El viernes trascendió que el Gobierno estudia la posibilidad de implementar una prórroga del vencimiento fijado para el próximo 31, que puede ser de dos meses. El reclamo de las pymes se suma así al de las entidades de profesionales
Varias entidades profesionales que agrupan a tributaristas habían solicitado ya al gobierno de Mauricio Macri la prórroga -uno o dos meses más- del blanqueo de capitales y de la moratoria impositiva. Fue el caso de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Su titular, José Arnoletto, hace unos días confirmó que ya le habían pedido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “una extensión de los plazos porque hay procesos operativos que pueden demorar unos días más”. Y citó como ejemplo que “en algunas provincias hay problemas en la escrituración de los inmuebles y en otros casos en la apertura de las cuentas correspondientes, además de la complicación de los feriados”.
En esta oportunidad, se suma al reclamo la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), entidad que reitera su pedido de extensión de plazo pero para la moratoria.
“Ante el inminente vencimiento para la presentación a la moratoria, que se produce el 31 de marzo, se reitera, con carácter de urgente, el pedido de una imprescindible extensión del plazo y la posibilidad de incluir obligaciones vencidas con posterioridad al fijado por la Ley 27.260”, se indicó en un comunicado.
Apyme reclamó por el límite fijado que permite regularizar obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016. Considera que “ante una continua y marcada caída de la actividad, gran número de pymes que se acogieron al plan de facilidades para regularizar su situación quedaron financieramente imposibilitadas de hacer frente a las nuevas obligaciones tributarias y previsionales vencidas a partir del 1 de junio de 2016”. El comunicado, firmado por Eduardo Fernández, titular de la entidad nacional, reitera también su reclamo respecto de la modificación de las condiciones que establece un límite en el número de planes de facilidades de carácter permanente que puede tener una forma y que, además, impide la consolidación de nuevos planes de facilidades durante un año, en caso de que se produzca la caducidad de uno -cualquiera- que se hubiere consolidado. “La flexibilización de dicha norma resulta de imperiosa necesidad para facilitar el cumplimiento de las distintas obligaciones”, asegura.
“Este pedido urgente se realiza en un contexto recesivo sin recuperación a la vista, que recrudece la tendencia a la caída de las ventas en el mercado interno, la caída de la producción nacional y el aumento de insumos y servicios, lo que motiva el agotamiento de la liquidez, el cierre de empresas y el consiguiente aumento del desempleo y la precariedad laboral”, asegura Fernández.
A partir de los numeros reclamos, trascendió el viernes que el Gobierno analiza prorrogar el blanqueo y la moratoria impositiva entre uno o dos meses, es decir hasta el 31 de mayo.
