El presidente de Asociación Argentina de Usuarios de Internet, Sergio Salinas Porto, aseguró que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara esenciales los servicios de telefonía móvil y fija, internet y cable “garantiza la libertad de expresión” y «democratiza el acceso» a la comunicación.
“Veníamos planteando hace un tiempo, más de 80 organizaciones, que fueran declarados servicios públicos esenciales para generar tarifas justas y el desarrollo en infraestructura en todo el país», indicó Salinas Porto.
Para graficar la situación existente, mencionó que cada vez que un usuario quería «retirarse del cable ofrecían una tarifa 70% menor», de lo que se deduce que con ese valor rebajado «tampoco perdían» y que lo que hacían era «cobrar tarifas excesivas».
Por tal razón, sostuvo, «este decreto democratiza el acceso y genera la posibilidad de tener tarifas más justas al tiempo que amplía la injerencia del Estado en cuanto a infraestructura».
En este sentido, calificó al decreto dictado el viernes último por el Poder Ejecutivo «como altamente importante» porque las dos empresas que brindaban este servicio habían generado «un oligopolio”.
«Tenemos que estar atentos que no cambien la discusión, esto genera mayor libertad de expresión porque más gente va a estar conectada, más gente va a tener celular, y va acceder a contenidos educativos, a lograr un empleo porque lo van a convocar con un mensaje de whatsApp, van a tener mayor posibilidad de acceder a las noticias», agregó.
Advirtió, sin embargo, que habrá que «estar atentos al discurso de ‘fake news’ que ya se empezó a instalar».
Salinas Porto recordó que las empresas privatizadas de telefonía debían tener como eje de su servicio que «no hay ciudadanos de primera ni de segunda» y «se habían comprometido a que la conectividad iba a llegar a todos», pero lamentó que «eso no ocurrió en 30 años que tienen el servicio”.
Dijo también que en «lugares menos poblados donde hay casas bajas, terrenos baldíos, el servicio de la empresa empieza a flaquear, no pone teléfonos, no pone módems y menos aún fibra óptica», y agregó que «ese esquema se traduce en todo del país”.
En resumen, dijo que lo que se está planteando en el decreto es “una tarifa que tenga en cuenta a los sectores más vulnerables», pero dejó claro que no deben «bajar la calidad» sino que «la tarifa social debe sostener la misma calidad del servicio”.
«Si los privados se exceden en cuestiones que tienen que ver con facturación, el Estado debe regular esas tarifas», concluyó Sergio Salinas Porto.
