Todas las entradas de: redaccion

“Queremos un Colegio amplio, abierto y con participación”

La abogacía tiene que estar unida y tener una fuerte presencia institucional, dijo a Comercio y Justicia  Ignacio Segura, el futuro presidente de la entidad, quien en septiembre reemplazará en ese cargo a Héctor Echegaray

Ignacio Segura asumirá la presidencia del Colegio de Abogados de la primera circunscripción judicial, con base en la ciudad de Córdoba, el próximo 11 de septiembre. Lo hará luego de que imponerse, por escaso margen- de apenas 124 votos-, a la lista oficialista que lideraba Andrés Bauzá. Su cargo como presidente será secundado por Ernesto Gavier, Verónica Bruera, Mario Ponce y Eugenia Asís.
Promete una gestión abierta y con amplia participación, con presencia institucional, y en diálogo permanente con los otros poderes del Estado. Asegura que hará una fuerte reestructuración en el área de capacitación apoyado por la Universidad de Córdoba y Conicet. En el Día del Abogado, el joven laboralista de 41 años, dialogó con Comercio y Justicia y trazó un panorama sobre la nueva gestión que lo tendrá como protagonista.

-¿Hacia dónde apuntará su gestión?
Lo que queremos y planteamos a lo largo de toda la campaña es darle otra dinámica a este colegio, queremos que tenga otra presencia institucional, esencialmente trabajar para y por el abogado, esa va a ser nuestra premisa principal. Queremos que los colegas se sientan respaldados, que las acciones que realicemos se comuniquen, porque muchas veces pasó que se hicieron cosas pero que no llegaron a explicarse adecuadamente. Sentimos que la abogacía tiene que estar unida y, por eso, yo me he reunido con los distintos colegas que participaron de la contienda electoral y los vamos a invitar para que participen, para que juntos trabajemos por la abogacía; queremos hacer un colegio amplio, abierto y con mucha participación.
Por otro lado, necesitamos fijar temas de agenda, temas inherentes de justicia que afectan el ejercicio de la profesión como, por ejemplo, la implementación de la ley de mediación.

-¿Por qué lo menciona como un tema de agenda?
-Lo primero que tengo que decir sobre esto es que desde el colegio vamos a apoyar la mediación porque entendemos que es un método rápido de resolución de conflictos; ahora bien, no estamos de acuerdo con la forma en que se está implementando esta herramienta porque ha generado un cuello de botella.

-¿Qué es lo que está fallando?
-Creo que faltó trabajo en la implementación y en la forma de adecuación a esta norma. No hay que perder de vista que la mediación ha implicado un cambio cultural en el ejercicio de la profesión; el abogado tiene que entender que la mediación es una herramienta más de trabajo para resolver los conflictos judiciales pero hay una demora recurrente y eso genera un rechazo al sistema. Por esto pensamos que tenemos que trabajar para mejorarlo.

-¿Cuáles son los otros temas de agenda sobre los cuales intentarán avanzar?
-Otro tema que nos interesaría trabajar y avanzar es la implementación de las reformas procesales. La reforma procesal laboral se suspendió, entendemos que tenemos que ser convocados a esta mesa de diálogo, estamos de acuerdo con esa reforma de la que participó el Colegio porque entendemos que todo aquel proyecto que busque acelerar los tiempos de la justicia es positivo. Nosotros queremos que se ponga en marcha la reforma procesal laboral, aunque sea en una primera etapa con juzgados pilotos para ir viendo como va adecuándose esa norma a la realidad jurídica y diaria, porque -al igual que la mediación- también implica un cambio en el ejercicio de la profesión.
También estamos pensando en pedir una reunión formal con el Tribunal Superior de Justicia para abordar diferentes temáticas -una de ellas recurrente, la mora en la resolución de los recursos-. Pero queremos trabajar en conjunto, abordar los problemas desde todas las perspectivas, es necesario articular con todos los actores de la justicia: el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior, el Colegio de Abogados y restablecer todas los canales de diálogo.

-¿Hay algún proyecto sobre el cual estén trabajando en materia de capacitación?
-Vamos a hacer una reestructuración total del área de capacitación del colegio. Le queremos dar otro perfil, otro vuelo y para eso estamos trabajando con la Universidad Nacional de Córdoba y su Facultad de Derecho, nos interesa articular políticas con ellos en materia de capacitación. También estamos trabajando en la firma de un acuerdo de colaboración con el Conicet en un programa que tiene, llamado “Ciencia y Justicia”, del cual forma parte la mayoría de los poderes judiciales de las provincias; el Colegio de Abogados de Córdoba será el primero en firmar ese convenio.

– ¿Qué tipo de convenio será el que firmarán?
-Nos pondrán capacitadores del Conicet a disposición para que brinden cursos en diferentes temáticas del área de la abogacía. Será de cero costo para el Colegio y lo firmaremos apenas asuma. Hay que decir que lo que estamos pensando es dictar cursos a los que pueda acceder el abogado de la calle con costos diferenciados, porque sabemos que es desigual la posibilidad que tiene un abogado con un empleado judicial, por ejemplo.

– ¿Cuál es su visión respecto del Consejo de la Magistratura?
– Nosotros queremos ser parte de la comisión del estamento de selección en el Consejo de la Magistratura y eso será una línea a seguir. Sería bueno replicar eso en Córdoba. Si bien somos parte de los comités evaluadores, nos gustaría tener más presencia porque la visión del abogado respecto del perfil y la función que tiene que tener un juez es diferente porque creemos que, más allá de la capacitación que debe tener un juez, lo primero que hay que ver es que sean buenas personas, que estén aptas psicológicamente para ejercer el cargo, que tengan empatía con la sociedad a la que pertenecen; hoy un juez no puede estar alejado de la sociedad de la que forma parte; allí es adonde tenemos que apuntar. Los abogados tenemos que estar en el Consejo de la Magistratura porque somos los que vemos la realidad del otro lado de la barandilla y somos articuladores de derecho, somos a los primeros que ve la sociedad como representación de Justicia y, por eso, debemos ser responsables y éticos en el ejercicio de la profesión. Éste también va a ser nuestro desafío, el de jerarquizar la profesión; sabemos que es un desafío complicado, a largo plazo, pero va a ser un eje también de nuestra gestión.

 

La Constitución representa un llamado a la acción, nos convoca a reforzar su perfil democrático

La reforma de 1994 introdujo cambios profundos en el texto vigente hasta entonces. Aunque convalidó prácticas presidencialistas nocivas, trató de redistribuir poderes, reconoció nuevos derechos y garantías, adoptó la igualdad real y fijó una nueva versión del progreso. Se apartó –en aspectos significativos– del modelo estadounidense venerado en el siglo XIX. Superando las expectativas de entonces, nos dejó vetas nuevas para una mejor democracia

Por Horacio Javier Etchichury (*)

Surgida de la ambición de un presidente neoliberal, la reforma de 1994 tuvo –y tiene–mala prensa. Algunas minorías lloraron la profanación del articulado de 1853; otros grupos proponían ir más a fondo contra el arcaico texto. Comitivas fervorosas exigían prohibir el aborto. Movimientos sociales reclamaban cortar el paso al ajuste y repudiar la deuda externa. Hubo otras críticas, todavía audibles hoy.
La reforma consagró el bipartidismo justo cuando empezaba a romperse. Santificó los decretos de necesidad y urgencia. Aparentó atenuar el presidencialismo, pero lo consolidó. Declamó “justicia social” mientras el ajuste noventista nos arrastraba a la recesión, el desempleo y el
estallido. sólo sirvió para la reelección de Carlos Menem. Quizá el pecado original cortó las alas de la reforma: ¿se puede lograr algo grande partiendo de un objetivo tan minúsculo?
Depende. Es verdad: las constituciones no solamente reflejan ideales o sueños altos. También surgen entre peleas miserables de su tiempo, tironeos de almas pequeñas y presiones de grandes poderes. Pero en aquella Convención hubo –también– argentinas y argentinos grandes, que pusieron voluntad honrada, conocimientos, vocación por el país.
La buena noticia: el escrito vive más allá de su tiempo de gestación. Cada generación tiene a mano hacer algo grande con lo que quizá nació marcado por mezquindades. Es posible afirmarse en las mejores fibras del texto: las generosas.

Así que probemos repasar algunos puntos del texto de 1994 que abren puertas nuevas. Quizá ya sean muy conocidos; otras cláusulas no han ganado todavía el lugar que merecen en el debate público.
Nadie pensaba en 1994 que se ampliarían derechos, especialmente en materia social. Sin embargo, un ítem desapercibido del acuerdo entre oficialismo y oposición (“institutos para la integración y jerarquía de los tratados internacionales”) permitió darle rango constitucional a varios pactos de derechos humanos.
Hoy está reconocido, por ejemplo, el derecho de toda persona “a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” (artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PDESC). Y no sólo eso: dejando atrás la norma dictada por el general Onganía, el nuevo artículo 43 adoptó una versión amplia y potente del amparo, para hacer valer los derechos nuevos y viejos.
Por supuesto: la avalancha de tratados no impidió las crisis ni la miseria. Del mismo modo que el parco texto de 1853 no previno los golpes de Estado, los fusilamientos de anarquistas patagónicos o las bandas parapoliciales, entre varias otras calamidades. Es que una Constitución no modifica la realidad: simplemente nos dice qué hay que hacer frente a ella. A veces podemos cumplirla, a veces no. Algo es seguro: violar su texto –incluso diariamente– no lo deroga. Sigue ahí, sigue en pie.

Más derechos
El derecho al ambiente sano hoy tiene un artículo completo. Nuestro desarrollo no puede destruir nuestra casa común. En virtud del artículo 41, quien daña el aire, el agua o la tierra no sólo debe indemnizar o reparar, sino –antes que nada– recomponer. El progreso también tiene nuevas aristas: la Constitución impulsa (artículo 75 inciso 19) el “desarrollo humano”, conjugando “progreso económico” con “justicia social” y equilibrando las desigualdades entre las provincias. No alcanzan ya un puñado de avenidas y rascacielos para decir que llegó el progreso, salpicado entre pueblos olvidados y economías regionales vaciadas.
Los derechos de usuarios y consumidores quedaron consagrados en el artículo 42. La gratuidad de la educación –desde el prejardín hasta el posgrado– es parte del inciso 19 del artículo 75. Los pueblos indígenas ya no deben convertirse al catolicismo, como fomentaba el texto de 1853: su preexistencia étnica y cultural se afirma en una nueva forma de propiedad sobre sus tierras y en una educación bilingüe e intercultural. La vetusta prohibición contra la deliberación y movilización populares (artículo 22) se atenúa con el reconocimiento explícito del sufragio, de los partidos políticos y de las formas de
democracia semidirecta (artículos 37 a 40).
Incluso el derecho de propiedad sufrió cambios. Ya no es más aquel derecho central, aplicado indistintamente a los muebles de una familia, a un latifundio o a un entero lago rionegrino. Hoy –gracias al artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos– nuestras leyes pueden “subordinar el uso y goce” de la propiedad al “interés social”. Más aún: existe la posibilidad de crear “propiedad colectiva” (artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, DUDH), algo diferente de la propiedad estatal. ¿Qué pasaría –por ejemplo– si las empresas públicas o nuestros yacimientos naturales fueran propiedad colectiva de la población, y tuviéramos derecho a votar y decidir sobre su destino?

Ya no existe sólo el derecho “de trabajar y ejercer toda industria lícita”, adoptado en 1853.
Desde 1994, tiene el mismo rango el derecho “a trabajar”, definido como “el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” (artículo 6 del PDESC). El desempleo ya no es sólo un hecho desafortunado, resultado de un “mercado laboral”: representa el incumplimiento de un derecho constitucional. Una epidemia refleja la violación del derecho a la salud; el hambre expone la falta de respeto del derecho a la alimentación.
Tradicionalmente, los gobiernos han dado la misma excusa frente a la intemperie, las enfermedades o la desocupación: la falta de recursos. Algunos llegan a decir que les gustaría hacer algo para solucionar estos problemas, pero que no hay fondos. Desde 1994, el PDESC cambia las coordenadas del debate: el Estado debe dedicar el “máximo de los recursos disponibles” para garantizar los derechos a la salud, la alimentación, la seguridad social, la vivienda, la educación y el trabajo. En otras palabras: no todos los gastos tienen la misma prioridad. No todos los renglones del presupuesto pueden reducirse.

Límites al poder
El reconocimiento constitucional de nuevos derechos tiene una consecuencia más: no cualquier política es constitucional. Las distintas medidas –en género, educación, salud, combate al crimen, vivienda, comercio– no pueden afectar los derechos. El rango supremo de la Constitución obliga a cada rama del Estado. Los elencos gobernantes no tienen –como a veces se pensaba– total discrecionalidad para definir su plan de acción.
Los derechos civiles y políticos fijaron –desde temprano– límites al poder. No se puede suspender elecciones, censurar a la prensa o luchar contra el delito empleando tortura. Lo mismo ocurre con respecto a los nuevos derechos. Una política de empleo no es constitucional si implica precarización o explotación; tampoco lo es un programa sanitario que excluya pacientes o condicione las prestaciones. Un plan de viviendas no puede basarse en desalojos. No importa cuántos votos haya sacado: ningún Gobierno tiene margen para contradecir la Constitución.
Como principio, cada conquista social consagrada en leyes no puede ser derogada. El PDESC prohíbe –en su artículo 2– los pasos atrás: los derechos deben implementarse de manera “progresiva”. Es una frontera clara para cada Gobierno, de ayer, hoy y mañana: no hay retrocesos. Deben encontrar la forma de resolver problemas sin destruir el nivel alcanzado en el goce de los derechos. Una tarea difícil, pero ¿alguien pensó que sería diferente?
Otro cambio sustancial: tras casi siglo y medio de “igualdad ante la ley”, desde 1994 la Constitución exige “igualdad real de oportunidades y de trato” (inciso 23 del artículo 75).

Constitucionalismo social
Más allá de las formas, el texto nos manda a actuar sobre lo concreto. Profundiza el giro del constitucionalismo social, iniciado en la derogada reforma de 1949 y expresado en la protección al trabajo consagrada en el artículo 14 bis. La Constitución hoy habilita las “acciones positivas” a favor de grupos que se hallen en desventaja. Las mujeres, la infancia, las personas ancianas y aquellas con discapacidad pueden recibir medidas específicas que equilibren las desigualdades vividas cotidianamente. No basta que el Estado finja no ver las diferencias: ahora debe conocerlas para repararlas en los hechos.
El reparto de poderes también se modificó. La figura del Defensor del Pueblo (insólitamente vacante desde hace una década) introdujo un nuevo actor; el Ministerio Público ganó una autonomía novedosa. La designación de integrantes de la Corte requiere hoy mayorías especiales. Quizá por eso, hace 44 meses se intentó –audazmente– el ingreso alternativo de dos juristas. La oficina del jefe de Gabinete, gran esperanza contra el presidencialismo, ha reflejado los perfiles de sus ocupantes; todavía no hay un balance claro sobre su impacto.
Apenas 25 años después de juramentada, la Constitución representa un llamado a la acción. Nos convoca a reforzar su perfil democrático, luchar por la vigencia efectiva de los derechos y avanzar en la conquista simultánea de libertad e igualdad. El texto es nuestro, la tarea también.

(*) Profesor de la Facultad de Derecho de la UNC, investigador Adjunto del Conicet.

“Al abogado del futuro ya no le alcanza con ser un experto normativo”

Para Carolina Granja,  directora del Instituto de Gestión en Sistemas de Justicia (IGSJ) de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), los letrados necesitan apropiarse de otros saberes que trascienden al Derecho. Abandonar el paradigma del litigio e inculcar en los nuevos profesionales la importancia de la empatía y la actitud de servicio, entre los grandes desafíos de la profesión en los tiempos contemporáneos

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

Se viven tiempos de cambio, lo que obliga a las profesiones a ir mutando al compás de las necesidades de la sociedad. Por supuesto, en esta vorágine, la abogacía de ninguna manera queda al margen. Mejorar el acceso a la Justicia, y resolver de una manera más efectiva y ágil los problemas de los ciudadanos obligan a repensar el ejercicio de la profesión.
¿Cuál es el camino que deben seguir los nuevos profesionales del derecho? ¿Cómo acompañan las universidades los procesos de formación de los futuros abogados? ¿Cómo se aggiornan los poderes del Estado frente a los nuevos desafíos?
El mero conocimiento técnico normativo e incluso jurisprudencial ya no resultan suficientes para hacer frente a los desafíos diarios de labor, advirtió la abogada Carolina Granja, directora del Instituto de Gestión en Sistemas de Justicia de la Universidad Católica de Córdoba.
Granja, quien es además especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y responsable de la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad del Tribunal Superior de Justicia, reflexionó con Comercio y Justicia sobre estos tópicos, en el Día del Abogado.

-¿Cómo debemos pensar la abogacía hoy?
-Cuando uno habla del abogado tiene que citarlo en un contexto y, en este contexto latinoamericano y mundial, de cambios profundos, de vorágines en los desarrollos tecnológicos, con un fuerte crecimiento poblacional -que a nivel judicial implica más litigiosidad- uno se pregunta cómo respondemos desde las universidades latinoamericanas a estos nuevos desafíos.”De la misma manera” no parecería ser la respuesta correcta. Sin dudas, es necesario pensar en otros caminos.
Y aquí lo primero que tenemos que pensar es qué perfil humano necesitamos, porque delinear el perfil del abogado no es, ni más ni menos, que delinear el perfil de qué Estado queremos. En los Estados como el nuestro -que son Estados democráticos de Derecho- el rol del abogado es esencial y no es una pregunta menor pensar qué perfil de abogado queremos diseñar.

-¿Y las universidades se están haciendo esta pregunta?
-En nuestro país y en Latinoamérica se habla de áreas de vacancia en la abogacía. En el orden nacional hay un programa que se ha sostenido a lo largo de los diversos gobiernos, que es un programa de formación en áreas de vacancia de la abogacía, en el que se les preguntó a todos los rectores y decanos de las Facultades de Derecho del país en cuáles ejes creían que los abogados debían ser fortalecidos. Delinearon y consensuaron algunos ejes y uno de ellos fue el tema de la Gestión judicial. Desde la Universidad Católica de Córdoba presentamos un proyecto que fue uno de los 25 seleccionados en el ámbito nacional y, ese proyecto sentó las bases para crear el Instituto que ahora dirijo, que es el Instituto de Gestión en Sistemas de Justicia. Ese instituto dio lugar a una materia de grado opcional sobre la abogacía, la gestión de la prensa y la comunicación. También desde el Instituto se generó una diplomatura en enlace con el Poder Judicial de Córdoba que busca apuntalar las instituciones del Estado, la Judicial en particular, pero desde competencias no jurídicas.

– ¿Cuáles son esas competencias no jurídicas que les enseñan a los abogados?
– Son varias. Está la necesidad, por ejemplo, de que los abogados sepan generar indicadores y cómo utilizar los datos que generan en el quehacer diario. También estamos hablando de la necesidad de que aprendan a comunicarse a nivel externo -para que podamos utilizar los medios de comunicación como un enlace positivo con la sociedad- y también se enseña la comunicación interna, puertas adentro de las instituciones. Otro punto a reforzar en nuestro quehacer diario como abogados es el liderazgo y el trabajo en equipo.

– Cambia la idea del abogado ejerciendo la profesión de manera individualista…
– Lo que hay que pensar es que hoy cualquier abogado que trabaje en un estudio jurídico, en una Fiscalía o en un Juzgado no lo hace solo. Aquí hay que detenerse a pensar sobre la didáctica docente, quizás no necesitamos concretamente una materia que se llame “Liderazgo”. Podría existir, pero al menos como docentes tenemos que pensar en qué comportamientos fomentamos en los alumnos. Uno piensa en trabajo en equipo, pero un trabajo en equipo no es presentar una monografía colectiva con el nombre de todos, es cómo enlazamos los saberes de uno con los saberes de otro, cómo los integramos en la clase donde el docente ya no se para en una clase magistral y expone para que el alumno tome nota; es otra cosa, es dar la posibilidad para generar conocimiento desde el alumno.

 – ¿Cómo debería ser, entonces, el abogado que necesita esta sociedad?
– El abogado del futuro ya no necesita ser un experto normativo, una persona diestra en el manejo de la ley, conocedor de la última jurisprudencia de la Corte Suprema, que maneje aquella doctrina más encumbrada; no le basta, es necesario pero no es suficiente para alinear el trabajo. Hoy se necesita tener la capacidad para relacionar ese saber con otros, para aplicar esos saberes a la vida cotidiana, para saber proyectarlos por medio de nuevas tecnologías. Las normas son un instrumento más, un instrumento muy valioso pero no dejan de ser un instrumento.
Nuestra profesión como abogados se ha sostenido en el saber normativo pero cuando uno analiza las competencias podría dividirlas rápidamente en tres: están las competencias cognoscitivas, aquel saber formal que nos da cualquier universidad en cualquier ciencia; luego tenemos el saber procedimental, en el que uno fortalece las aptitudes, las destrezas: allí a los abogados nos han subrayado la perspectiva normativa como la gran destreza, el conocimiento memorístico incluso; y, allí -por supuesto- nos faltan destrezas de otras ciencias para administrar, para planificar, casi que tenemos pymes en algunos estudios jurídicos, en los juzgados trabajan muchas personas y, pese a todo, no tenemos capacidad para planificar, para diseñar indicadores, para formar equipos, para comunicar hacia dentro y hacia fuera. La tercera competencia, para nada menor, es la actitudinal que tiene que ver con el saber ser, con cómo uno hace lo que hace. Y allí uno se pregunta ¿es posible trabajar la actitud? Y la respuesta es “sí”.

-¿Y cuáles son esas actitudes que deberían trabajar?
-Una de las actitudes que tenemos que trabajar, sobre todo los que tenemos nuestra labor apuntalada en el Estado, es la empatía. Esto de saber mirar a través de los ojos del otro, servir a través de los ojos del otro, eso requiere de un gran esfuerzo. Muchas personas tienen esa actitud innata pero para quien no la tenga, nosotros tenemos que saber hacerla desarrollar. Generar actitud de servicio: nosotros hemos sido formados en la cultura del litigio y hay que cambiar el paradigma del litigio al servicio. Y esto pensando en cualquier lugar que ocupe el abogado, sea cual fuere el poder del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial) pero también pensando desde los estudios jurídicos. A los abogados muchas veces se les exige ser parcial, defender determinados intereses, como otras veces necesita ser imparcial, pero en cualquiera de los lugares donde se encuentra debemos formar a los abogados hacia el servicio y en empatía.

-¿Qué pasa con el lenguaje en la formación de los abogados, siguiendo este razonamiento de la empatía?
-El lenguaje es la base de la comunicación y la base para generar empatía; el lenguaje y la escucha. A nivel académico tenemos en el Poder Judicial una diplomatura en comunicación judicial pero, más allá de eso, y con relación al lenguaje en sentido amplio, resulta imperioso generar cauces de comunicación claros y directos, en los que -sin prescindir de las cuestiones técnicas necesarias que hacen a la cuestión normativa, ni soslayarlas- hay que pensar qué destinatario real tiene una decisión, tanto en el Poder Judicial como en otros poderes del Estado. Aquí entonces tenemos que saber que el lenguaje técnico es muy necesario pero también tenemos que entender el para qué de la comunicación, entender el destinatario y el objetivo del mensaje, parándonos en las necesidades del otro. Si esa otra persona es un abogado, le daremos los artículos del Código en los que apoyamos los fundamentos pero cuando uno se comunica con un niño o con otras personas, o se es legislador y se comunica con la sociedad, en general debe saber cómo hablar. No hay que perder de vista que cuando el abogado trabaja en el Estado, la responsabilidad es doble porque el destinatario ya no es un cliente individual con un interés individual y parcial. Entonces, desde esa competencia necesaria de fortalecer la empatía, uno se pregunta qué necesita saber ese otro, cómo necesita saberlo y, a partir de allí, puede diseñar el lenguaje más apropiado… necesitamos abogados que estén alineados con la misión del Estado.

-¿Qué tan lejos estamos de desarrollar estas actitudes en los nuevos profesionales del derecho?
-Con gran satisfacción observo que Latinoamérica está caminando. Las modificaciones y cambios profundos que han habido en la sociedad necesitan no sólo ser acompañados de modificaciones normativas porque las reformas normativas van a ser letra muerta si no generamos destrezas para apuntalarlas y si no tenemos competencias desarrolladas para hacerlas visibles en la sociedad. Uno a veces cree que modificando una ley va a modificar un comportamiento, y esto no es así.

El desafío: Trabajar para recuperar el prestigio de los abogados

Augusto Parola anticipó que desde la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba realizarán una campaña publicitaria. “Necesitamos que los colegas sean valorados por la sociedad para que cuando una persona tenga un problema, tenga la confianza suficiente para recurrir a ellos”, explicó

El villamariense Augusto Parola transita su segundo año en el organismo que nuclea a 11 colegios de abogados de toda la provincia Córdoba. Recuperar el prestigio de quienes ejercen el derecho y ayudar a la administración de Justicia son algunas de sus preocupaciones.
En el Día del Abogado, Parola recibió a Comercio y Justicia y adelantó sus objetivos para que lo que resta de su mandato.
“Hay que jerarquizar la profesión y combatir las prácticas desleales que existen”, destacó y agregó: “Esto se hace, advirtiendo las situaciones que no son correctas; pero, paralelamente, pretendemos respaldar a los abogados que hacen bien las cosas”.

-Recuperar el prestigio de los abogados ha sido siempre materia de preocupación de su gestión pero no parece tarea sencilla.
-Así es, estamos trabajando en recuperar el prestigio del abogado en la sociedad, ese prestigio que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo; en algunos casos con acusaciones o valoraciones injustas. La sociedad siente un descreimiento general de la política, de la justicia, del abogado en particular y cuesta mucho mantener ese prestigio que tenían los colegas. Queremos que el abogado sea valorado por la sociedad para que cuando una persona tenga un problema, tenga la confianza suficiente para recurrir al abogado. Y esto es muy importante porque vemos muchas veces que, ante la desconfianza, la gente quiere arreglar un tema legal por sus propios medios y terminan causándose un mayor perjuicio.
El análisis de este contexto es el que nos ha motivado para iniciar en septiembre una campaña publicitaria que va a tener un doble fin que es-justamente- fortalecer la figura del abogado, hacerle ver a la sociedad que es importante que confíe en el letrado porque es el único que puede asesorar correctamente para no quedar luego en una situación de desprotección. El otro fin de la campaña es fortalecer las incumbencias del abogado, siempre pensando en ampliarlas y no en perderlas.

-Siguiendo este planteo de las incumbencias profesionales, ¿qué opinión le merece la puesta en marcha de mediación, teniendo en cuenta que se han sumado otros profesionales que no son abogados?
– El abogado trabaja con el conflicto y su principal tarea es solucionarlo de la manera más rápida; en ese sentido, el instrumento de la mediación es una vía acertada que se debe usar, si bien soy de la postura de que los abogados pueden solucionar un conflicto sin la mediación. Pero entiendo que es una vía adecuada y válida y que muchas veces se necesita la colaboración de profesionales especializados en esta tarea de mediar.
El problema que hoy tenemos -es lo que nos han dicho los colegios de Córdoba y Río Cuarto- está vinculado con una cuestión económica. El aporte reducido que se paga en estos procesos está trayendo un desfinanciamiento de las cajas y los colegios de abogados. Pero sin perjuicio de entrar en cuestiones económicas, sino pensando en la solución de los conflictos, creo que este instituto va a funcionar. Tenemos que tender a la solución de los conflictos y acotarlos en el tiempo. En este sentido, me parece bien que en algunos conflictos participen otros profesionales que no son del derecho, muchas veces tener la visión de otro profesional que pueda aportar claridad siempre es bienvenido; por supuesto, siempre uno de los mediadores tiene que ser abogado.

-Lo llevo al fuero laboral. ¿Cómo está la situación en el interior de la provincia en materia de comisiones médicas?
-Hemos colaborado mucho para que se abran comisiones médicas en distintas jurisdicciones de la provincia, todavía no se ha logrado la cobertura geográfica total, quedan algunas pero se ha avanzado mucho en ese sentido. En un comienzo se habían abierto sólo cuatro o cinco y se hacía muy dificultoso acceder a la justicia porque el trabajador y el abogado debían viajar 200 kilómetros para presentarse ante una comisión médica. Ahora está mejor la situación y estamos trabajando para que localidades como Villa Dolores, Cruz del Eje, Deán Funes, Marcos Juárez también tengan sus comisiones médicas.

– ¿Qué otros objetivos de gestión tienen por estos días?
– Queremos tener una mayor presencia en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), creemos que hay muchas cosas para cambiar en cuanto a la abogacía organizada y queremos empezar a trabajar en modificar algunas leyes como, por ejemplo, la del Consejo de la Magistratura nacional. Entendemos que se debe recuperar la paridad en la representación, creemos que el estamento de los abogados necesita tener al menos dos abogados más en el Consejo de la Magistratura y que esos representantes sean del interior. Actualmente son dos, uno por capital y otro por interior, creemos que se debe regionalizar; si hablamos de un país federal, lo tenemos que hacer valer para que sea equilibrada la representación.

“Tenemos el deber de pacificar la sociedad”

Augusto Parola, presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba. Cambiar el paradigma del abogado litigante por uno más conciliador es uno de los desafíos de la profesión en los tiempos que corren. El letrado villamariense criticó las demoras en los procesos judiciales y cuestionó la escasa representación de sus colegas del interior en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Sigue leyendo

Dos riocuartenses, elegidas para formar a los nuevos mediadores

Su trabajo fue el único de Córdoba seleccionado en un concurso del Ministerio de Justicia de la Nación.  Las profesionales confeccionaron un manual que cuenta con material teórico y práctico sobre la resolución pacífica de los conflictos. El contenido se subirá a la web y será de acceso libre y gratuito. “Tenemos que formar profesionales con una mirada distinta”, advirtió Victoria Cavagnaro, una de las autoras del proyecto ganador. Sigue leyendo