Ambiente: para Provincia, serán “vinculantes” consultas públicas

“ESPÍRITU”. López admitió que si hace falta aclarar algunos conceptos sobre el respeto de la “licencia social”, se avanzará en consecuencia y dejó abierto un cambio en la redacción del proyecto en debate.

El funcionario aseguró que el “espíritu” del proyecto apunta a respetar la postura de los consultados, aval que denominó “licencia social”, más allá que la herramienta es “no vinculante” en el texto. Los detalles del mecanismo surgirán de la reglamentación. También los proyectos que deberán pasar por ese tamiz. Dijo que si Malvinas Argentinas revoca la prefactibilidad a Monsanto, el proyecto quedaría sin sustento.

El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, aseguró que el “espíritu” del proyecto de Ley de Política Ambiental provincial que el Ejecutivo envió a la Legislatura es “respetar” la voluntad de los pobladores del entorno a la iniciativa en discusión, más allá del alcance del estudio técnico de impacto ambiental.

En ese marco, dijo que si bien las consultas populares o audiencias públicas que busca impulsar el proyecto tienen carácter “no vinculante”, la idea es que “en caso de que se obtenga la licencia social, el proyecto podrá desarrollarse”. López expuso ayer en un plenario de comisiones en la Legislatura, previo al debate en el recinto del proyecto de ley anunciado por el gobernador José Manuel de la Sota en la apertura del año legislativo.

Más allá de los alcances de la norma, el punto clave fue el fuerte impulso a la posición social de cada proyecto en análisis, incluso por sobre el estudio de impacto ambiental.

El tema fue expuesto por el propio López y luego repreguntado por varios legisladores, entre ellos Cintia Frencia, del Frente de Izquierda, y Roberto Birri, del socialismo.

Precisamente, ante una consulta de este último, el funcionario precisó: “(…) tiene que pasar por una audiencia pública y/o una consulta popular, y ésa es la licencia social: el que obtenga, a través de ese instrumento de participación ciudadana, el ok o no para que la actividad pueda proseguir y ser aprobada como tal”, indicó.

Respecto a qué proyectos deberán pasar por ese filtro, López señaló que serán los que determine el Ejecutivo pero también los que apunten otros actores, como el Defensor del Pueblo o bien un grupo de vecinos organizados.

Paralelamente, indicó que los alcances de la consulta popular o audiencia pública se determinarán en una reglamentación posterior.

Por lo demás, el ministro reseñó los principales objetivos del proyecto y enumeró los principales puntos de su articulado.

“Con esta ley lo que pretendemos es, conceptualmente, incorporar, actualizar y complementar toda esta vasta y rica historia de política ambiental que tiene nuestra provincia de Córdoba con la Ley (nacional) de Presupuestos Mínimos, dejando vigente la gran mayoría de los instrumentos con que hoy cuenta la Provincia de Córdoba”.

En otro orden -respecto al tema Monsanto- López aclaró que si el municipio de Malvinas Argentinas revoca la prefactibilidad del proyecto, la Provincia se queda sin sustento para analizar un nuevo estudio de impacto ambiental por parte de la empresa.

“Una actividad cualquiera que se quiera radicar en algún municipio de la provincia, lo primero que hace es ver si ese municipio le da una prefactibilidad o no para que se instale, condicionada a que se cumplan todas las normativas vigentes en general”, explicó.

Cormecor
“No vamos a expropiar sin impacto ambiental y consulta”

El ministro Fabián López sorprendió ayer al señalar que la Provincia no avanzará en la expropiación del futuro predio de enterramiento de residuos del Gran Córdoba, gestionado por Cormecor, hasta tanto no se apruebe el estudio de impacto ambiental -que aún no se presentó- y el tema no tenga el aval de una consulta pública. “Nosotros no creemos que esté demorado; el trámite administrativo está avanzando. Pero al margen de esto es importante encuadrar eso dentro de la ley que estamos tratando. Nosotros estamos plenamente convencidos que no podemos llevar adelante eso. No podemos llevar adelante la expropiación de algo, es decir, que el Estado provincial erogue de sus recursos -que son de todos- para comprar un predio cuando no se ha dado cumplimiento a un acabado estudio de impacto ambiental. No podemos hacer al revés, y menos aún si esto no va a consulta popular o audiencia pública. Si estamos preocupados por cuáles son los proyectos que tienen que pasar por una audiencia pública o una consulta popular, no le quepa ninguna duda de que uno como ése es de los que sí o sí tiene que pasar una audiencia pública”.

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