ESCUCHARLa inflación acumulada hasta abril llegó al 30,38%, casi 10 puntos menos que la requerida para activar la cláusula de revisión. Sin embargo, la inercia de los precios podría superar el 50% en junio y detonar un aumento extra. El combo antiinflación de Massa, clave. La baja de la recaudación, otro frente ineludible
El Gobierno de Córdoba no activará finalmente en mayo la denominada cláusula de revisión salarial acordada con los gremios estatales luego que la inflación minorista medida por la Provincia y acumulada en los primeros cuatro meses del año alcanzara 30,38%. En tanto, para Indec, y para la Región Pampeana, el porcentaje fue del 32%.
En cualquier caso, el alza del primer cuatrimestre no llega al umbral del 40% fijado como límite a partir del cual, el Gobierno debía pagar una diferencia extra a los estatales respecto a los aumentos salariales oportunamente acordados.
El dato en rigor ya se presuponía. Es que para que los precios minoristas acumularan un 40% hasta abril, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia debería haber arrojado en el cuarto mes del año una suba del 15%, a todas luces improbable y más allá de la dinámica inflacionaria actual.
De todas formas, sorprendió el dato difundido por la Provincia la semana pasada. El 6,52% de abril difiere sobremanera del 8,4% que midió Indec a nivel país y que para la Región Pampeana fue aún mayor: 8,5%.
En ese marco, fuentes gremiales consultadas por Comercio y Justicia coincidieron en “sospechar” respecto a la fuerte diferencia entre uno y otro indicador, no tanto por lo que pudiera implicar en la cláusula de revisión de mayo que por cierto no se aplicará, pero sí en adelante.
Desde ese punto de vista, para la administración de Juan Schiaretti, evitar tener que pagar un aumento extra a los estatales es todo un alivio, en un contexto donde la recaudación muestra una baja en términos reales y, encima, el Tesoro provincial debe hacerse cargo de casi 4 mil millones de pesos mensuales para atender el déficit de la Caja de Jubilaciones que no es cubierto por Anses, pese a los insistentes reclamos de Córdoba que en las próximas horas y tal como lo adelantó Comercio y Justicia, se reflejarán en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia.
¿Y en junio?
En todo caso, el problema ahora es el gatillo de junio. Según el acuerdo firmado con los gremios, si la inflación minorista de Córdoba supera el 50% entre enero y junio próximo, el Gobierno deberá pagar la diferencia con los haberes de julio próximo.
Ese escenario está abierto y hay muchas posibilidades que se active si es que las medidas anunciadas ayer por Sergio Massa y las que aseguran detallará esta semana no logran bajar la inercia inflacionaria que en abril fue récord en los últimos 30 años.
Bajo la hipótesis de una inflación en mayo del 7% y otra similar en junio, el IPC Córdoba arrojaría un alza del 49,27%, o sea apenas por debajo del umbral de la cláusula de revisión.
Por el contrario, si la misma inflación se cotejara con el acumulado para Indec, llegaría al 51,12%, por lo que los estatales cobrarían un 1,12% extra con los haberes de julio.
Pero eso siempre en un escenario con un IPC del 7% en ambos meses. Si la inflación vuelve a ser mayor, tal como ocurrió para Indec en abril o para la misma Provincia en marzo, cuando llegó al 7,99%, el gatillo disparará un aumento salarial aún mayor.
En cualquier caso, son todas posibilidades que en una economía con alta volatilidad e incertidumbre y en un año electoral con fuerte influencia en las expectativas, hace imposible proyectar una dinámica de precios en el corto plazo más allá de los acuerdos abrochados y por cerrar entre Economía y las empresas para intentar frenar la inflación, además de medidas macro para acotar los tipos de cambio y la emisión monetaria.
Los acuerdos
Las paritarias suscriptas entre el Gobierno de Córdoba y los estatales se terminaron de cerrar hace apenas días y luego de duras disputas que incluyeron paros y otro tipo de medidas de protesta de los distintos gremios.
De hecho, aún se mantiene abierto el conflicto con el área de Salud, en la intersectorial que no responde al Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
El Gobierno ya confirmó que no habrá subas extra para ese sector, más allá de las ya acordadas con el resto de los sindicatos.
En el caso del SEP y demás gremios -excepto UEPC-, los aumentos fueron acordados para abril, mayo y julio y se suman al incremento ya otorgado por el Gobierno provincial entre los meses de febrero y marzo, superando en cada tramo la inflación prevista para los sucesivos meses. No obstante, en el marco de este entendimiento, se estableció la vigencia de cláusulas de garantía del poder adquisitivo del salario que fijan que: si la inflación acumulada en enero, febrero, marzo y abril resulta en un porcentaje mayor al 40%, la diferencia entre el porcentaje de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba y dicho 40%, se sumará automáticamente a los salarios de mayo.
El mismo mecanismo se aplicará en julio: si la inflación acumulada entre enero y junio da un porcentaje mayor al 50%, se le sumará automáticamente la diferencia y se pagará con los haberes de julio. Si el porcentaje del IPC de Córdoba es inferior a los valores indicados, se respetan los aumentos acordados para dichos meses.
La pauta general consiste en incrementos que, sumados a los otorgados en febrero y marzo, implican que el sueldo de bolsillo de los trabajadores aumente un 30% en abril, 40% en mayo y 50% en julio, respecto de los haberes del mes de enero. Además, se establecen adicionales particulares para los agentes de menores ingresos.
La próxima negociación para fijar la pauta salarial se realizará en agosto de 2023.
En cuanto a la UEPC, el acuerdo contempla un aumento de bolsillo del 40% en abril; 50% en mayo y 60% en julio, respecto de los sueldos de enero de 2023. Los porcentajes se aplican para todos los cargos y antigüedades de manera homogénea, es 100% remunerativo y alcanza a los jubilados del sector.
Esto se suma al 20% de incremento en los haberes ya otorgado por el Gobierno provincial entre los meses de febrero y marzo, a fin de sostener el poder adquisitivo de los salarios de los agentes públicos, a partir del marcado proceso inflacionario del país.
Al igual que el resto de los gremios, la cláusula de revisión de abril y junio, cuya eventual diferencia se pagaría con los haberes de mayo y julio, es bajo los mismos parámetros que para los demás sindicatos del sector público.
Asimismo, para los pasivos docentes, se acordó que a partir de abril se pagará el proporcional del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que perciben los activos, ascendiendo dicha suma al monto mensual de 8.500 pesos desde abril y 9.300 desde julio, para los jubilados.
