ESCUCHARLa votación en general en el Senado terminó empatada, por lo que el oficialismo tuvo que apelar al sufragio de la vicepresidenta Villarruel. Para llegar a ese resultado, el Gobierno accedió a numerosos cambios. Se acotó la cantidad de empresas a privatizar. También se mantuvo la moratoria previsional y se modificaron artículos del RIGI. Milei celebró la sanción. El debate continuaba con la votación en particular y luego con el paquete fiscal. Los proyectos deben volver a Diputados
El presidente Javier Milei logró anoche un apretado triunfo en uno de los proyectos claves para su gestión, luego de que el Senado votó en general la ley Bases que, junto al paquete fiscal, conforman la columna vertebral de sus políticas.
La aprobación se logró pasadas las 23, después de más de 11 horas de debate en la Cámara Alta, en un escenario signado por las fuertes controversias entre los legisladores en el recinto y serios disturbios en las adyacencias del Congreso, en donde desde temprano se concentraron diferentes agrupaciones sindicales, de base y militantes de fuerzas políticas opositoras para intentar impedir el avance de los proyectos (ver aparte).
Tal como se estimaba desde temprano, la votación en general terminó con un empate en 36, situación que obligó a la vicepresidente Victoria Villarruel a ejercer su derecho a voto y lograr la aprobación de la iniciativa.
En el marco de la maratónica sesión, el oficialismo debió ceder en diferentes aspectos de la norma. Esas modificaciones se fueron sucediendo ya desde temprano e incluso a medida que avanzaba el debate.
Sucedió que, a diferencia del tratamiento que tuvo el proyecto en el marco de las sesiones extraordinarias, donde la intransigencia del presidente Milei llevó a que la iniciativa se retirara de Diputados a poco de avanzar con la votación en particular, esta vez el oficialismo cambió de estrategia.
De hecho, ya el proyecto que aprobó días atrás la cámara baja fue un texto raleado con muchos cambios en relación al proyecto original.
Pero el Senado aparecía como un escollo mucho más duro que Diputados. El oficialismo contaba con muy pocos votos propios y necesitaba aliados, frente a un bloque monolítico de 33 legisladores de Unión por la Patria que complicaban la sanción.
En ese contexto, el Gobierno entendió que lo importante ahora era lograr la sanción, aun a costa de acotar aún más el texto que llegó de Diputados.
Así, fue modificando con el paso de las horas parte de los artículos de los diferentes capítulos que componen el proyecto para lograr el resultado final.
Al fin y al cabo, era más importante el impacto político de haber sacado el proyecto que el texto final que se terminaba aprobando.
Primó ese último objetivo.
Tras la sanción, el proyecto pasó a su tratamiento en particular, donde no se descartaban más cambios.
Luego, el Senado debía debatir el paquete fiscal, otro de los proyectos clave que incluye cambios en Ganancias, Bienes Personales, una moratoria, el blanqueo de capitales y cambios en el monotributo, todos puntos que también podían sufrir más cambios respecto al texto que llegó de Diputados.
Los cambios
En el debate de la Ley Bases, el Gobierno decidió ceder a la presión y eliminó de la lista de privatizaciones a las empresas estatales Aerolíneas Argentina, Correo Argentino y RTA.
Además, el oficialismo también eliminó el capítulo previsional, por lo que los eventuales beneficiarios podrán seguir jubilándose sin contar con 30 años de aportes.
El artículo 226 de la ley Bases derogaba la moratoria previsional, sancionada en marzo del año pasado bajo la ley N° 27705, que establecía un nuevo sistema para reemplazarla.
Antes que comenzaran los cierres de bloque del debate, el presidente provisional del Senado y titular de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, anunció más cambios para la votación en particular del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), para blindar el articulado y evitar derrotas.
La primera modificación apunta al artículo 165: ya no será para “cualquier sector” sino para “foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología” que cumplan con los requisitos previstos.
En tanto, habrá un guiño extra para proveedores locales, ya que el compromiso para este caso será “como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión”, siempre y cuando “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación.
Otro retoque importante será en el artículo 196 -incentivos cambiarios-, que limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos.
Será de 20% luego de dos años de iniciada la inversión; de 40%, después de tres años; y del 100%, a partir de los cuatro años.
Ahora bien, cuando se trate del cobro de exportaciones declaradas como “Exportación Estratégica de Largo Plazo”, a efectos de la excepción de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios, los plazos indicados en los incisos precedentes se computarán de la siguiente manera: Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha puesta en marcha de los Vehículos de Proyecto Único (VPU); Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha puesta en marcha del VPU; Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU
En otro punto, se modificó el artículo 205 para que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI puedan ser objeto de negocios jurídicos de garantía. “Las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI podrán ser objeto de prenda, cesión en garantía, fideicomiso y/o cualquier otro tipo de negocio jurídico de garantía con entidades financieras, organismos de crédito, locales o extranjeros, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo ello ser informado a ésta última dentro de los quince días corridos siguientes de ocurrido”, dicta el texto.
En el artículo 175, mediante las modificaciones de los tres primeros párrafos se propone “morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU para evitar que, por cuestiones de estricto rigorismo formal, se rechacen proyectos o la administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos”.
En concreto, desde la presentación de la solicitud de adhesión y el plan de inversión por parte del VPU (o, en su caso, desde la presentación de cualquier información complementaria o aclaratoria requerida por la autoridad de aplicación al efecto), la autoridad de aplicación contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días siguientes para expedirse aprobándolos o rechazándolos.
Además, el acto administrativo de aprobación o rechazo de la solicitud de adhesión deberá ser notificado dentro de los cinco días hábiles posteriores a su emisión.
La autoridad de aplicación podrá solicitar información complementaria o las aclaraciones que resulten indispensables para analizar la viabilidad y factibilidad del proyecto en función de sus características e incluso podrá citar a una audiencia a mantener con los representantes del VPU. El plazo previsto de 45 días se suspenderá desde la fecha de notificación de la solicitud de información adicional hasta la fecha de presentación de la información complementaria o las aclaraciones requeridas.
Los mercados, expectantes
En el marco del debate de la Ley Bases y el paquete fiscal, el mercado se movió con resultados mixtos. El dólar blue cerró en 1.285 pesos, sin mayores cambios. En tanto, los dólares financieros finalizaron mixtos. El S&P Merval rebotó, por lo que para las acciones locales fue una jornada más verde que roja. En Wall Street, los activos argentinos cotizaron con alzas de hasta 6% contagiados por el optimismo de la plaza tras el dato de inflación en EEUU y la decisión de la Reserva Federal de mantener la tasa. En tanto, los bonos nominados en dólares subieron en medio del debate de la ley Bases.
