A la espera de que aclare, Schiaretti y Llaryora acuerdan paz social con gremios clave

[caption id="attachment_201595" align="alignleft" width="89"] Por Alfredo Flury aflury@comercioyjusticia.info[/caption] El Gobernador suspendió paritarias con estatales hasta octubre y pagará el último aumento sólo el 20 de agosto. En tanto, el Intendente destrabó el conflicto con la UTA. Sin embargo, deberá seguir aportando subsidios. En todo caso, ambas administraciones superaron instancias complejas en plena crisis de ingresos El Gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba lograron ayer sendos acuerdos con gremios representativos de sectores claves que aseguran un período de paz social al menos hasta octubre próximo.[privado] La situación, si bien muy diferente para una y otra administración, se resolvió casualmente ayer luego de avanzar en paralelo con negociaciones que se manejaban por carriles diferentes. En ese marco, el más acuciante por la situación límite a la que había llegado es el que acordó el intendente Martín Llaryora con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Ese convenio se logró después de 20 días de paro en el transporte urbano, derivado del atraso en el pago de los salarios a los más de 3 mil choferes del sistema. La estrategia de Llaryora registró su primer paso en firme el viernes cuando el Concejo Deliberante aprobó tres proyectos de ordenanzas: el principal declaró la emergencia en el transporte pero también modificó el estatuto de la empresa Tamse (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado) y, además, amplió las facultades del Ente de Servicios y Obras Públicas (Esyop), ahora Coys. Ayer, avanzó con el reinicio del servicio de ómnibus con la estatal Tamse. En tanto, también ayer mismo, firmó un acuerdo con la UTA para retomar la prestación en todas las líneas del servicio. Ese acuerdo fue todo un logro en el marco de una pulseada que hasta el fin de semana no parecía tener un horizonte claro. El convenio que fue homologado ayer mismo en el Ministerio de Trabajo de la Provincia permite un horizonte de paz social hasta octubre inclusive. “Es un acuerdo colaborativo”, resumió el intendente Llaryora, previo a la rúbrica. Tiene ocho puntos. De inicio, las empresas se comprometen a pagar las deudas salariales acumuladas y otros conceptos pendientes. También el aguinaldo, en este caso en tres cuotas los días 10 de agosto, de septiembre y de octubre. En cuanto a los pagos, ya no habrá anticipo los días 22 de cada mes: se pagará todo el sueldo el cuarto día hábil del mes siguiente. Sin embargo, dependerá de la llegada de los subsidios, tanto nacionales como provinciales. En paralelo, se revisará el pago de viáticos y otros ítemes, así como la posibilidad de adelantar vacaciones. De hecho, este ítem posibilitará el “ahorro” en materia de gasto salarial. Es que hay muchos choferes que hoy no prestan servicio por integrar grupos de riesgo relativos al covid-19 o bien tienen carpeta médica por otros motivos. Sea como fuere, si no prestan servicio, no cobrarán ni viáticos ni laudo. En números, son 12.700 pesos por mes por trabajador. En definitiva, equivale a 88 por ciento del salario de bolsillo, la misma rebaja que originalmente pretendía aplicar la comuna al reducir los días de trabajo de los choferes de 24 a 19 al mes, por la baja en la circulación de colectivos a raíz de la cuarentena. Previamente, las empresas habían logrado reducir la carga salarial mediante el cómputo de buena parte del sueldo como no remunerativo. Así, no deben erogar la parte correspondiente a las cargas sociales y previsionales. No está claro cuánto aportarán en esa instancia los trabajadores. La Provincia seguirá sumando casi 90 millones de pesos y la Nación, 118 millones de pesos -en ambos casos, mensuales-, también en concepto de subsidios. En tanto, la Municipalidad de Córdoba aportará 60 millones de pesos mensuales, indicó Llaryora. De todas formas y más allá del acuerdo, todo dependerá del corte de boletos que genere el servicio. Es que más de 60 por ciento de los ingresos proviene de ese ítem. Así, si no se recauda, no habrá subsidio que alcance ni tampoco rebaja o aporte de los trabajadores “a la causa”. Si bien el acuerdo alcanzado ayer por Llaryora es un evidente logro en medio de un conflicto que parecía de difícil resolución, aún queda pendiente la negociación con el Suoem que, si bien ahora se encuentra en pleno diálogo, todavía tiene puntos pendientes y de discordia. Paritarias provinciales Mientras tanto, ayer, el Gobierno provincial acordó de manera inesperada un acuerdo con los gremios estatales para, por un lado, postergar la discusión paritaria hasta octubre y, por otro, cobrar el último escalón de la mejora acordada a fin de año sólo el 20 de agosto próximo. El tema no aparecía como urgente. Sin embargo, ayer se conoció por medio de los dos principales gremios estatales, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). El acuerdo apunta a garantizar la paz social por los próximos meses hasta tanto se observe la evolución de la actual situación, entre cuyos puntos principales se destaca la recaudación, que sigue en baja real desde hace más de dos años. Por lo pronto, el aumento salarial que deberían cobrar la semana que viene los estatales provinciales, que llegaba a 5 por ciento, representaba unos 500 millones de pesos que ahora sólo se erogarán en agosto próximo. En cuanto al aumento futuro, que la discusión pase a octubre -no a agosto como se suponía en principio- no generó mayor tensión entre las partes. “La situación es difícil para todos. Hemos cobrado el aguinaldo en general en tiempo y forma y venimos cobrando el sueldo sin inconvenientes. Nos parece que en este contexto y con una inflación en baja, hay tiempo para discutir una suba a futuro”, resumió a Comercio y Justicia un referente gremial. Por lo demás, el acuerdo de diferir la paritaria también incidirá en los jubilados y pensionados, quienes cobrarán la futura suba sólo 60 días después de que la perciban los trabajadores activos. En ese marco, el Gobierno provincial emitió ayer un comunicado en el que señala que, “en el contexto de emergencia sanitaria que atraviesa el país, que afecta fuertemente los ingresos del Estado provincial para hacer frente a los gastos que tiene a su cargo, el Gobierno de Córdoba y las entidades gremiales representativas del personal del sector público provincial acordaron postergar hasta octubre la próxima negociación salarial, prevista originalmente para agosto”. “Por este motivo, también se dispuso que el tercer tramo del incremento salarial, que se había acordado otorgar a partir de los sueldos del mes de julio, se abonará en planilla complementaria durante la segunda quincena de agosto”, indicó el comunicado. Esta última medida no abarca al personal de las fuerza de seguridad (Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario, Fuerza Policial Antinarcotráfico) ni a los equipos de salud, que percibirán el incremento juntamente con los haberes de julio, de acuerdo con el cronograma que oportunamente publicará el Gobierno, completó la información que divulgó la Provincia. Anses paga, FFDP aún no Mientras, en las últimas horas ingresaron 619 millones de pesos de una nueva cuota que giró la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a la Caja de Jubilaciones en concepto de la cobertura del déficit previsional. Sin embargo, ese monto fue calculado como una doceava parte del rojo previsional auditado en 2018. Si bien el cumplimiento de los pagos es ponderado por la Provincia, se trata de un monto aún muy inferior al que realmente correspondería percibir a la Provincia si los números auditados fueran, por ejemplo, de 2019. Por lo demás, todavía no llegó la segunda cuota del crédito de 4.800 millones de pesos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) que Córdoba acordó con la Nación dos meses atrás. De ese monto, Nación giró una primera cuota y aún resta que desembolse la segunda que se esperaba para esta semana. [/privado]

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