “sean pertinentes” y “estén al día”, con miras a proteger a los trabajadores y fomentar la creación y permanencia de empresas sostenibles; en especial, las pymes.
El argentino habló de avanzar en una agenda “aún no resuelta” en el país, en relación a la litigiosidad, la desproporción de las indexaciones judiciales y los costos no salariales que afectan a la productividad y a la competitividad.
En esa línea, afirmó que Argentina tiene una alta informalidad laboral y un largo estancamiento de la economía y, por ende, del empleo. “Trabajadores, empresarios y gobiernos tenemos que hacer el cambio que ponga en valor la empleabilidad”, agregó.
