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Avanza el proyecto para investigar a las cerealeras

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Esta vez hubo acuerdo pleno. La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad y remitió a Diputados, con el voto de 61 legisladores, un proyecto de ley que crea una Comisión Bicameral para que investigue la presunta evasión impositiva de exportadores de cereales, que alcanzaría montos cercanos a los 1.500 millones de dólares.
Las maniobras bajo la lupa son exportaciones realizadas por las compañías, “con la presentación anticipada de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) sin haber efectuado la compra de granos y cereales”, según señala el proyecto en sus considerandos. Con esa maniobra habrían sorteado las subas en las alícuotas a las exportaciones de soja en los primeros días de noviembre pasado -del 27 al 35 por ciento-, embolsando una cifra superior a los 1.500 millones de dólares. El período cuestionado va de noviembre de 2007 a marzo de este año, mes donde se impulsó la polémica resolución 125.

El proyecto que debe ahora tratarse en Diputados contempla la creación de una comisión integrada por seis diputados y seis senadores que trabajará durante 90 días y que “no ocupará el rol de la Justicia”, según aclaró el presidente de la bancada oficialista, Miguel Pichetto. El plazo de tres meses estipulado en la iniciativa sólo puede ser prorrogable por la mayoría de los miembros de la comisión por un plazo similar.
La iniciativa votada surgió tras la unificación de varios proyectos presentados por diferentes senadores en torno al tema y se decidió que sea una comisión bicameral la encargada de llevar adelante la investigación a partir de un acuerdo alcanzado con los principales referentes de la Cámara de Diputados.
Pichetto adelantó que, según lo convenido con el oficialismo de la Cámara baja, la iniciativa será convertida en ley el próximo miércoles, cuando se reanude la actividad en ese cuerpo.

Retenciones bajo la lupa

Hace más de un mes, el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Ricardo Echegaray, hizo propia la denuncia de varios sectores y ordenó revisar las retenciones aplicadas a las exportaciones de 30 millones de toneladas de granos y subproductos (aceites) exportadas por 57 empresas.

Para esto se amparó en la ley Martínez Raymonda (que establece mayores controles sobre los registros exportadores) y el decreto presidencial 764 de mayo de 2008.

Según sus primeras conclusiones, las compañías no podrían acreditar la existencia de 24 millones de toneladas al momento de la exportación, tal como declararon en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.

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